CUANDO RECLAMAR LA VERDAD SALE CARO (Y LO LLAMAN VERDAD ACADÉMICA)

 

En este país, si desmontas un bulo desde una cátedra universitaria, te aplauden. Si lo desmontas desde la verdad y el duelo, te condenan a pagar. Bienvenidos a la justicia con gafas ideológicas

Las dimensiones que ha alcanzado mi reclamación del honor de mi padre han sido deformadas interesadamente por quienes deberían, como mínimo, responder de sus propios errores. El catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá —condenado judicialmente en primera instancia por vulnerar ese honor con afirmaciones falsas— ha llegado a presentar esta causa como si fuese una amenaza a la investigación histórica en toda España. Según él, mis críticas han “estrangulado” el saber, “censurado” su labor, y podrían amedrentar —lloriquea— a futuros investigadores, especialmente si son jóvenes y sensibles al coste de un juicio.
Pobrecito. A este paso habrá que ponerle un “Bizum solidario” para que no le falte tinta roja ni calefacción en la sala de profesores.
¿Y cuál fue mi crimen? No querer que se escriban mentiras sobre mi padre. Demostrar con documentos, entre otras muchas falssedades, que no fue el secretario judicial del consejo de guerra contra Miguel Hernández, que no pidió su condena a muerte, y que esas imputaciones no eran errores inocentes, sino tergiversaciones ideológicas difundidas con impunidad bajo el barniz académico.
Como ya expuse en mi blog, este relato victimista ha sido jaleado por historiadores y archiveras afines, y amplificado por medios políticos sin contrastar nada. Lo que no cuentan —porque no les conviene— es quién paga realmente el precio. No es el catedrático con su nómina blindada. Soy yo: jubilado, solo, con los ahorros agotados.

Y la guinda fue esta, que copio sin alterar una coma:

En fecha reciente he sido condenado al abono de costas procesales a la Universidad de Alicante por la cuantía de 1.000 euros en el procedimiento contencioso-administrativo por protección de datos, en relación a que se reconociera que en el RUA de la Universidad de Alicante aparecen datos falsos e inexactos sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, en las publicaciones de Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de esa Universidad.
Curiosamente, así son los misterios del ordenamiento jurídico español y de su sistema judicial, el mismo catedrático era condenado por el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz al haber vulnerado el derecho al honor de mi padre, sobre los mismos trabajos incluidos en el RUA de la Universidad de Alicante, que yo reclamaba en el procedimiento contra la Universidad. ¿Vds. lo entienden?, pues yo menos, puesto que además en el procedimiento de la Universidad de Alicante una resolución judicial declaraba, que mi padre ni fue el secretario judicial del consejo de guerra contra Miguel Hernández ni solicitó su condena a muerte. Un escenario surrealista. Como dicen algunos: “Tengas pleitos y los ganes”.

Esa es la paradoja: una universidad pública difunde falsedades que han sido reconocidas como tales en sede judicial, se niega a rectificarlas, y aún así acaba cobrando mil euros del hijo de la persona difamada (aparte de los gastos propios del demandante muy superiores, sólo por este concepto: despacho de abogados, procuradora, etc). Porque sí. Porque el sistema lo permite. Porque el papel, una vez sellado, manda más que la decencia.
¿Y qué hice yo? Lo mismo que haría cualquiera con memoria, con conciencia y con dignidad: defender a mi padre. Presentar documentos, no pancartas. Ir a los archivos, no a los mítines. Y he pagado por ello con todo: con tiempo, con dinero, con salud, y con desprecio.
Amigos bienintencionados me lo advirtieron:
—“¿Te sobra el dinero? Entonces adelante. Pero si no, prepárate para ver lo que es la justicia humana.”
No exageraban. Lo estoy viviendo.
Otros me propusieron soluciones más expeditivas. Algunas, nada ortodoxas. Pero preferí no ensuciar lo limpio. Ni escraches, ni chantajes, ni campañas. Solo la verdad. Y he sido castigado por no tener miedo.
He recibido insultos, amenazas —incluso a una de mis abogados— por parte de personas que se declaran pacíficas, feministas, progresistas, tolerantes…
Gente que se ofende si se duda de su compromiso ético, pero que aplaude con entusiasmo cuando se castiga a quien interpela al poder universitario desde fuera de sus muros.

¿Puede alguien con sentido común no escandalizarse?
¿Es esta la justicia de una democracia madura? ¿O simplemente la coreografía elegante de una injusticia con papeles en regla?
Como dijo un abogado que conocía casos similares al mío:
—“La justicia no siempre falla por falta de pruebas. Falla por falta de voluntad. Hay verdades que no interesa que prosperen.”
Y aquí estoy: con los hechos probados, con las mentiras desmontadas, con las resoluciones firmes… y con el banco tiritando.
Mientras el que escribió los bulos cobra su nómina con fondos públicos, yo pago por haberle dicho: “Eso que escribió es falso.”