He escrito este artículo no solo como ciudadano atento a lo que sucede en nuestras instituciones, sino también como alguien que ha vivido en primera persona lo que significa enfrentarse al poder de la palabra mal usada: la que manipula, tergiversa y se esconde bajo el paraguas de la libertad de expresión… cuando conviene. El caso del Congreso, como el que me ha afectado directamente con Ríos Carratalá, demuestra que lo importante no es quién habla, sino qué reglas se aplican a cada uno.
El pasado 17 de julio, la Comisión de Reglamento del Congreso aprobó una reforma que permite sancionar o retirar la acreditación a periodistas acreditados que incumplan ciertas normas de comportamiento. Aunque el texto no menciona expresamente el término "pseudoperiodistas", ha sido este concepto el que ha dominado titulares y redes sociales, generando un nuevo foco de polarización.
¿Es esta reforma una protección del espacio institucional o un instrumento encubierto de censura? ¿Quién decide qué tipo de periodismo merece voz en el Congreso?
Contexto legislativo: lo que realmente se ha aprobado
Según el texto
aprobado por mayoría (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG), el Congreso
podrá aplicar un régimen sancionador a las personas acreditadas como prensa que
incurran en comportamientos inapropiados dentro del recinto parlamentario.
¿Qué se considera infracción?
- Acceder sin credencial.
- Grabar fuera de espacios autorizados.
- Interrumpir intervenciones o acosar verbalmente.
- Insultar, manipular o usar dispositivos ocultos.
Tipos de sanciones:
- Leves: apercibimiento o suspensión de hasta 10 días.
- Graves: suspensión de 10 días a 3 meses.
- Muy graves: suspensión de 3 meses a 5 años o retirada definitiva de la acreditación.
Además, se prevé la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación
Parlamentaria, formado por periodistas de reconocida trayectoria, que asesorará
a la Mesa del Congreso sobre la aplicación de estas sanciones.
Fuente oficial: BOCG. Texto completo de la reforma aprobada
(https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-125-1.PDF)
¿Protección institucional
o censura selectiva?
La defensa de la
medida por parte del bloque gubernamental sostiene que responde a denuncias de
acoso y alteración del trabajo parlamentario por parte de individuos que actúan
bajo cobertura periodística. Se trataría, dicen, de poner límites razonables
sin tocar la libertad de prensa.
Por su parte, PP y Vox votaron en contra, argumentando que se trata de una “ley
mordaza” encubierta, diseñada para restringir el acceso de medios críticos o no
afines ideológicamente.
Juristas han avalado en su mayoría la constitucionalidad de la reforma, pero han advertido sobre la ambigüedad de
conceptos como “conducta inapropiada”, y han pedido que se aplique con
criterios claros, objetivos y proporcionados.
Asociaciones profesionales de prensa, como la FAPE, han expresado su preocupación y exigido que la interpretación del nuevo
reglamento no se convierta en una herramienta de exclusión ideológica.
Un debate más profundo:
¿quién decide qué es 'periodismo'?
El fondo del
asunto va más allá de esta reforma puntual. Porque cuando se comienza a
calificar a unos periodistas como "auténticos" y a otros como
"pseudo" en función del grado
de afinidad o comodidad que generan al poder, el riesgo para la libertad
informativa es real.
Y es aquí donde podemos conectar este debate con experiencias concretas que demuestran el uso ideológico y partidista de
la libertad de expresión.
El caso Carratalá:
libertad para unos, mordaza para otros
Mi caso personal
con el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá es un ejemplo paradigmático de
cómo la libertad de expresión se invoca cuando conviene… y se restringe cuando
incomoda.
Ríos publicó en medios y libros universitarios una versión manipulada de hechos históricos que afectaban directamente al honor y la verdad sobre mi padre fallecido, Antonio Luis Baena Tocón. Afirmó falsamente que fue secretario del consejo de guerra contra Miguel Hernández, cuando en realidad —según quedó acreditado judicialmente en sentencia del contencioso-administrativo de Alicante— mi padre no formó parte de ese consejo ni de ningún otro. Durante su servicio militar obligatorio, estuvo destinado en tres lugares distintos, y en el segundo de ellos —el Juzgado Especial de Prensa— ejerció como secretario adscrito. Pero nunca fue miembro de ningún consejo de guerra ni pidió penas de ningún tipo, por mucho que Ríos insista en lo contrario para sostener su relato ideologizado.
Gracias a una larga lucha legal, obtuve una sentencia judicial en primera instancia que lo condena por vulnerar el derecho al honor. La resolución lo obliga a rectificar públicamente y a indemnizarme económicamente, aunque la cuantía y los términos de la condena están actualmente recurridos ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
Ver noticia de Cadena SER: https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/03/10/una-jueza-condena-al-catedratico-rios-carratala-a-rectificar-expresiones-contra-el-secretario-judicial-que-firmo-la-sentencia-contra-miguel-hernandez-radio-alicante/
Sentencia completa: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/140317
Sin embargo, esta manipulación fue defendida públicamente como un “derecho a
opinar” por numerosos medios afines y colegas académicos. Y quienes osábamos
cuestionar su “libertad académica” éramos tildados de censores, revisionistas o
incluso de fachas.
Reflexión crítica: el
verdadero peligro
Tanto en el caso
de los periodistas excluidos del Congreso por su estilo incómodo como en el de
historiadores con licencia ideológica para manipular, se repite un patrón
preocupante:
👉
la libertad se convierte en un privilegio.
No hay problema en que existan normas, siempre que se apliquen con justicia.
No hay problema en regular, si se garantiza pluralidad.
El problema está en que unos puedan decir cualquier cosa sin consecuencias… y a
otros se les silencie por molestar.
Conclusión y llamada a la
acción
Esta reforma del
reglamento del Congreso plantea cuestiones más profundas que un simple cambio
administrativo. No se trata solo de decidir quién puede estar en una sala con
micrófono o cámara. Se trata de defender una idea clara de democracia: la que
soporta la crítica, no solo la que la tolera cuando es amable.
Hoy, algunos políticos y académicos invocan la libertad de expresión para
proteger el relato que les conviene. Pero mañana, ese mismo relato puede ser
utilizado para excluir a quien piense diferente. La democracia no es cómoda.
Pero debe ser coherente.
No puede haber libertad solo para los afines.
Ni en la prensa.
Ni en la universidad.
Ni en el Parlamento.
Y por eso, este debate —como mi experiencia personal— no va de ideología, sino
de principios.
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