jueves, 31 de julio de 2025

TÍTULOS QUE SE ESFUMAN, HONRAS QUE SE PISOTEAN, DOBLE VARA PARA LA MENTIRA

Un cargo público dimite tras revelarse que trabajó durante 40 años con una titulación inexistente. La noticia estalla, la dimisión es inmediata, los medios responden. Mientras tanto, se ha tolerado durante más de una década una campaña de falsificación contra mi padre, con una acusación inversa: que no tenía el título que sí obtuvo legalmente en junio de 1936. ¿Y ahí? Silencio, aplausos… o complicidad.

El 31 de julio de 2025, el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA en la Comunidad Valenciana, José María Ángel Batalla, presentó su dimisión (para jubilarse) tras una investigación que revela que accedió a un puesto de funcionario con un diploma que no existía. La titulación en Archivística y Biblioteconomía de la Universitat de València que presentó fue expedida tres años después de la fecha que él alegaba. La Agencia Valenciana Antifraude alertó de los hechos a la Fiscalía, que ha abierto diligencias por posible falsedad documental.

La noticia ha generado una justificada indignación. Y, sin embargo, mientras algunos titulares apuntan al fraude y otros incluso se preguntan si “realmente hacía falta el título para hacer ese trabajo” (como si eso blanqueara décadas de clientelismo), la verdadera pregunta sigue siendo otra: ¿qué pasa cuando el título sí existe, pero se niega su existencia para destruir la memoria de una persona fallecida?

🔍 El contraste que no quieren ver

Llevo muchos años desmintiendo una mentira persistente sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón. Durante bastante más tiempo, se ha repetido en artículos, entrevistas, libros y medios públicos que “no tenía la carrera terminada”, que “solo aprobó dos asignaturas”, que “se hacía pasar por abogado”.
Todo eso es falso. Su licenciatura en Derecho fue obtenida legal y legítimamente en junio de 1936, y no —como algunos han insinuado en tono burlesco— “regalada por Franco”, quien ni siquiera había entrado en la historia de España como jefe de Estado en esa fecha.

¿Hace falta recordar que el golpe militar se produce semanas después?
¿Hace falta explicar que el título puede consultarse en los archivos del Ministerio de Educación, y que yo mismo conservo el original como recuerdo en la habitación desde la que escribo estas líneas?

Pese a todo, el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, autor de esa falsedad en repetidas ocasiones —por ejemplo, en su blog “Nos vemos en Chicote”—, ha mantenido sus textos sin corrección durante años, aplaudido por colegas, periodistas y parte del entorno ideológico que ahora se rasga las vestiduras por un título falso… cuando el acusado es “de los otros”.

🤔 ¿Falsificación tolerada según filiación?

El caso del comisionado Batalla no es único. Y lo del título, sinceramente, es lo de menos. Lo grave es la estructura: puestos a dedo, favores entre partidos, nombramientos sin méritos y con escasa transparencia. Eso no se arregla con una dimisión. Y desde luego no se puede justificar diciendo que “no hace falta un título para hacer bien un trabajo” justo ahora, cuando el escándalo ya ha salido a la luz.

¿Dónde estaban esas reflexiones cuando mi padre era calumniado por un título que sí tenía?

¿Dónde estaban cuando se emitían entrevistas, artículos y biografías llenas de datos falsos, manipulados o directamente inventados, sin que nadie aplicara ni el más mínimo filtro ético ni rigor profesional?

📌 Conclusión:

Hoy se exige responsabilidad por un título que no existía. Y es lo justo. Pero es aún más justo exigirla cuando se ha destruido la imagen de una persona, mintiendo sobre su formación, su vida y su historia, con plena conciencia de lo que se hacía.

Porque cuando el mismo medio que lincha calla, cuando la crítica es selectiva, y cuando la rectificación solo se concede a quien grita más, lo que queda no es justicia ni democracia: es teatro político con escenografía académica.

Y, por cierto: mi padre no necesitó que Franco le regalara un título. Se lo ganó antes de que ese nombre fuera siquiera una firma en los boletines oficiales.
Lo que no se puede decir de todos.

🔗 Noticia en El País – 31/07/2025: https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-07-31/el-comisionado-del-gobierno-para-la-dana-presenta-su-dimision-tras-la-investigacion-sobre-su-acceso-a-la-funcion-publica.html

🔗 Perfil del caso y trayectoria política en El País: https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-07-31/el-comisionado-del-gobierno-para-la-dana-presenta-su-dimision-tras-la-investigacion-sobre-su-acceso-a-la-funcion-publica.html

🔗 Cobertura crítica en Noticias Ciudadanas: https://noticiasciudadanas.com/del-archivo-al-pitorreo-el-comisionado-de-la-dana-y-el-misterioso-diploma-que-se-esfumo-como-la-gota-fria/

TRILERO ACADÉMICO: PRIMERO RETIRA, LUEGO ATACA

Entrada original de Juan Antonio Ríos Carratalá: “Olvido digital vs. Historia (III)” (30 de julio de 2019)

Enlace: https://varietesyrepublica.blogspot.com/2019/07/olvido-digital-vs-historia-iii.html

Tipo de alusión
Directa sin nombres, pero con alarde irónico.
Ríos utiliza el recurso de alzada como munición para reforzar su relato victimista, ocultando al lector que en paralelo me había escrito un correo con tono cordial —aparentemente comprensivo— diciendo que retiraría los enlaces. Esta entrada escenifica el punto culminante de su doble juego: en privado, aparenta diálogo; en público, desata su campaña.

Estrategia discursiva
• Se vale del contenido del recurso para mostrarse como blanco de una cruzada contra la libertad académica.
• Atribuye a mi protesta intenciones de censura, sin explicar qué falsedades estaba yo señalando.
• Silencia que me escribió en tono amable diciendo que colaboraría, lo cual engañó incluso a mi abogado entonces, que lo consideró “muy predispuesto”.
• Refuerza su papel de víctima épica, mientras maniobra con descaro desde su tribuna académica y mediática.

Puntos discutibles o falsos

Presume de transparencia, pero esconde su cinismo: lo que me dice en privado no coincide con lo que publica en su blog, en sus publicaciones o en los medios.
Se victimiza por la existencia de un petición totalmente legal, sin mencionar que el motivo era la difusión de datos falsos.
Omite que la retirada de enlaces fue una jugada táctica para dar una imagen colaborativa, inmediatamente desmentida por sus ataques públicos.
Se presenta como testigo herido, cuando actúa como un trilero intelectual: distrae con retórica mientras esconde la falta de pruebas.

Réplica narrativa: "Primero retira, luego ataca"
El 30 de julio de 2019, Juan Antonio Ríos Carratalá publicó la tercera parte de su serie sobre el “olvido digital”. Esta vez, con un objetivo muy concreto: desacreditarme mediante su recurso de alzada ante la Universidad de Alicante.

Lo presenta como un ataque ideológico, como un intento de censura. Pero lo que no dice es lo más revelador: que días antes, él mismo me había escrito un correo amable, casi amistoso, diciendo que retiraría los enlaces a sus artículos. No expresó desacuerdo. No mostró molestia. Ni una palabra sobre libertad académica ni censura.

Aquel correo engañó incluso a mi abogado de entonces, que lo consideró “muy colaborador”. Yo, sin embargo, no me lo creí. Ya intuía que un fanático ideológico no corrige así como así. Y no me equivoqué.

Porque días después, ese mismo Ríos reapareció como víctima de una persecución intelectual. Se puso la toga de mártir académico. Y convirtió el simple acto de corregir errores en un drama nacional.

Esta entrada forma parte de esa escenificación: muestra documentos sin contexto, omite lo esencial y da vueltas alrededor de su relato.

Dice que defiende la verdad. Pero actúa como un trilero: primero retira, luego ataca, y después se hace el inocente.

Eso no es libertad de cátedra.
Eso es cobardía vestida de literatura.

miércoles, 30 de julio de 2025

NO ES OLVIDO, ES CORRECCIÓN

Entrada original de Juan Antonio Ríos Carratalá: “El olvido digital vs. la Historia (II)” (29 de julio de 2019)

Enlace: https://varietesyrepublica.blogspot.com/2019/07/el-olvido-digital-vs-la-historia-ii.html

Tipo de alusión
Directa sin nombres, con documentación tergiversada.
Ríos continúa su estrategia de exposición selectiva de mi reclamación. Añade nuevos fragmentos del expediente administrativo y se esfuerza en desacreditar mi motivación, insinuando que todo responde a un intento personal por encubrir la historia. Aunque no me nombra, la alusión es inequívoca y deliberadamente distorsionada.

Estrategia discursiva
En esta segunda entrega del mismo día:
• Intensifica el dramatismo de su relato victimista.
• Se presenta como blanco de un proceso de censura institucional.
• Descontextualiza mi recurso administrativo para convertirlo en símbolo de una amenaza contra la “historia crítica”.
• Alerta contra el derecho al olvido como arma ideológica, pero sin explicar qué se le ha pedido exactamente.
• Mezcla mi caso con ejemplos generalistas sobre el franquismo para agitar el temor a una supuesta revisión reaccionaria.

Puntos discutibles o falsos

No entra a debatir los argumentos de mi recurso, simplemente los despacha como amenaza ideológica.
Falsifica el sentido de mi queja: no pedía ocultar nada, sino corregir falsedades sin base documental.
Me presenta como parte de una corriente “revisionista”, cuando lo único que pedía era rigor.
Vuelve a omitir lo esencial: que lo que se le exigía era rectificar afirmaciones falsas sobre mi padre, no censurar la historia ni borrar documentos.

Réplica narrativa: “No es olvido, es corrección”
En esta segunda entrada del 29 de julio de 2019, Juan Antonio Ríos Carratalá vuelve a publicar fragmentos de mi recurso ante la Universidad de Alicante. Pero no lo hace para responder con argumentos. Lo hace para reforzar su escenificación de víctima.

Afirma que mi escrito pone en riesgo la historia crítica, la libertad académica y hasta la memoria democrática.
Pero omite —una vez más— el contenido real de lo que se le reclamaba: que rectificara afirmaciones falsas sobre mi padre, vertidas sin prueba alguna en textos de su autoría.

¿Dónde está el derecho al olvido en eso?

No pedí borrar archivos ni ocultar datos.
Pedí distinguir entre documentos y opiniones. Entre hechos y conjeturas. Entre historia y ficción.

Lo que de verdad molesta a Ríos no es la censura. Es que alguien cuestione su relato.
Es que se le diga, con pruebas, que ha mentido.
Y en vez de asumirlo o debatirlo, responde con hipérboles: inquisidores, cruzadas, amenazas... Una puesta en escena.

Pero tras todo ese teatro, hay una verdad muy simple:

Mintió sobre mi padre.
Y alguien se atrevió a decírselo.

EL ARCHIVO NO ESTÁ EN PELIGRO. LA VERDAD SÍ.

Entrada original de Juan Antonio Ríos Carratalá: “El olvido digital vs la Historia (1)” (29 de julio de 2019)
Enlace: https://varietesyrepublica.blogspot.com/2019/07/el-olvido-digital-vs-la-historia-1.html

Tipo de alusión
Directa, aunque sin nombre propio.
Ríos publica por primera vez extractos del recurso que presenté ante la Universidad de Alicante. Usa esos fragmentos para reforzar su relato de víctima, y sugiere que mi reclamación pone en peligro la investigación histórica en España. Aunque no menciona nombres, el contexto es inequívoco: se refiere a mí y a mi padre.

Estrategia discursiva
Esta entrada marca un punto de inflexión en su estrategia:
• Deja atrás las insinuaciones y pasa a la confrontación abierta.
• Reproduce selectivamente partes del recurso administrativo sin posibilidad de réplica, distorsionando su sentido.
• Reencuadra mi queja concreta —sobre afirmaciones falsas— como un ataque a la libertad de investigación.
• Eleva el caso individual a un supuesto conflicto nacional, en el que la historia estaría “en peligro” por culpa de mi protesta.
Todo ello con un tono de solemnidad exagerada que pretende deslegitimar mi demanda apelando al dramatismo institucional.

Puntos discutibles o falsos

Publica partes de mi recurso, pero oculta que las afirmaciones denunciadas eran falsas y sin base documental.
Ignora que mi escrito nunca pedía borrar documentos históricos, sino retirar enlaces a textos suyos con falsedades.
Presenta el procedimiento como una amenaza a la historia, cuando solo era una solicitud de rectificación legítima.
Se escuda en la defensa del archivo, cuando en realidad evade su responsabilidad como autor de lo que escribe.

Réplica narrativa: “El archivo no está en peligro. La verdad, sí”
En esta entrada de julio de 2019, Juan Antonio Ríos Carratalá abandona las insinuaciones y pasa al ataque. Publica fragmentos del recurso que presenté ante la Universidad de Alicante, y los utiliza como arma para acusarme de querer “borrar la historia”.

Pero lo que yo pedía en ese recurso está muy claro: que se retiraran de sus textos algunas afirmaciones falsas sobre mi padre. No pedía suprimir archivos oficiales ni alterar documentos históricos. Pedía que un catedrático con espacio en editoriales y medios dejara de presentar como hechos comprobados lo que eran opiniones suyas, sin respaldo documental.

¿Y cuál fue su respuesta?
Transformar una queja concreta en un peligro nacional.
Asegurar, sin pudor, que “la investigación histórica está en riesgo” por culpa de una reclamación ciudadana que él prefiere no responder en el fondo.

¿De verdad? ¿Por decir que ha mentido sobre una persona fallecida —y demostrarlo con pruebas— se tambalea toda la historiografía española?

No. Lo que tambalea es su relato.

El archivo no está en peligro.
La verdad, sí.

La historia no se defiende con dramatismos. Se defiende con fuentes, con rigor y con capacidad de rectificación. Pero Ríos prefiere la escenificación al debate. El dogma a la revisión.

Y su relato, con toda su pomposidad, se cae con una sola pregunta:

¿Es verdad lo que dijo sobre mi padre?

No lo es.

REEDITAR EL ERROR NO LO CONVIERTE EN VERDAD

Entrada original de Juan Antonio Ríos Carratalá: “Nos vemos en Chicote ha sido reeditado” (11 de julio de 2019)
Enlace: https://varietesyrepublica.blogspot.com/2019/07/nos-vemos-en-chicote-ha-sido-reeditado.html

Tipo de alusión
Indirecta pero grave.
No menciona nombres, pero celebra sin reservas la reedición del libro Nos vemos en Chicote, cuya primera edición contiene afirmaciones falsas sobre mi padre, lo que motivó la posterior denuncia judicial. a consecuencia del modo de actuar de su autor. Reafirma su contenido sin matices, a pesar de que la polémica ya estaba abierta, y reivindica las mismas falsedades como si fueran verdades historiográficas.

Estrategia discursiva
Ríos Carratalá utiliza un tono triunfalista y propagandístico. Presenta la reedición como un “acto de justicia” frente a supuestos intentos de censura.
Elude cualquier referencia a la controversia real: que se le había acusado de difundir falsedades sobre una persona fallecida, que esa reclamación ya era formal, y que se le había solicitado rectificación.
En su lugar, encuadra el conflicto como una batalla entre la “historia crítica” y la “tentación de olvidar”, reduciendo una demanda legítima a una caricatura ideológica.

Puntos discutibles o falsos

Reivindica y promociona un libro con errores graves sin corregirlos, a pesar de haber sido advertido de ello.
Oculta al lector que ya existía una reclamación formal por afirmaciones falsas contenidas en esa obra.
Presenta la reedición como una muestra de valentía intelectual, cuando en realidad es una persistencia irresponsable en una falsedad documentada.
La tercera edición, publicada en 2025, reproduce literalmente las mismas falsedades incluso después de haber sido condenado en 2024 por vulnerar el honor de mi padre.

Réplica narrativa: Reeditar un error no lo convierte en verdad
El 11 de julio de 2019, Juan Antonio Ríos Carratalá celebró la reedición de su libro Nos vemos en Chicote.
No mencionó que en ese libro escribió falsedades sobre mi padre. No eliminó las falsedades que hay en él. No dijo que esas afirmaciones ya estaban siendo cuestionadas formalmente. Tampoco reconoció que se le había pedido rectificar ni que existían pruebas documentales que las desmentían.

Reivindicó la obra como si fuera una victoria sobre la censura. La presentó como una aportación crítica a la historia. Y se felicitó por reeditarla tal cual, sin mover una coma.

Pero reeditar un error no lo convierte en verdad.

Cuando alguien con tribuna y respaldo editorial difunde datos falsos sobre una persona fallecida, y luego los reafirma con orgullo, está usando la historia como arma de descrédito.

En marzo de 2025 fue condenado por vulnerar el derecho al honor de mi padre.
Y, aun así, a continuación en 2025 publicó una tercera edición del mismo libro, sin corregir nada.

Eso no es investigación. Es propaganda.
Es soberbia.
Y es un desprecio al deber mínimo de cualquier investigador: verificar lo que dice y rectificar si se equivoca.

CUANDO EL OLVIDO LO PIDE EL QUE MIENTE

Entrada original de Juan Antonio Ríos Carratalá: “El derecho al olvido digital y la historia” (26 de junio de 2019)
Enlace: https://varietesyrepublica.blogspot.com/2019/06/el-olvido-digital-y-la-historia.html

Tipo de alusión
Indirecta pero inequívoca.
No menciona mi nombre ni el de mi padre, pero se refiere al conflicto generado por mi reclamación sobre las falsedades publicadas en su obra. Habla de un “autor” que habría solicitado la retirada de enlaces, cuestionando que pueda invocarse el “derecho al olvido” en relación con hechos históricos. En realidad, se adelanta a los hechos que se desarrollarían públicamente poco después.

Estrategia discursiva
Ríos Carratalá emplea una retórica de anticipación, colocándose como víctima de un intento de censura disfrazado de legalidad. Construye una disyuntiva falsa entre “preservar la historia” y “acatar decisiones judiciales”, sugiriendo que quienes le contradicen quieren reescribir el pasado.
Omite por completo el verdadero motivo del conflicto: la denuncia de falsedades documentadas en sus escritos. A través de insinuaciones sin nombres, genera una atmósfera de sospecha que refuerza su relato victimista y lo presenta como abanderado de la libertad académica frente a supuestos inquisidores.

Puntos discutibles o falsos

Confunde interesadamente el derecho al honor con el derecho al olvido, y ambos con censura.
No menciona que la reclamación que motivó su texto no pedía borrar archivos, sino corregir o retirar enlaces a textos con falsedades.
Pretende elevar sus escritos de opinión académica al rango de documentos históricos, esquivando así cualquier crítica.
Se presenta como víctima de una amenaza difusa, cuando solo se le pidió algo muy concreto: rectificar.
Utiliza el término “inquisidor” para caricaturizar a quien le exige rigor, sin explicar que los errores señalados eran verificables y graves.

Réplica narrativa: Cuando el olvido lo pide el que miente
En junio de 2019, Juan Antonio Ríos Carratalá publicó un artículo titulado “El derecho al olvido digital y la historia”. No menciona mi nombre, ni el de mi padre, ni los hechos concretos que motivaron ese texto. Pero lo que cuenta tiene destinatario, y él lo sabe.

Yo le había solicitado —por vías institucionales— que corrigiera las falsedades que había difundido sobre la figura de mi padre en algunos artículos académicos y medios digitales. En ningún momento pedí borrar archivos históricos ni suprimir documentos. Pedí que dejara de presentar como hechos comprobados lo que eran afirmaciones sin base ni respaldo documental.

Sin embargo, en lugar de afrontar el contenido de la queja, prefirió atrincherarse en un relato de censura académica, apelando al “derecho al olvido” y a la “libertad de cátedra”. Fabricó un enemigo a medida: un inquisidor intolerante que pretendía borrar la historia.

Paradójicamente, mientras denuncia censuras imaginarias, él mismo indaga en los “entresijos” de quienes lo contradicen, tratando de desacreditarlos personalmente —como ya hicieron algunos de sus aliados mediáticos—, en lugar de responder con argumentos.

Lo que de verdad teme Ríos Carratalá no es el olvido digital, sino el olvido de su impunidad. Le incomoda que se le recuerde su deber como académico: contrastar lo que publica y rectificar cuando se equivoca.

Si realmente quiere preservar la historia, lo primero que debería hacer es contarla bien.

lunes, 28 de julio de 2025

NOTA IMPORTANTE SOBRE LAS ÚLTIMAS ENTRADAS DE BLOG

Durante los últimos días de julio, me he visto obligado a retirar temporalmente siete entradas recientes de este blog debido a un problema técnico que provocó una mezcla inadecuada de textos, enlaces e incluso títulos. Esta circunstancia comprometía la claridad del contenido y podía inducir a error en la identificación de las fuentes citadas.

Las publicaciones afectadas son:

– Trece entradas previstas...
– Cuando la coartada es la difamación...
– De trampas y trampillas (una heroicidad real)...
– Ni secretario, ni juez...
– Sus textos no son documentos históricos...
– La familia y el poeta...
– ¿Qué puedo hacer contigo?...

Todo lo expresado en esos textos sigue siendo válido y se mantiene en su contenido esencial. Sin embargo, los enlaces incorporados —e incluso algunos títulos, tanto de Ríos Carratalá como propios— que debían remitir a entradas concretas del blog Varietés y República no se correspondían adecuadamente con lo argumentado en los textos. En algunos casos, la falta de concordancia podía inducir a confusión o restar claridad a lo que pretendo mostrar con rigor y responsabilidad.

En los próximos días se irán publicando de nuevo, quizá con títulos diferentes, esta vez de forma ordenada, clara y sin errores. Aprovecharé también para incorporar algunos documentos que respaldan aún con mayor solidez cuanto se dijo en ellas.

Gracias por la comprensión, y disculpas a quienes hayan intentado consultarlas sin éxito o se hayan visto confundidos por esta imprecisión técnica. A veces, los fallos no son de fondo, sino de forma, y conviene rectificarlos con transparencia.

lunes, 21 de julio de 2025

CUANDO RECLAMAR LA VERDAD SALE CARO (Y LO LLAMAN VERDAD ACADÉMICA)

En este país, si desmontas un bulo desde una cátedra universitaria, te aplauden. Si lo desmontas desde la verdad y el duelo, te condenan a pagar. Bienvenidos a la justicia con gafas ideológicas

Las dimensiones que ha alcanzado mi reclamación del honor de mi padre han sido deformadas interesadamente por quienes deberían, como mínimo, responder de sus propios errores. El catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá —condenado judicialmente en primera instancia por vulnerar ese honor con afirmaciones falsas— ha llegado a presentar esta causa como si fuese una amenaza a la investigación histórica en toda España. Según él, mis críticas han “estrangulado” el saber, “censurado” su labor, y podrían amedrentar —lloriquea— a futuros investigadores, especialmente si son jóvenes y sensibles al coste de un juicio.
Pobrecito. A este paso habrá que ponerle un “Bizum solidario” para que no le falte tinta roja ni calefacción en la sala de profesores.
¿Y cuál fue mi crimen? No querer que se escriban mentiras sobre mi padre. Demostrar con documentos, entre otras muchas falssedades, que no fue el secretario judicial del consejo de guerra contra Miguel Hernández, que no pidió su condena a muerte, y que esas imputaciones no eran errores inocentes, sino tergiversaciones ideológicas difundidas con impunidad bajo el barniz académico.
Como ya expuse en mi blog, este relato victimista ha sido jaleado por historiadores y archiveras afines, y amplificado por medios políticos sin contrastar nada. Lo que no cuentan —porque no les conviene— es quién paga realmente el precio. No es el catedrático con su nómina blindada. Soy yo: jubilado, solo, con los ahorros agotados.

Y la guinda fue esta, que copio sin alterar una coma:

En fecha reciente he sido condenado al abono de costas procesales a la Universidad de Alicante por la cuantía de 1.000 euros en el procedimiento contencioso-administrativo por protección de datos, en relación a que se reconociera que en el RUA de la Universidad de Alicante aparecen datos falsos e inexactos sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, en las publicaciones de Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de esa Universidad.
Curiosamente, así son los misterios del ordenamiento jurídico español y de su sistema judicial, el mismo catedrático era condenado por el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz al haber vulnerado el derecho al honor de mi padre, sobre los mismos trabajos incluidos en el RUA de la Universidad de Alicante, que yo reclamaba en el procedimiento contra la Universidad. ¿Vds. lo entienden?, pues yo menos, puesto que además en el procedimiento de la Universidad de Alicante una resolución judicial declaraba, que mi padre ni fue el secretario judicial del consejo de guerra contra Miguel Hernández ni solicitó su condena a muerte. Un escenario surrealista. Como dicen algunos: “Tengas pleitos y los ganes”.

Esa es la paradoja: una universidad pública difunde falsedades que han sido reconocidas como tales en sede judicial, se niega a rectificarlas, y aún así acaba cobrando mil euros del hijo de la persona difamada (aparte de los gastos propios del demandante muy superiores, sólo por este concepto: despacho de abogados, procuradora, etc). Porque sí. Porque el sistema lo permite. Porque el papel, una vez sellado, manda más que la decencia.
¿Y qué hice yo? Lo mismo que haría cualquiera con memoria, con conciencia y con dignidad: defender a mi padre. Presentar documentos, no pancartas. Ir a los archivos, no a los mítines. Y he pagado por ello con todo: con tiempo, con dinero, con salud, y con desprecio.
Amigos bienintencionados me lo advirtieron:
—“¿Te sobra el dinero? Entonces adelante. Pero si no, prepárate para ver lo que es la justicia humana.”
No exageraban. Lo estoy viviendo.
Otros me propusieron soluciones más expeditivas. Algunas, nada ortodoxas. Pero preferí no ensuciar lo limpio. Ni escraches, ni chantajes, ni campañas. Solo la verdad. Y he sido castigado por no tener miedo.
He recibido insultos, amenazas —incluso a una de mis abogados— por parte de personas que se declaran pacíficas, feministas, progresistas, tolerantes…
Gente que se ofende si se duda de su compromiso ético, pero que aplaude con entusiasmo cuando se castiga a quien interpela al poder universitario desde fuera de sus muros.

¿Puede alguien con sentido común no escandalizarse?
¿Es esta la justicia de una democracia madura? ¿O simplemente la coreografía elegante de una injusticia con papeles en regla?
Como dijo un abogado que conocía casos similares al mío:
—“La justicia no siempre falla por falta de pruebas. Falla por falta de voluntad. Hay verdades que no interesa que prosperen.”
Y aquí estoy: con los hechos probados, con las mentiras desmontadas, con las resoluciones firmes… y con el banco tiritando.
Mientras el que escribió los bulos cobra su nómina con fondos públicos, yo pago por haberle dicho: “Eso que escribió es falso.”

LIBERTAD DE EXPRESIÓN… ¿PARA TODOS O SOLO PARA LOS MÍOS?

Cuando hacer preguntas molesta: del Congreso al estrado

El caso del periodista Vito Quiles y su exclusión del Congreso ha reabierto un debate necesario: ¿quién decide quién puede hablar, preguntar o escribir? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando quienes se proclaman defensores de la libertad de expresión la convierten en privilegio ideológico?

Hay periodistas a los que se insulta por preguntar y catedráticos que nunca responden. Hay quien incomoda al poder y quien incomoda al ciudadano. Y hay una línea invisible —pero cada vez más evidente— que separa el castigo al que denuncia del blindaje al que difama.

¿Quién es Vito Quiles?

Vito Quiles es un joven reportero vinculado a medios como EDATV y anteriormente con Estado de Alarma TV, de Javier Negre. Se ha hecho conocido por sus intervenciones incisivas en ruedas de prensa, su estilo confrontativo y sus preguntas dirigidas a representantes del Gobierno, muchas veces con un tono provocador.

¿Molesto o infractor?

A FAVOR DE SU ACTUACIÓN

Preguntas que incomodan, pero son legítimas

Aborda temas como subvenciones, corrupción, uso de fondos europeos... asuntos que interesan a cualquier ciudadano.
La libertad de información no puede depender del agrado o desagrado del poder político.

Derecho a la acreditación

Si su medio está legalmente inscrito y cumple con los requisitos, no debería excluirse por criterio ideológico.
La prensa no está para hacer preguntas cómodas.

No es el único provocador

En democracias consolidadas hay periodistas disruptivos que cumplen una función fiscalizadora esencial.

EN CONTRA DE SU ACTUACIÓN

Estilo provocador que roza el activismo

Ha sido acusado de interrumpir o introducir valoraciones, confundiendo el rol de periodista con el de militante.

Medio poco transparente

EDATV no tiene un código ético claro, utiliza titulares sensacionalistas (aunque muchos medios afines tienen publicados códigos éticos muy bonitos, pero al conocer sus actuaciones se comprueba que los tienen de adorno).

Riesgo de convertir la prensa en un show

Las formas pueden erosionar la credibilidad del periodismo y el respeto mutuo en instituciones democráticas.

📌 La clave: ¿incumple normas objetivas o simplemente incomoda? En democracia, lo incómodo no puede ser lo sancionable. Pero las normas deben aplicarse con imparcialidad a todos.

Doble rasero en acción

Mientras a periodistas como Quiles se les expulsa o censura, otros personajes como el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá gozan de impunidad mediática y apoyo institucional, pese a haber difundido falsedades documentadas sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón.

He vivido en carne propia cómo se manipulan documentos, se deforma la realidad histórica y se levantan acusaciones sin pruebas. Se me ha tachado de revisionista, mientras quienes difaman son amparados por instituciones, medios y editoriales.

Lo más grave es que muchos de los periodistas que denuncian la "censura" a Vito Quiles son los mismos que han repetido sin verificar las falsedades de Ríos Carratalá. En unos casos se pide libertad absoluta, en otros, se respalda el silencio cómplice.

Una carta que me llegó... y me interpeló

Hace pocos días recibí un correo de Vito Quiles alertando sobre una reforma del Reglamento del Congreso que permitiría vetar a periodistas "incómodos" como él. Lo expresaba en tono urgente, incluso apocalíptico, pero con una pregunta de fondo ineludible: ¿quién decide qué preguntas pueden hacerse?

La paradoja es que yo también me quedé con muchas preguntas por hacer. En mi caso, al catedrático que difamó a mi padre. Pero los procedimientos civiles no permiten interrogar directamente a la parte contraria y mi letrado se atiene estrictamente al procedimiento judicial, ya que su actuación estaba basada en lo documental y no en el teatro. Si Vito Quiles hubiera estado presente, tal vez habría hecho lo que yo no pude.

Las 32 preguntas que nunca respondió Juan Antonio Ríos Carratalá

(Y que quizás podría hacerle un periodista con libertad para preguntar)

Vito Quiles. Fuente: Humorcillet (no gana para micrófonos)

1. ¿Confirma usted que Antonio Luis Baena Tocón fue el secretario judicial del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández?

2. Además de catedrático de Literatura, ¿es usted licenciado o doctor en Historia o en Derecho para evaluar actuaciones judiciales?

3. ¿Sostiene usted que Baena Tocón firmó la condena a muerte del poeta o que fue su verdugo, como han dicho medios codemandados?

4. ¿Publicó usted en su blog del 27 de agosto de 2024 hasta 12 documentos con la firma de mi padre en el Juzgado Especial de Prensa, sin mostrar el documento donde figura el verdadero secretario judicial del consejo de guerra contra Hernández?

5. ¿Por qué no aclaró nunca la composición real del consejo de guerra ni el nombre del secretario judicial cuya firma aparece en el Documento 3 de la demanda?

6. ¿Puso usted en duda que mi padre fuera licenciado en Derecho?

7. ¿Reconoce usted que en julio de 2019 declaró a La Nueva España que mi padre fue el secretario judicial del consejo de guerra, y que en agosto de 2024 dijo en su blog que fue solo secretario instructor del Juzgado de Prensa?

8. ¿Confirma haber dicho que “la documentación está en los archivos públicos” y que eso prueba la implicación de mi padre?

9. ¿Cómo valora la campaña de desinformación con más de mil publicaciones y mensajes en redes, algunos con amenazas contra mi familia?

10. ¿Cómo encaja su afirmación de que mi padre “siempre pedía la máxima condena” con la sentencia que señala que no participó ni firmó esa condena?

11. ¿Reconoce usted que el origen del litigio es una petición ante la AEPD y la UA para desindexar URLs con datos inexactos?

12. ¿Fue usted quien contactó con los medios, incluyendo El País, tras la resolución administrativa favorable a mi solicitud?

13. ¿Confirma que la Universidad de Alicante convocó una rueda de prensa para dar marcha atrás en dicha resolución?

14. ¿Publicó usted que “nunca ha fabulado” sobre las actividades de mi padre como secretario del Juzgado Especial de Prensa?

15. ¿Cómo explica que los documentos y una sentencia judicial demuestren que mi padre no intervino en el consejo de guerra contra Miguel Hernández?

16. Si revisó usted el sumario, ¿por qué nunca identificó al verdadero secretario judicial cuya firma está en el Documento 3?

17. ¿Está documentado en los sumarios que los periodistas De Pedro, De la Pascua, Marín Alcalde y Dicenta Alonso “pasaron por las manos” de mi padre?

18. ¿Publicó usted documentos no incluidos en la demanda con firmas de mi padre en otros sumarios para justificar sus afirmaciones anteriores?

19. ¿Cómo justifica afirmar que esos periodistas pasaron por sus manos si el sumario no lo demuestra?

20. ¿Afirmó usted en el recurso de alzada que el nombre de Baena Tocón aparece en consejos de guerra como secretario judicial?

21. ¿Por qué nunca corrigió a los medios que repitieron que mi padre firmó la condena a muerte?

22. ¿Se refería a las leyes de Protección de Datos y del Honor cuando dijo que “la ley no está hecha para reescribir la historia”?

23. ¿Firmó Baena Tocón la sentencia de muerte de Miguel Hernández?

24. ¿Verificó usted en el Archivo los sumarios citados? ¿En qué documentos se basa?

25. ¿Entregó usted en 2024 a la UA el segundo volumen de su obra con un capítulo sobre Dicenta, donde afirma que pasó por manos de mi padre, aunque en el sumario no aparece su firma?

26. ¿Mantiene usted esa afirmación respecto a Dicenta Alonso y otros en su nueva obra aún inédita?

27. ¿Conoce usted el alcance mediático de las publicaciones falsas repetidas por medios y redes?

28. ¿Reconoce usted que todo lo que han publicado sobre mi padre como secretario del consejo de guerra es falso e inveraz?

29. ¿Reconoce que mantiene una polémica con Andrés Trapiello, quien lo acusa de manipular la realidad histórica?

30. ¿Escribió usted el 24 de julio de 2024 en su blog que “si hubiera escrito la barbaridad de que un miembro del Cuerpo Jurídico era responsable de un tiro en la nuca… ahora tendría un juicio encima”?

31. ¿Reconoce usted con esa frase que mi padre solo redactó una diligencia como secretario del Juzgado Especial de Prensa y no participó en el consejo de guerra?

32. ¿Conoce usted la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante que lo desmiente?

Y a estas 32 preguntas —todas documentadas, pertinentes y en el orden expuesto— se añadirían muchas más, como por ejemplo:

— ¿Cómo explica que en 2025 entregara a la Universidad de Alicante el tercer volumen de su obra con las mismas falsedades ya desmontadas judicialmente?
— ¿Por qué insiste en vincular a mi padre con personas como Joaquín Dicenta Alonso y otros, pese a que los documentos consultados no lo avalan?

No se trata de alargar esta entrada más de lo necesario, pero que nadie se llame a engaño: la lista está lejos de terminar.

Y no, no se trata de que esas preguntas las formule un periodista afín en una entrevista pactada para reforzar su ideología, prepotencia y egocentrismo. Ni siquiera basta con que lo haga un periodista valiente. Lo justo sería que las respondiera ante un juez, con todos los documentos sobre la mesa. Sin aplausos interesados. Sin escudos ideológicos. Sin victimismo corporativo.

¿Y si Quiles fuera del otro bando?

Imaginemos por un momento que Vito Quiles hiciera preguntas molestas a un Gobierno conservador o cuestionara las fundaciones religiosas. ¿Sería tachado de agitador, o estaría recibiendo premios de periodismo comprometido?

El problema no es el estilo. El problema es el sesgo con el que se reparte la legitimidad.

Conclusión: cuando hacer preguntas molesta, es que alguien tiene mucho que ocultar

No hay libertad de expresión si solo vale para unos pocos.
No hay derecho a la verdad si se convierte en patrimonio exclusivo de quienes gritan más.
Y no hay justicia si la crítica honesta se castiga, mientras la ficción ideológica se premia como historiografía o como periodismo comprometido.

Porque la libertad de expresión no consiste en repetir una consigna, sino en hacer preguntas, aunque molesten.
Y la democracia no se defiende censurando al que interroga, sino obligando a responder al que difama.

Ahora bien, lo justo sería que esas preguntas no las formulara un periodista “amigo” en una entrevista pactada —como las que acostumbra a conceder para reforzar su ideología sin ser nunca contradicho, ni dejar de alimentar su egocentrismo—. Tampoco basta con que las plantee un periodista valiente, si quien debe responder puede esquivar o escudarse en el victimismo académico.

Lo que realmente haría falta es que un juez —con todos los documentos encima de la mesa— pudiera interrogarlo con rigor, sin pactos ni aplausos interesados. Que no pudiera distraer la atención con rodeos literarios, ni presentar como “libertad académica” lo que ha sido falsedad comprobada.

Porque lo que está en juego no es un relato, ni un estilo narrativo, sino el honor de una persona concreta —mi padre— y el derecho de su familia a que no se construya sobre él una historia de ficción ideológica.

Por eso, cuando leí la carta de Vito Quiles, pensé:
Ojalá alguien como él —sin miedo, sin ataduras— tuviera delante al Sr. Carratalá.
Ojalá pudiera hacerle esas preguntas que no suelen tener cabida en los procedimientos civiles.
Ojalá lo interrumpiera si trata de irse por las ramas (como hizo en el juicio de octubre de 2024).
Ojalá insistiera.

A algunos les incomoda Vito Quiles.
A mí, me incomoda mucho más el doble rasero de quienes reparten carnés de periodista, de historiador o de demócrata según convenga.

Porque cuando hacer preguntas molesta, es que alguien tiene mucho que ocultar.

jueves, 17 de julio de 2025

¿PUEDE EL CONGRESO VETAR A UN PERIODISTA?

He escrito este artículo no solo como ciudadano atento a lo que sucede en nuestras instituciones, sino también como alguien que ha vivido en primera persona lo que significa enfrentarse al poder de la palabra mal usada: la que manipula, tergiversa y se esconde bajo el paraguas de la libertad de expresión… cuando conviene. El caso del Congreso, como el que me ha afectado directamente con Ríos Carratalá, demuestra que lo importante no es quién habla, sino qué reglas se aplican a cada uno.

El pasado 17 de julio, la Comisión de Reglamento del Congreso aprobó una reforma que permite sancionar o retirar la acreditación a periodistas acreditados que incumplan ciertas normas de comportamiento. Aunque el texto no menciona expresamente el término "pseudoperiodistas", ha sido este concepto el que ha dominado titulares y redes sociales, generando un nuevo foco de polarización.

¿Es esta reforma una protección del espacio institucional o un instrumento encubierto de censura? ¿Quién decide qué tipo de periodismo merece voz en el Congreso?

Contexto legislativo: lo que realmente se ha aprobado

Según el texto aprobado por mayoría (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG), el Congreso podrá aplicar un régimen sancionador a las personas acreditadas como prensa que incurran en comportamientos inapropiados dentro del recinto parlamentario.

¿Qué se considera infracción?
- Acceder sin credencial.
- Grabar fuera de espacios autorizados.
- Interrumpir intervenciones o acosar verbalmente.
- Insultar, manipular o usar dispositivos ocultos.

Tipos de sanciones:
- Leves: apercibimiento o suspensión de hasta 10 días.
- Graves: suspensión de 10 días a 3 meses.
- Muy graves: suspensión de 3 meses a 5 años o retirada definitiva de la acreditación.

Además, se prevé la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por periodistas de reconocida trayectoria, que asesorará a la Mesa del Congreso sobre la aplicación de estas sanciones.

Fuente oficial: BOCG. Texto completo de la reforma aprobada (https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-125-1.PDF)

¿Protección institucional o censura selectiva?

La defensa de la medida por parte del bloque gubernamental sostiene que responde a denuncias de acoso y alteración del trabajo parlamentario por parte de individuos que actúan bajo cobertura periodística. Se trataría, dicen, de poner límites razonables sin tocar la libertad de prensa.

Por su parte, PP y Vox votaron en contra, argumentando que se trata de una “ley mordaza” encubierta, diseñada para restringir el acceso de medios críticos o no afines ideológicamente.

Juristas han avalado en su mayoría la constitucionalidad de la reforma, pero han advertido sobre la ambigüedad de conceptos como “conducta inapropiada”, y han pedido que se aplique con criterios claros, objetivos y proporcionados.

Asociaciones profesionales de prensa, como la FAPE, han expresado su preocupación y exigido que la interpretación del nuevo reglamento no se convierta en una herramienta de exclusión ideológica.

Un debate más profundo: ¿quién decide qué es 'periodismo'?

El fondo del asunto va más allá de esta reforma puntual. Porque cuando se comienza a calificar a unos periodistas como "auténticos" y a otros como "pseudo" en función del grado de afinidad o comodidad que generan al poder, el riesgo para la libertad informativa es real.

Y es aquí donde podemos conectar este debate con experiencias concretas que demuestran el uso ideológico y partidista de la libertad de expresión.

El caso Carratalá: libertad para unos, mordaza para otros

Mi caso personal con el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá es un ejemplo paradigmático de cómo la libertad de expresión se invoca cuando conviene… y se restringe cuando incomoda.

Ríos publicó en medios y libros universitarios una versión manipulada de hechos históricos que afectaban directamente al honor y la verdad sobre mi padre fallecido, Antonio Luis Baena Tocón. Afirmó falsamente que fue secretario del consejo de guerra contra Miguel Hernández, cuando en realidad —según quedó acreditado judicialmente en sentencia del contencioso-administrativo de Alicante— mi padre no formó parte de ese consejo ni de ningún otro. Durante su servicio militar obligatorio, estuvo destinado en tres lugares distintos, y en el segundo de ellos —el Juzgado Especial de Prensa— ejerció como secretario adscrito. Pero nunca fue miembro de ningún consejo de guerra ni pidió penas de ningún tipo, por mucho que Ríos insista en lo contrario para sostener su relato ideologizado.

Gracias a una larga lucha legal, obtuve una sentencia judicial en primera instancia que lo condena por vulnerar el derecho al honor. La resolución lo obliga a rectificar públicamente y a indemnizarme económicamente, aunque la cuantía y los términos de la condena están actualmente recurridos ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

Ver noticia de Cadena SER: https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/03/10/una-jueza-condena-al-catedratico-rios-carratala-a-rectificar-expresiones-contra-el-secretario-judicial-que-firmo-la-sentencia-contra-miguel-hernandez-radio-alicante/

Sentencia completa: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/140317

Sin embargo, esta manipulación fue defendida públicamente como un “derecho a opinar” por numerosos medios afines y colegas académicos. Y quienes osábamos cuestionar su “libertad académica” éramos tildados de censores, revisionistas o incluso de fachas.

Reflexión crítica: el verdadero peligro

Tanto en el caso de los periodistas excluidos del Congreso por su estilo incómodo como en el de historiadores con licencia ideológica para manipular, se repite un patrón preocupante:
👉 la libertad se convierte en un privilegio.

No hay problema en que existan normas, siempre que se apliquen con justicia.
No hay problema en regular, si se garantiza pluralidad.
El problema está en que unos puedan decir cualquier cosa sin consecuencias… y a otros se les silencie por molestar.

Conclusión y llamada a la acción

Esta reforma del reglamento del Congreso plantea cuestiones más profundas que un simple cambio administrativo. No se trata solo de decidir quién puede estar en una sala con micrófono o cámara. Se trata de defender una idea clara de democracia: la que soporta la crítica, no solo la que la tolera cuando es amable.

Hoy, algunos políticos y académicos invocan la libertad de expresión para proteger el relato que les conviene. Pero mañana, ese mismo relato puede ser utilizado para excluir a quien piense diferente. La democracia no es cómoda. Pero debe ser coherente.

No puede haber libertad solo para los afines.
Ni en la prensa.
Ni en la universidad.
Ni en el Parlamento.

Y por eso, este debate —como mi experiencia personal— no va de ideología, sino de principios.