Una protesta a partir de los documentos, los correos y las horas
Esta vez voy a permitirme un paréntesis.
En las cuatro entradas anteriores he procurado reconstruir los hechos con la mayor frialdad posible: documentos, fechas, publicaciones, palabras utilizadas y fuentes. He intentado que el lector pudiera formarse su propia opinión sin que mi indignación ocupase el lugar de las pruebas.
Pero yo también estuve allí.
Fui quien decidió formular aquella petición, quien habló con el abogado que redactó el requerimiento y quien finalmente lo firmó y presentó como peticionario. Fui quien recibió aquellos correos. Fui quien vio cómo, en muy poco tiempo, una petición concreta empezó a ser descrita públicamente como algo muy diferente. Y fui también quien, junto con su familia, tuvo que contemplar cómo aquella versión se multiplicaba mientras trataba de entender qué estaba sucediendo.
Por eso esta vez no voy a limitarme a reconstruir.
También voy a protestar.
Lo haré con una regla: cuando afirme un hecho, procuraré que esté respaldado por un documento. Cuando exprese una opinión, será mi opinión. Y cuando los documentos permitan plantear una sospecha o una pregunta, no la convertiré en certeza.
Porque hay algo que después de tantos años sigo teniendo muy claro:
yo no pedí eso.
Un inconveniente llamado requerimiento
A veces tengo la impresión de que debí de firmar un requerimiento mucho más ambicioso del que conservo.
Al parecer, pretendía borrar la Historia.
Censurar a los historiadores.
Atentar contra la libertad de expresión.
Poner en peligro la libertad de cátedra.
Dificultar la investigación.
Incluso hacer desaparecer nombres de los archivos históricos.
El problema para semejante interpretación es bastante sencillo:
conservo el requerimiento.
Lo redactó mi abogado de entonces después de que habláramos sobre lo que pretendía solicitar. Yo lo firmé como peticionario.
Y el requerimiento, poco colaborador con tan grandiosa empresa, se empeña en hablar de datos personales y en identificar unos enlaces concretos.
No pedí cerrar ningún archivo.
No pedí destruir ningún documento histórico.
No pedí prohibir ningún libro.
No pedí que se impidiera investigar sobre Miguel Hernández.
No pedí que nadie dejara de estudiar la represión franquista.
No pedí borrar el nombre de mi padre de los documentos conservados en los archivos.
Pedí lo que dice el requerimiento.
Y, afortunadamente, no hace falta creerme:
se puede leer.
El 20 de mayo tampoco parecía peligrar la Historia
Hay algo que, contemplado ahora, me sigue llamando poderosamente la atención.
El 20 de mayo de 2019, cinco días después del requerimiento, Juan Antonio Ríos Carratalá desarrolló una intensa actividad relacionada con aquella petición.
A las 14:49 escribió al responsable de RUA:
«Te adjunto el requerimiento que me ha llegado para que suprima unos datos personales insertos en enlaces de RUA».
A las 17:51 escribió a responsables de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
«Os adjunto el requerimiento recibido hoy por el que se me insta a eliminar los datos personales del señor Baena Tocón que aparecen en varios enlaces a estudios que he publicado».
Y a las 17:59 me comunicó las gestiones realizadas, señalando que había eliminado el enlace del que era responsable y que había trasladado la petición a otros responsables. Terminaba diciendo:
«Creo haber cumplido de sobra con lo requerido».
Conviene leer despacio estas frases.
Porque quien había recibido el documento sabía describir perfectamente lo que contenía:
«datos personales».
«enlaces».
«eliminar».
«suprimir».
Y hasta consideraba haber cumplido con lo requerido después de efectuar determinadas actuaciones.
Curiosa manera de enfrentarse a un intento de borrar la Historia.
Durante aquellas primeras horas nadie parecía haber advertido todavía que estuvieran en peligro la historiografía española, los archivos, la libertad de expresión o la libertad de cátedra.
Se hablaba de enlaces, datos personales, consultas jurídicas y modificaciones.
La amenaza a la Historia debía de estar todavía por descubrir.
Y durante unos días, todo parecía funcionar
Los correos continuaron.
El 20 de mayo, a las 20:55, Ríos Carratalá me comunicó que había efectuado consultas y preparado una respuesta al requerimiento. El 6 de junio me reenvió además la comunicación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes informándole de modificaciones realizadas en dos artículos incluidos en mi solicitud.
Desde mi lado, aquello podía parecer el desarrollo —más o menos satisfactorio, más o menos discutible— de una petición administrativa.
De hecho, mi propio abogado de entonces interpretaba algunas de aquellas actuaciones como señales de colaboración.
Yo tenía dudas.
Y no eran solamente una intuición.
Había empezado a leer trabajos de RC relacionados con mi padre y, al mismo tiempo, a consultar documentación por mi cuenta. Encontraba afirmaciones e interpretaciones que no conseguía conciliar con lo que yo estaba leyendo en los documentos.
Aquello me hizo desconfiar.
Pero todavía estábamos hablando de un requerimiento.
Y entonces llegó el 17 de junio.
17 de junio, 14:22
Ese día recibí un correo de Ferrán Bono, periodista de El País.
Le contesté a las 22:03.
Él volvió a escribirme a las 23:07.
A la mañana siguiente mis palabras aparecían incorporadas a una información de El País.
No voy a repetir aquí toda aquella correspondencia porque ya la he reproducido y explicado en otra entrada. Sí quiero recordar una precisión importante: yo sabía que estaba hablando con un periodista de El País y sabía que el periódico consideraba interesante el asunto.
Lo que posteriormente manifesté fue otra cosa: que no se me había advertido de que mis palabras fueran a ser utilizadas de aquella manera.
Por eso escribí después al periodista:
«No me dijo que utilizaría mis palabras. Sin problema, es cierto lo que le dije, pero evidentemente no es la mejor manera de olvidar».
No necesito adornarlo ahora.
El correo conserva lo que pensé entonces.
Y lo escribí cuando todavía no podía imaginar la dimensión que alcanzaría aquello.
18 de junio, 17:57: «Colaboración»
Aquí llegamos a uno de los episodios que más perplejidad me produjo.
Aquella tarde Ríos Carratalá volvió a escribirme.
El asunto del correo era:
«Colaboración».
Había leído lo publicado por El País y me decía:
«Si usted pudiera demostrarme alguna falsedad de los mismos o estimara conveniente aportarme algún testimonio o documentación complementaria, no dude de que estas fuentes las tendría en cuenta en mis investigaciones».
Me ofrecía también su blog para publicar lo que estimara oportuno y terminaba poniéndose a mi disposición como historiador y como persona que comprendía mi deseo de «reivindicar la figura de su padre».
Todo muy cordial.
Quizá demasiado cordial para mi estado de ánimo de aquellas horas.
Porque mientras recibía aquella invitación a colaborar, yo empezaba a descubrir la dimensión pública que estaba adquiriendo el asunto y las cosas que se estaban diciendo sobre mis pretensiones.
La posibilidad de utilizar su blog tampoco me tranquilizaba. Para entonces ya lo había consultado y no era un espacio en el que, dadas las circunstancias y el clima que yo percibía, considerase conveniente plantear mi respuesta.
A las 20:31 le contesté.
Fue la primera vez que lo hice directamente.
Y escribí:
«Ahora estoy tragándome el “efecto Streisand”, que no sabía que se llamaba así, por el que le felicito, está consiguiendo su objetivo ampliamente. Mal camino para el asunto de su correo “Colaboración”...»
No estoy poniendo palabras actuales en boca de quien era yo en 2019.
Eso lo escribí aquella misma tarde.
Y esta es precisamente una de las razones por las que las horas importan.
Al día siguiente: «me comprometo a rectificar»
El 19 de junio, a las 21:36, recibí otro correo:
«Si dispone de algún dato o documento que contradiga lo publicado, no dude en hacérmelo llegar y, en su caso, me comprometo a rectificar mis textos».
Reconozco que releer hoy esas palabras me sigue produciendo una sensación difícil de describir sin abandonar la prudencia que me he impuesto.
No intentaré adivinar qué pensaba quien las escribió.
Sí puedo decir cómo las viví yo.
Mientras contemplaba cómo crecía públicamente un relato sobre lo que supuestamente pretendía, recibía en privado cordiales ofrecimientos de colaboración y compromisos de rectificación.
¿Cómo debía interpretar ambas cosas al mismo tiempo?
La cordialidad, desde luego, no escaseaba.
Lo que empezaba a escasear era mi capacidad para comprender cómo podían convivir aquellas invitaciones privadas con la dimensión pública que estaba adquiriendo el asunto.
Lo diré también con claridad porque esta es una pieza de opinión y no quiero esconderme detrás de palabras demasiado pulidas: yo viví aquella contradicción como una forma de cinismo.
Esa es mi valoración.
No pretendo convertirla en un hecho demostrado ni obligar a nadie a compartirla.
Los hechos son los correos, las fechas, las publicaciones y las palabras utilizadas.
El lector puede juzgar por sí mismo.
25 de junio: otra vez «Colaboración»
Seis días después llegó otro correo.
Otra vez con el asunto:
«Colaboración».
RC me ofrecía el listado de fuentes utilizadas, la localización del expediente militar de mi padre, una transcripción, ayuda para localizar documentación de los consejos de guerra y la posibilidad de corregir o ampliar sus trabajos si yo aportaba información complementaria.
Hay aquí otra precisión importante.
Para entonces yo no estaba esperando simplemente que alguien me indicara dónde podía encontrar documentos. Había empezado mi propia investigación y había consultado archivos. Parte de mi desconcierto procedía precisamente de eso: leía determinados documentos y no encontraba en ellos algunas de las conclusiones que estaba encontrando publicadas.
¿Y por qué, entonces, no le envié la documentación que iba reuniendo?
Esta pregunta importa porque, contemplada muchos años después, alguien podría pensar:
Si tenía documentos que contradecían lo publicado, ¿por qué no se los entregó?
También para esto conservamos un documento.
El 28 de junio, a las 9:28, mi abogado de entonces me respondió:
«De momento, no le envíe información alguna, ya que debemos marcar líneas de defensa y él utilizaría esa información a su favor».
Yo seguí el consejo de mi abogado.
Se podrá considerar acertado o equivocado. Yo mismo puedo preguntarme hoy qué habría ocurrido de haber actuado de otra manera.
Pero lo que no debería hacerse es rellenar retrospectivamente aquel silencio con una explicación inventada.
No dejé de enviarle documentación porque no existiera o porque no estuviera buscando respuestas. Recibí el consejo jurídico expreso de no hacerlo en aquel momento.
Eso también forma parte de la historia.
Lo que yo pedía y lo que se decía que pedía
Mientras todo aquello sucedía, el lenguaje público fue creciendo.
Derecho al olvido.
Borrado.
Censura.
Borrar la Historia.
Reescribir la Historia.
Libertad de expresión.
Libertad de cátedra.
Libertad de investigación.
Y yo asistía desde fuera a una discusión sobre mis supuestas intenciones.
Esta es quizá la parte que más difícil resulta explicar tantos años después.
Porque una cosa es que alguien considere jurídicamente improcedente mi petición.
Otra, que piense que el derecho de supresión debía ceder ante la investigación histórica.
Otra, que critique la decisión inicialmente adoptada por una universidad.
Todo eso puede discutirse.
Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que se atribuya a quien formuló y presentó una petición una pretensión que el propio documento no formula.
Se podía estar en contra del requerimiento.
Se podía recurrir.
Se podía sostener que jurídicamente no debía prosperar.
Se podía defender con toda energía la libertad de investigación.
Pero ¿era necesario convertir para ello una solicitud sobre determinados datos y enlaces en el propósito de borrar la Historia?
Esa es mi protesta.
Libertad de expresión. ¿También la mía?
Y aquí aparece una paradoja que todavía me incomoda.
Durante aquellos días hablaron periodistas, historiadores, profesores, juristas, asociaciones e instituciones.
Se discutió sobre libertad de expresión.
Sobre libertad de investigación.
Sobre libertad de cátedra.
Y se hizo, en buena medida, interpretando públicamente qué pretendía yo.
Pero ¿qué espacio tuve yo para explicar con la misma amplitud qué pretendía realmente?
No afirmo que alguien organizara deliberadamente mi silencio. Eso habría que demostrarlo y no lo afirmo.
La pregunta es otra y puede investigarse documentalmente:
¿qué presencia tuvo la versión de quienes interpretaban mi requerimiento y qué presencia tuvo la explicación de quien lo había presentado?
¿Quién fue consultado?
¿Cuántas veces?
¿Qué versión se reprodujo?
¿Qué documentación conocía cada persona cuando opinó?
¿Y qué posibilidades tuve yo de explicar, con una difusión comparable, qué había solicitado y por qué?
Eso merece una investigación propia.
Porque defender la libertad de expresión mientras la voz de una de las partes apenas consigue hacerse oír produciría, como mínimo, una paradoja digna de estudio.
Y pienso estudiarla.
Miguel Hernández
Hay además un nombre que sería absurdo ignorar.
Miguel Hernández.
No puedo demostrar qué habría ocurrido si el requerimiento hubiera afectado a publicaciones sobre una persona históricamente mucho menos conocida.
Tampoco puedo atribuir una motivación común a periodistas, historiadores, profesores, asociaciones o instituciones que intervinieron en la controversia.
Puedo tener mi opinión.
Pero no voy a presentarla como prueba.
Sí puedo formular una pregunta:
¿habría alcanzado todo aquello la misma dimensión si en el centro de la noticia no hubiera estado Miguel Hernández?
No tengo un documento que permita convertir la respuesta en certeza.
Por eso dejo la pregunta donde corresponde.
Ante el lector.
Detrás del apellido había personas
Y hay algo que los documentos administrativos, las discusiones jurídicas y los artículos académicos no cuentan por sí solos.
Detrás de «Baena Tocón» había una familia.
Mi padre había muerto en 1998.
No podía explicar qué había hecho.
No podía defenderse de lo que se publicaba sobre él.
No podía aportar sus documentos.
Nosotros sí podíamos leer lo que se decía.
Y aquello no se quedó en una polémica académica o periodística.
La difusión tuvo también consecuencias personales. Aparecieron insultos y amenazas. Algunos fueron denunciados ante la Policía y parte de ese material fue posteriormente aportado al procedimiento judicial.
Y no se trata únicamente de mi recuerdo de aquellos días.
Al informar sobre la sentencia de primera instancia, Diario de Cádiz recogió que la resolución judicial distinguía entre los textos inicialmente publicados y las reacciones mediáticas y sociales que se produjeron después, en las que aparecieron expresiones referidas a mi padre como «verdugo», «asesino», «hiena asesina», «ratita delatora» o «cabrón», además de atribuirle responsabilidad en la ejecución de Miguel Hernández.
No necesito reproducir aquí mucho más.
Mientras públicamente se discutía sobre libertad de expresión, libertad de cátedra, Historia y derecho al olvido, al otro lado de aquellas palabras había una familia que estaba recibiendo sus consecuencias.
Que aquello nos hiciera sufrir no demuestra por sí solo que tuviéramos razón histórica o jurídica.
Nunca utilizaré el sufrimiento como sustituto de una prueba.
Pero tampoco aceptaré que se escriba esta historia como si hubiera ocurrido únicamente entre artículos de leyes, archivos, profesores y periódicos.
Hubo personas al otro lado.
Y esas personas también formamos parte de lo ocurrido.
No sé por qué. Sí sé qué ocurrió
Después de todos estos años podría intentar explicar las intenciones de cada uno.
No voy a hacerlo.
No sé qué pensaba un periodista cuando escribió determinado titular.
No sé qué pensaba un historiador cuando utilizó determinada expresión.
No sé por qué alguien decidió hablar de «borrar la Historia» después de haber tenido delante un requerimiento que hablaba de datos y enlaces.
Puedo sospechar cosas.
Puedo tener mi opinión.
Y, naturalmente, la tengo.
Pero una sospecha no se convierte en documento porque hayan pasado siete años.
Lo que sí puedo hacer es algo más sencillo:
poner una hora junto a otra.
Un correo junto a
otro.
Una declaración pública junto a una comunicación
privada.
Y todas ellas junto al requerimiento que inició el
asunto.
Entonces aparecen contradicciones, tensiones y preguntas que no necesitan que yo invente las respuestas.
Quizá esa sea también una forma de protesta.
Yo no pedí eso
Por eso he querido interrumpir por un momento la serie documental que estoy publicando.
No para sustituir los documentos por mi indignación.
Sino para explicar por qué esos documentos me indignan.
Yo formulé aquella petición y firmé el requerimiento que mi abogado preparó después de hablar conmigo sobre lo que pretendía solicitar.
Podrá discutirse si estaba bien planteado.
Podrá discutirse su fundamento jurídico.
Podrá discutirse la respuesta inicial de la Universidad de Alicante.
Podrá discutirse el conflicto entre protección de datos, investigación histórica e información pública.
Lo que no debería necesitar siete años de discusión es algo mucho más elemental:
qué decía el papel.
Y el papel sigue estando ahí.
No solicitaba destruir archivos.
No solicitaba prohibir investigaciones.
No solicitaba borrar documentos históricos.
No solicitaba silenciar a Miguel Hernández.
No solicitaba acabar con la libertad de cátedra.
No solicitaba poner en peligro la investigación española.
Por eso, después de escuchar durante años lo que supuestamente pretendía, quiero dejar escrita también mi protesta:
Yo no pedí eso.
Muchos se han manifestado sin conocer realmente lo que pedí, no lo que se ha dicho que pedí.
Y quien tenga dudas no necesita creerme.
Que lea el requerimiento.
Fuentes y documentos
1. Requerimiento de 15 de mayo de 2019. Documento firmado por José Francisco Baena González en ejercicio del derecho de supresión, conservado en el archivo documental y posteriormente incorporado a las actuaciones. Creo conveniente reproducir en esta entrada las dos páginas del documento.
2. Correspondencia de Juan Antonio Ríos Carratalá, 20 de mayo de 2019. Correos de las 14:49, 17:51, 17:59 y 20:55 horas relativos al requerimiento, RUA y Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
3. Correspondencia con Ferrán Bono, 17–18 de junio de 2019. Correos conservados en el archivo documental.
4. Juan Antonio Ríos Carratalá, correo «Colaboración», 18 de junio de 2019, 17:57 horas; respuesta de José Francisco Baena González, 20:31 horas.
5. Juan Antonio Ríos Carratalá, correo de 19 de junio de 2019, 21:36 horas. Compromiso de tener en cuenta documentación y, en su caso, rectificar sus textos.
6. Juan Antonio Ríos Carratalá, correo «Colaboración», 25 de junio de 2019, 22:53 horas.
7. BustiLex Abogados, correo de 28 de junio de 2019, 9:28 horas. Indicación de no remitir por el momento información a Ríos Carratalá.
8. Denuncias policiales y documentación posteriormente aportada al procedimiento judicial. Para la versión definitiva podemos completar aquí fechas y referencias concretas cuando localicemos las denuncias, sin reproducir datos personales innecesarios.
9. Diario de Cádiz, 14 de
octubre de 2024, «Comienza en Cádiz el mediático juicio originado
por el intento de borrar el nombre de un militar del proceso de
Miguel Hernández».
Diario
de Cádiz — 14 de octubre de 2024
10. Diario de Cádiz, 11 de
marzo de 2025, «Condenan al catedrático Ríos Carratalá y a siete
medios por vulnerar el honor de Baena Tocón en relación con el
estudio de Miguel Hernández». Información sobre la
sentencia de primera instancia y las expresiones ofensivas recogidas
en ella.
Diario
de Cádiz — 11 de marzo de 2025
