LO QUE DICEN LOS DOCUMENTOS Y LO QUE SE DIJO EN LOS MEDIOS

 

Domingo 8 de marzo de 2026

LO QUE DICEN LOS DOCUMENTOS Y LO QUE SE DIJO EN LOS MEDIOS

Cómo un intento de corregir una historia mal contada terminó en una batalla administrativa y judicial

“Cuando se abren los documentos completos del sumario, la historia que se había repetido durante años resulta ser muy distinta.”

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Durante años se ha repetido que mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, habría desempeñado un papel relevante en el proceso que acabó con la condena del poeta Miguel Hernández.

Esa versión comenzó a difundirse con especial intensidad gracias al supuesto rigor del trabajo del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, quien pareció encontrar en esta historia una auténtica mina de ficción para sus investigaciones académicas.

Sin embargo, cuando se examinan los documentos del propio procedimiento judicial, la imagen que aparece es muy distinta.

El contraste entre lo que dicen los documentos y lo que se dijo en los medios explica por qué un intento de corregir algunas afirmaciones incorrectas terminó convirtiéndose en una larga cadena de procedimientos administrativos y judiciales.

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1. El origen del conflicto

Conviene recordar cómo comenzó realmente todo.

Antes de cualquier procedimiento judicial hubo un intento de resolver el problema de forma directa y discreta. En ese contexto se produjo un episodio que ya he explicado en otra entrada de este blog: un intento de presentar los hechos de forma engañosa que terminó provocando el conflicto.

A partir de ese momento comenzó a difundirse una narrativa pública según la cual yo pretendía:

• censurar investigaciones históricas

• borrar archivos

• reescribir la historia

• limitar la libertad de expresión.

Nada de eso era cierto.

Lo único que pedía era algo mucho más sencillo: que determinadas afirmaciones incorrectas sobre una persona concreta fueran revisadas a la luz de los documentos.

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2. Lo que dijeron algunos medios

Cuando el asunto llegó a los medios de comunicación, muchos reprodujeron la versión difundida por Juan Antonio Ríos Carratalá y por otros comentaristas.

Sin embargo, en numerosos casos se omitió un paso básico del trabajo periodístico: contrastar los documentos.

El resultado fue que durante mucho tiempo circuló una versión simplificada —y en algunos aspectos ficticia— del caso.

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3. Lo que dicen realmente los documentos judiciales

El procedimiento judicial permitió examinar directamente el expediente histórico, entre ellos el procedimiento sumarísimo nº 21001 seguido contra Miguel Hernández.

La sentencia es clara en un punto fundamental:

“ni el juez instructor ni quien actuó como secretario del mismo, ni ninguna otra de las personas que firman a lo largo de este proceso fueron quienes pidieron la condena a muerte para Miguel Hernández.”

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Es decir:

mi padre no pidió ni firmó la pena de muerte.

La resolución también describe cuál fue su intervención real:

“La intervención de D. Antonio Luis Baena Tocón (…) no fue otra que la de revisar una relación de periódicos (…) y remitir posteriormente mecanografiadas todas las referencias aparecidas en prensa relativas al procesado.”

c5a55d94-efde-47c5-832a-e81c565…

Su actuación fue, por tanto, una tarea documental dentro del procedimiento.

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4. Un dato que suele omitirse

Hay otro elemento importante que rara vez aparece en los artículos o comentarios sobre este asunto.

Cuando se produjeron esos hechos, mi padre no era funcionario. La propia sentencia recoge que no obtuvo plaza en la administración local hasta 1944.

c5a55d94-efde-47c5-832a-e81c565…

En el momento de los hechos se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio. Como jurista fue destinado como alférez de complemento a funciones de secretaría en un juzgado militar.

Presentar esa situación como si se tratara de una participación voluntaria en un aparato represivo o como un supuesto trampolín para una carrera funcionarial es una interpretación profundamente distorsionada de los hechos, propia de la ficción del autor, que introduce la figura de mi padre en un relato con sesgo ideológico.

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5. Lo que se dijo y lo que muestran los documentos

El contraste entre algunas afirmaciones difundidas públicamente y lo que muestran los documentos del propio sumario puede resumirse de forma sencilla:

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6. “Inexactitudes” demostradas documentalmente

La sentencia utiliza el término jurídico “inexactitudes” para referirse a algunos errores señalados durante el proceso.

Pero lo relevante es que el tribunal reconoce que:

“existen otras inexactitudes que quedan acreditadas con la prueba desplegada por el recurrente.”

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Es decir, los documentos aportados demostraron que algunos datos difundidos no eran correctos.

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7. El coste personal de defender la verdad documental

Quien no haya pasado por un proceso judicial largo quizá no sea consciente de lo que implica.

En mi caso, la defensa de la memoria de mi padre ha supuesto durante años:

• procedimientos administrativos

• litigios judiciales

• recursos y alegaciones

• viajes constantes

• gastos económicos importantes

• desgaste familiar y social

• problemas de salud derivados del estrés

• y una enorme pérdida de tiempo y energía.

Todo ello por algo que en principio parecía mucho más sencillo: corregir una historia mal contada.

En este recorrido judicial he contado también con el trabajo de profesionales del Derecho que conocen bien las dificultades de estos procedimientos. En este sentido resulta muy ilustrativa la reflexión del abogado Antonio Benítez Ostos, socio director del despacho Administrativando, quien señalaba recientemente que «la Administración no puede seguir siendo juez y parte en la resolución de los recursos administrativos».

Puede leerse la entrevista completa aquí:

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/actualidad-de-los-despachos/la-administracion-no-puede-seguir-siendo-juez-y-parte-en-la-resolucion-de-los-recursos-administrativos-senala-antonio-benitez-ostos/

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8. Lo que queda por explicar

En futuras entradas de este blog analizaré con más detalle todo el proceso judicial.

No por afán polémico, sino porque creo que es necesario explicar con rigor:

• qué se pidió realmente en el recurso administrativo inicial

• qué resoluciones se dictaron después

• qué documentos históricos existen

• y cómo se difundió públicamente una versión que no coincidía con esos documentos.

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Epílogo

Cuando el ruido pasa, quedan los documentos

Durante años se repitió una historia espectacular.

Sin embargo, cuando se abren los documentos completos del sumario, la escena resulta mucho más modesta: un joven jurista cumpliendo el servicio militar obligatorio, revisando recortes de prensa y mecanografiando referencias para un procedimiento judicial.

Nada de condenas firmadas.
Nada de decisiones judiciales.
Nada de cargos funcionariales.

Las historias simples viajan rápido.
Los documentos, en cambio, exigen ser abiertos, leídos y comprendidos.

Quizá por eso circulan con tanta facilidad relatos que no resisten la lectura completa de un sumario.

Porque los documentos tienen un pequeño inconveniente para quienes prefieren los titulares:

se pueden leer... y a veces dicen otra cosa.

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Nota documental

Las referencias documentales citadas en este artículo proceden del análisis del procedimiento sumarísimo nº 21001 instruido contra Miguel Hernández, así como de la resolución judicial dictada en el procedimiento contencioso-administrativo relacionado con este caso.

En dicha resolución se examina la intervención de Antonio Luis Baena Tocón en aquel procedimiento histórico y se constata que:

• no solicitó ni firmó ninguna pena de muerte,

• su intervención se limitó a tareas documentales dentro del sumario,

• y algunas afirmaciones difundidas públicamente contenían inexactitudes acreditadas mediante la documentación aportada en el proceso.

La lectura completa del expediente permite comprender con mayor precisión el alcance real de aquella intervención y el contraste existente entre algunos relatos difundidos públicamente y lo que muestran los documentos.

 

Viernes, 6 de marzo de 2026

La historia que algunos prefieren resumir en “lo han tumbado x veces”

CUANDO LAS ETIQUETAS SUSTITUYEN A LOS DOCUMENTOS

Lo que aún queda por contar: juicios, falsedades, aplausos corporativos y una historia que algunos prefieren simplificar

Durante años se ha difundido una versión muy cómoda de esta historia: la de un investigador que publica sus trabajos y una familia que intenta reescribir el pasado.

Pero cuando se examinan los documentos, los procedimientos judiciales y las consecuencias reales de todo este proceso, la imagen resulta bastante distinta.

Quedan todavía muchas cosas por explicar: falsedades repetidas en publicaciones, simplificaciones interesadas de los procesos judiciales, insultos y amenazas recibidas, aplausos corporativos sin contraste documental y el uso indiscriminado de etiquetas ideológicas.

Y todo ello mientras el daño provocado por ciertos relatos continúa circulando en libros, artículos y redes sociales.

Por eso no he dejado de escribir. Porque todavía quedan documentos que leer.

 

Muchas piezas aún sin contar

Todavía quedan numerosos aspectos por abordar públicamente.

Entre ellos:

·      las falsedades difundidas en libros, artículos y entrevistas sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón;

·      las imputaciones dirigidas también contra mí por el simple hecho de pedir rectificación;

·      afirmaciones incorrectas pronunciadas incluso durante las sesiones judiciales del procedimiento civil;

·      la repetición acrítica de determinadas versiones en algunos medios de comunicación;

·      y la facilidad con la que muchas personas opinan o escriben sobre este asunto sin haber leído los documentos.

Una vez que un relato se instala en el espacio público, corregirlo resulta mucho más difícil que difundirlo.

 

El ruido alrededor del caso

Otro aspecto del que apenas se habla es el clima que se ha generado alrededor de este asunto.

Durante estos años he recibido insultos, descalificaciones y amenazas, especialmente en redes sociales.

En algunos casos ha sido necesario incluso presentar denuncias en comisaría, porque determinadas conductas traspasan claramente los límites de la discrepancia legítima.

Ese ambiente es una consecuencia bastante frecuente cuando un relato muy polarizado se instala en el debate público.

Quien intenta matizarlo o contrastarlo con documentos pasa rápidamente de ser un interlocutor a convertirse en un objetivo.

 

La experiencia real de los procedimientos judiciales

Atravesar un procedimiento judicial largo produce también una experiencia difícil de explicar a quien no la ha vivido.

Muchos ciudadanos imaginan los tribunales como el lugar donde la verdad termina imponiéndose con claridad.
La realidad es bastante más compleja.

En los juzgados intervienen profesionales muy diversos: algunos actúan con enorme rigor, pero otros parecen preocuparse más por la estrategia procesal, el dinero o la afinidad ideológica que por el fondo de los hechos.

 

Cuando una frase sustituye a un procedimiento judicial

Los procedimientos judiciales rara vez se reducen a una frase simple.

Sin embargo, en este caso se ha difundido repetidamente una simplificación muy característica: que determinadas acciones judiciales “se han tumbado x veces”, a veces acompañada por la afirmación de que “lo han tumbado en el Constitucional”.

Esa expresión ha sido utilizada públicamente por el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá como forma de justificar su posición.

La frase fue pronunciada, por ejemplo, durante la sesión judicial del 14 de octubre de 2024, tal como puede comprobarse en el vídeo oficial elaborado por el propio juzgado.

El problema es que esa fórmula sugiere al lector o al oyente que existirían múltiples sentencias judiciales dictadas directamente contra quien la pronuncia.

Sin embargo, algunos de los procedimientos mencionados ni siquiera estaban dirigidos contra él.

Durante el propio procedimiento civil la jueza dejó claro que se trataba de procedimientos distintos e independientes, que no podían presentarse como si fueran resoluciones acumuladas contra una misma persona.

Reducir procesos jurídicos complejos a una frase repetida muchas veces puede resultar eficaz como argumento retórico.

Pero no equivale necesariamente a explicar lo ocurrido.

Los procedimientos judiciales tienen fases, resoluciones parciales, recursos y cuestiones procesales que rara vez se mencionan cuando se utiliza esa simplificación.

Precisamente por eso resulta necesario explicar con detalle qué procedimientos se han seguido realmente, qué resoluciones se han dictado y qué aspectos siguen abiertos o pendientes de aclaración.

 

El daño que permanece

Las falsedades, una vez publicadas, no desaparecen fácilmente.

Quedan en:

·      artículos de prensa,

·      libros y publicaciones académicas,

·      entrevistas radiofónicas o audiovisuales,

·      blogs y redes sociales.

Y siguen circulando durante años.

Por eso el daño no es algo puntual:
se prolonga en el tiempo.

 

El uso indiscriminado de etiquetas

Otro fenómeno preocupante es el uso banal de determinadas etiquetas ideológicas.

Palabras como fascista se utilizan con una ligereza sorprendente para descalificar a cualquiera que no comparta una determinada interpretación histórica o política.

Ese recurso tiene una función clara: evitar el debate sobre los documentos.

Si alguien queda previamente etiquetado, ya no es necesario responder a sus argumentos.

Basta con la descalificación.

Lo más grave es que ese mecanismo no se aplica sólo a los vivos.

También se utiliza contra personas fallecidas, que ya no pueden defenderse ni responder a las acusaciones.

Ese ha sido el caso de mi propio padre.

Y cuando un familiar intenta corregir una falsedad o pedir rigor documental, la etiqueta se extiende inmediatamente también a él.

Así, el debate histórico desaparece y queda sustituido por una simple operación de etiquetado ideológico.

 

Los aplausos corporativos

En este proceso también se ha podido observar algo bastante conocido en determinados ámbitos académicos: el corporativismo automático.

Algunos colegas aplauden o respaldan determinados relatos sin haber examinado los documentos ni conocer realmente el caso.

Ese comportamiento revela algo preocupante:
para algunos profesionales parece pesar más la afinidad ideológica o la defensa del propio grupo que el examen riguroso de los hechos.

En ese contexto, la historia —que debería basarse en documentos y contrastes— queda a veces en un segundo plano.

 

Cuando los funcionarios hablan como activistas

Otro aspecto que merece reflexión es el comportamiento de algunos profesionales vinculados a instituciones públicas.

Personas que trabajan en archivos, museos o centros de investigación —instituciones que deberían caracterizarse por la neutralidad institucional— manifiestan en ocasiones opiniones personales muy contundentes en redes sociales o en espacios públicos.

Todo ciudadano tiene derecho a expresar sus ideas.

Pero conviene recordar que las opiniones personales no representan necesariamente a las instituciones públicas en las que trabajan.

Y cuando se habla desde determinadas posiciones profesionales, esa distinción resulta especialmente importante.

 

Tiempo al tiempo

Todo esto no se resolverá en un solo artículo.

Quedan aún muchas cuestiones por explicar: los procedimientos judiciales, las afirmaciones realizadas en determinadas sesiones del juicio, las falsedades difundidas en distintos textos y entrevistas, el impacto personal y familiar de todo este proceso, etc.

Ese trabajo continuará.

Parte de este material se está preparando para publicaciones más amplias, posiblemente en forma de libro, además de conferencias, presentaciones y exposiciones donde se podrán mostrar los documentos con calma.

 

**Las etiquetas circulan rápido. Los documentos permanecen.

Y cuando finalmente se leen completos, la historia suele resultar bastante distinta.**

CUANDO HABLAN DE “LOS SECRETARIOS”, ESTÁN HABLANDO DE MI PADRE

 CUANDO HABLAN DE “LOS SECRETARIOS”, ESTÁN HABLANDO DE MI PADRE

• Título original: Una delación contra los periodistas republicanos en Madrid bajo las hordas

• Autor: Juan Antonio Ríos Carratalá

• Fecha: viernes, 28 de julio de 2023

• Enlace: https://varietesyrepublica.blogspot.com/2023/07/una-delacion-contra-los-periodistas.html

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Tipo de alusión

Indirecta pero identificable. En esta entrada, Ríos no menciona el nombre de mi padre, pero sitúa a los “secretarios del Juzgado Militar de Prensa” como agentes activos de la acusación. Esa estrategia funcional vuelve a ubicarlo implícitamente como protagonista de la acción acusatoria: un cargo regulado que él transforma en acto voluntario.

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Fragmentos clave de la entrada

“Vistos numerosos sumarios seguidos contra periodistas republicanos, no me consta que esa información fuera explícitamente utilizada por los juzgados instructores.”

“En el caso del Juzgado Militar de Prensa, las fuentes de su documentación eran más directas y los secretarios apenas necesitaron consultar esas relaciones de las plantillas.”

“El cuerpo jurídico de los sublevados disponía de la práctica totalidad de la prensa republicana y la utilizó para sustanciar numerosos sumarísimos de urgencia.”

 

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Puntos discutibles y falaces

1. Salto inferencial entre duda y certeza
   Ríos comienza con “no me consta” y, en la misma entrada, pasa a afirmar que “los secretarios apenas necesitaron” esas listas. Es un cambio de registro sin prueba documental que lo sustente.

2. Afirmación maximalista no respaldada
   Decir que “la práctica totalidad de la prensa republicana” estaba en manos del cuerpo jurídico exige un respaldo documental fuerte. En la entrada no se proporciona.

3. Desplazamiento de responsabilidad institucional a agente individual
   Se asume que “los secretarios” actuaban más allá de sus funciones formales, como si tuvieran agencia propia. Este trabajo de personificación prepara futuras insinuaciones, como las que involucran a mi padre.

4. Relato emocional que favorece adhesión ideológica
   El lenguaje (“hordas”, “delación”, “práctica totalidad”) monta una estructura emocional que predispone al lector a aceptar la eficiencia acusatoria del aparato franquista. Pero eso no basta para probar autoría individual.

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Réplica narrativa: Cuando hablan de “los secretarios”, están hablando de mi padre

Otra vez se repite el patrón: se parte de un tema legítimo (delaciones en Madrid), pero se termina atribuyendo iniciativa personal a los secretarios del Juzgado Militar de Prensa —y por extensión, a mi padre— como si operaran con voluntad propia, sin normas ni límites. Se pasa de “no me consta” a “algo apenas necesario” en un salto retórico sin prueba, que convierte incertidumbre en acusación.

Mi padre ocupó el cargo de secretario adscrito a un juez durante parte de su servicio militar. No fue por elección heroica ni por ambición perversa: fue una función administrativa dentro de un sistema. Convertir eso en autoría moral es lanzarse al terreno de la insinuación —y eso es lo que Ríos hace aquí.

Si el cuerpo jurídico manejó prensa republicana —lo cual es plausible en algún grado—, corresponde distinguir cuándo eso obedeció a órdenes institucionales, cuándo a procedimientos legales y cuándo, si acaso, a excesos individuales. Pero la entrada no hace esa distinción: todo se mezcla y se nombra a los secretarios como si fueran agentes voluntarios de persecución.

No puedo aceptar que, sin prueba alguna, se siga señalando a mi padre por voluntad propia en cada artículo que aborda los “secretarios”. Que quien quiera hacer esa afirmación la haga con documentos, no con giros retóricos.

CUANDO EL “RIGOR” SE CONVIERTE EN SILENCIO: LECTURA IRÓNICA DE UN PANFLETO ACADÉMICO

Ayer hice una entrada de fondo ( https://www.antonioluisbaenatocon.es/l/cuando-el-rigor-se-convierte-en-silencio-lectura-ironica-de-un-panfleto-academico/ ) y hoy la hago de actualidad)

 

Durante años, ciertas asociaciones y voces académicas han presentado falsedades sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, como si fueran hechos históricos incuestionables.
Mientras esas falsedades se amplificaban en medios y blogs, mi versión fue sistemáticamente silenciada.
Ahora, en lugar de rectificar, publican panfletos envueltos en solemnidad académica.

El 8 de octubre de 2025, la Asociación de Historia Contemporánea (AHC) difundió un comunicado titulado:
“UNA SENTENCIA A FAVOR DE LA HISTORIA: ‘Derecho al olvido’ vs derecho a la investigación y al conocimiento de los hechos del pasado” (1).

En apariencia, se trata de un texto institucional impecable, lleno de referencias a la “libertad de investigación” y al “rigor historiográfico”. Pero detrás de esa fachada no hay ni una sola línea sobre los hechos judiciales que desmienten el relato que han defendido y amplificado durante años.

Evidentemente, La AHC invoca el rigor y la libertad de investigación… mientras omite las sentencias y los hechos que desmienten el relato que ha apoyado.

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I. El “rigor” que no existió

El comunicado arranca como un manifiesto académico: invoca el rigor, la ciencia y la memoria histórica.
Pero el primer rigor que deberían haber aplicado es el de contrastar. El 08/10/2025 la AHC publica su comunicado (1). Palabras solemnes sobre “método” y “ciencia historiográfica”.

Pregunta sencilla: ¿dónde estaba ese rigor cuando se difundieron falsedades sobre mi padre?
La liturgia del “rigor” no la han hecho. Ni ahora, ni cuando comenzó esta historia (Solo de palabra).

Cuando Ríos Carratalá difundió falsedades sobre mi padre —presentándolas como hechos históricos— esta misma asociación no pidió contraste alguno, no cuestionó nada, no consultó documentos, no mostró prudencia.
Ahora, cuando hay resoluciones judiciales que desmontan su relato, se limitan a publicar un panfleto lleno de eslóganes.

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II. El silencio como método

La sentencia contencioso-administrativa de Alicante acreditó hechos muy claros:

• Mi padre era abogado.

• No formó parte de ningún consejo de guerra.

• No pidió condena para nadie.

La sentencia civil de Cádiz (marzo de 2025) reconoció, además, la intromisión ilegítima en el honor de mi padre, y ordenó rectificación e indemnización.

Nada de esto aparece en el comunicado de la AHC.
Ni una línea. Ni una referencia.
El “rigor” se convierte aquí en silencio selectivo y en el rigor selectivo: lo que desmonta el relato, se calla.

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III. Libertad de expresión… para unos pocos

La AHC habla del derecho a investigar y divulgar hechos históricos como si estuviera defendiendo una causa noble.
Pero omite cuidadosamente que esta historia no comenzó con un debate académico, sino con la difusión de falsedades ideológicas sobre una persona fallecida, sin contraste ni prueba.

Mientras tanto, la voz de quien pide rectificación documentada —yo— ha sido sistemáticamente silenciada en medios y espacios académicos.
Libertad de expresión sí… pero para unos pocos. ¿Contrastar?, conlleva gastos, trabajo, esfuerzo, molestias y el corporativismo está por encima de la verdad en muchos casos, especialmente si hay ideologías por medio que nos pueden hacer la vida imposible...

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IV. “Derecho al olvido” como cortina de humo

La asociación presenta el “derecho al olvido” como si fuese una amenaza a la investigación histórica. El verdadero antagonista de la historia es la falsedad.
Pero aquí no hay “olvido” alguno: lo que se ha reclamado es veracidad, no censura.
Rectificar una falsedad no es borrar la historia.
Es dejar de deformarla.

El argumento del “derecho al olvido” es, en realidad, una coartada retórica para blindar su relato y no rendir cuentas de lo que no han querido contrastar.

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V. El megáfono final: Ríos Carratalá

Como viene siendo habitual, dos días después —el 10 de octubre de 2025— el comunicado fue amplificado por Juan Antonio Ríos Carratalá en su blog personal (2), en la posdata de su entrada titulada “El sumario colectivo de los periodistas alicantinos”.

Así funciona el engranaje desde hace años:

1. Una asociación lanza un panfleto.

2. Ríos lo amplifica desde su plataforma personal.

3. Ciertos medios y sectores afines lo replican sin contraste.

¿Resultado? La falsedad vuelve a circular como si fuera un hecho histórico consolidado.

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VI. Epílogo irónico (pero muy real): megáfonos en cadena.

Dos días después, 10/10/2025, Ríos lo difunde en su blog (2) -La cadena funciona: asociación escribe → catedrático amplifica → medios repiten. ¿Contraste? Ninguno.

Hablan de “rigor” los que callaron cuando debían contrastar.
Hablan de “libertad de investigación” quienes han difundido un relato sin documentos o con manipulación interesada de los mismos y con mucha ficción ideológica.
Hablan de “historia” quienes han ignorado sentencias que desmontan su discurso.

Lo que no les conviene, lo silencian.
Lo que les sirve, lo amplifican.
Y lo llaman libertad.

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Enlaces:

(1) https://ahistcon.org/una-sentencia-a-favor-de-la-historia-derecho-al-olvido-vs-derecho-a-la-investigacion-y-al-conocimiento-de-los-hechos-del-pasado/
(2) https://varietesyrepublica.blogspot.com/2025/10/el-sumario-colectivo-de-los-periodistas.html

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PANFLETOS, OMISIONES Y TRILERISMO ACADÉMICO (entrada de fondo)

 

la verdad que no cuentan ni la Asociación de Historia Contemporánea , ni el catedrático Ríos Carratalá

Hay historias que no nacen en los archivos, sino en las trincheras ideológicas. Y hay falsedades que no se sostienen con documentos, sino con altavoces mediáticos. La mía es una de ellas: desde 2019 el nombre de mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, y el mío propio han sido arrastrados a una guerra de trincheras ideológicas iniciada por Juan Antonio Ríos Carratalá, no por mí..

Durante años he soportado en silencio que Juan Antonio Ríos Carratalá difundiera falsedades sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, presentándolas como si fueran “verdades históricas”. A eso lo llamó “investigación académica”. A mi protesta —documentada, razonada y fundada— la llamó “censura” y “ataque a la libertad de expresión”. Él tuvo todos los micrófonos y tribunas mediáticas; yo ninguno y fui censurado y silenciado.

I) El origen de una gran mentira mediática (2015–2019)

No empecé yo. Se impuso un relato ideológico de Ríos Carratalá y amplificado. Mientras a Ríos le abrían puertas, a mí me las cerraban. Que le pidan explicaciones de lo que alegó sobre mí para que nadie me diera voz, porque yo no tuve la oportunidad de pronunciarme… No pedí borrar archivos ni reescribir la historia: pedí rectificar falsedades documentales. Ese fue el “pecado imperdonable”. Véase (1) y (2).

No pedí borrar la historia; pedí que no mintieran sobre ella.

II) El altavoz: panfletos sin contraste

En octubre de 2025, la Asociación de Historia Contemporánea (AHC) publica un panfleto sobre una “sentencia a favor de la historia”, actuando como altavoz ideológico, difundiendo panfletos sin contrastar. Lo que no dicen es más importante que lo que repiten. Omiten resoluciones que desmontan la narrativa de Ríos y llenan el texto de consignas: “libertad de expresión”, “derecho a investigar”, “memoria histórica”. La AHC no contrasta, pontifica.
Ríos, como siempre, actúa de altavoz. Véanse (3), (4) y (5).

III) Lo que dicen las sentencias (y ellos callan)

La contencioso-administrativa de Alicante dejó acreditado:
– que mi padre era abogado,
– que no formó parte de ningún consejo de guerra,
– que no pidió condena para nadie.

Nada de esto aparece ni en el comunicado de la AHC ni en los textos de Ríos. Tampoco hablan de la sentencia civil de Cádiz (marzo de 2025). Prefieren el eslogan al documento. Sobre el “tengas pleitos y los ganes”, véase (6).

El silencio sobre las sentencias es tan elocuente como las falsedades que repiten.

IV) Cuando recurrir a la justicia se usa en tu contra

Recurrir tiene costes reales. A veces una instancia se inadmite por razones formales y sin explicación pública clara. Luego usan eso como arma (“no tenía razón de fondo”), aunque no se haya entrado al fondo. Y si los papeles se invirtieran, ya sabemos el escándalo. Cuando las insinuaciones vienen de ellos, silencio.

Si un ciudadano pierde una instancia, lo exhiben como trofeo.
Si un catedrático insinúa que una jueza es “franquista”, ni un titular.

V) Trilerismo y retórica

Unos hablan de cinco procesos; otros, de tres. La cuenta da igual: lo crucial es el ruido para tapar el fondo. Se presentan como víctimas de censura quienes han gozado de todos los altavoces. “Libertad”, “investigación”, “memoria”… como escudo para esquivar los hechos.

VI) El coste humano y moral

No es una polémica académica: es una herida real. Años de difamación pública, silencio institucional y cobardía mediática. Mientras ellos jugaban con palabras, yo vivía las consecuencias. Véase (7).

VII) Conclusión

La historia no se defiende con consignas, sino con archivos y honestidad. La libertad de expresión no ampara la falsedad. El derecho al honor no es un capricho.
La repetición no convierte una falsedad en verdad. El silencio sobre una sentencia no la borra.

La verdad no necesita panfletos, solo documentos.

Enlaces

(1) https://www.antonioluisbaenatocon.es/l/el-origen-del-engano-2015-2016/
(2) https://www.antonioluisbaenatocon.es/l/la-farsa-de-la-colaboracion-2019/
(3) https://www.antonioluisbaenatocon.es/l/respuesta-a-la-asociacion-de-historia-contemporanea/
(4) https://www.antonioluisbaenatocon.es/l/el-catedratico-condenado-que-engano-a-la-opinion-publica-con-apoyo-academico-y-politico/
(5) https://ahistcon.org/una-sentencia-a-favor-de-la-historia-derecho-al-olvido-vs-derecho-a-la-investigacion-y-al-conocimiento-de-los-hechos-del-pasado/
(6) https://www.antonioluisbaenatocon.es/l/tengas-pleitos-y-los-ganes-refranero-gitano/
(7) https://www.antonioluisbaenatocon.es/l/nuevas-muestras-de-solidaridad/

CUANDO HABLAN DE “ESE SECRETARIO”, HABLAN DE MI PADRE...

 

• Título original: El asesinato de García Lorca visto por Echea

• Autor: Juan Antonio Ríos Carratalá

• Fecha: 4 de junio de 2023

• Enlace: https://varietesyrepublica.blogspot.com/2023/06/el-asesinato-de-garcia-lorca-visto-por.html

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Tipo de alusión

Indirecta pero identificable: En este artículo, Ríos no escribe el nombre de mi padre, pero lo señala sin disimulo al referirse al “secretario del Juzgado Militar de Prensa”.

Ese cargo, más precisamente definido como secretario de un juez adscrito a dicho Juzgado…, lo ocupó mi padre durante una parte de su servicio militar en la inmediata posguerra. El uso de este cargo no es neutro, sino claramente acusatorio y estigmatizante, al atribuirle prácticas inquisitoriales sin prueba alguna y funciones que, según el propio Ministerio de Defensa, no correspondían a ese puesto. Es su manera habitual de actuar: lanzar insinuaciones, no nombres. Pero todos los que conocemos la historia real sabemos a quién se refiere. Y esa insinuación es tan calculada como dañina.

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Fragmentos clave de la entrada

“El secretario del Juzgado Militar de Prensa hizo, a su manera, el mismo trabajo durante la inmediata posguerra, pero solo a la búsqueda de algunas pruebas aisladas con que inculpar a los procesados.”

“[…] probar hasta qué punto los informes remitidos por ese secretario a veces se alejaban de la realidad documentada. La premura en la instrucción es obligatoria en los sumarísimos de urgencia y esta circunstancia suele inducir a notables errores, que en ocasiones derivan en condenas a muerte.”

“Echea se hace eco de la luctuosa noticia el 10 de septiembre de 1936 y acierta cuando vislumbra hasta qué punto la sombra de esa muerte hará célebres a sus asesinos…”

“La alternativa, mucho menos perjudicial para sus intereses, fue dejar morir al poeta de miseria en la cárcel alicantina.”

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Puntos discutibles y falaces

1. Culpabilización sin pruebas

Presenta a “ese secretario” como si existieran documentos que demuestran tergiversaciones o falsificaciones, pero no muestra ninguno. La acusación queda flotando, cargada de sospecha moral, pero huérfana de prueba.

2. Doble vara de medir

En el mismo texto elogia la hemeroteca madrileña que consulta —que “le ha permitido escribir su ensayo”—, pero en otros escritos ha dicho que esa misma hemeroteca fue “expurgada” —¡por el mismo secretario!—… es decir, por mi padre. Una acusación que le resulta útil para reforzar su guion ideológico y acusador, incluso a costa de contradecirse.

3. Confusión narrativa deliberada

Mezcla la figura de Echea (caricaturista), el asesinato de Federico García Lorca, la detención de Miguel Hernández y la figura del secretario para crear un clima emocional donde se “sabe” quién es el villano aunque no se diga. Esa mezcla de ‘churras con merinas’ es un recurso retórico que sitúa implícitamente a mi padre del lado de los verdugos de poetas. No es un recurso historiográfico, sino un mecanismo de manipulación discursiva.

4. Bando bueno vs. bando malo

Se borra del mapa toda la violencia republicana (por ejemplo, el asesinato de mi abuelo, incluso cambiándolo de bando por la conveniencia de su relato). No hay una sola mención al terror republicano, ni a que también hubo víctimas, familias rotas y asesinatos brutales cometidos desde ese otro lado (objeto también de sumarios). Refuerza así el estereotipo de un franquismo sanguinario y unos republicanos benévolos. El relato es monocromo, y siempre con los mismos “malos”.

5. Sentimentalismo manipulador

La frase “dejar morir al poeta de miseria en la cárcel alicantina” está diseñada para agitar emociones y reforzar su discurso ideológico, no para informar con rigor. Afirmación falaz con lenguaje sentimental. Si el contexto fuera otro, el tono no sería tan melodramático. Este tipo de frases son las que transforman hechos complejos en relatos morales prefabricados.

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Réplica narrativa: “Cuando hablan de “ese secretario”, hablan de mi padre”...

No hace falta que lo nombre para que quede claro a quién apunta. Cuando habla del “secretario del Juzgado Militar de Prensa”, está hablando de mi padre. Hubo otros secretarios, pero en la sesión judicial del 14 de octubre de 2024 llegó a afirmar que mi padre era omnipresente: “aunque no figurara su firma, allí estaba” —según su propio relato— (declaración registrada en la grabación judicial a la que dedicaré otra entrada).” . Lo hace como siempre: con frases ambiguas, acusaciones envueltas en lirismo, pero sin argumentos sólidos y para activar el marco narrativo que lleva años construyendo, pero sin un solo documento que lo respalde.

Mi padre fue secretario adscrito a un juez durante parte de su servicio militar. No eligió ese destino —aunque Ríos ha repetido en más de una ocasión que todos los que estaban allí eran voluntarios que buscaban “beneficiarse personalmente”—. No era un inquisidor con vocación de cazador de poetas. Era un joven que había estado exiliado por haber sido extremadamente perseguido con grave riesgo para su vida y que, al regresar, no tuvo más remedio que cumplir con la obligación que le impusieron. Esta circunstancia —que Ríos negará en futuras entradas suyas “con el rigor que le caracteriza”— se la podría contar a mi abuela, a mis tíos paternos, a otros familiares y personas allegadas que tanto sufrieron con ello y, por supuesto, a la memoria viva que tenemos sus descendientes (hijos y sobrinos) de lo que tuvo que padecer en Marsella antes de volver a España (“ese sufrimiento familiar no ha existido según el rigor académico de Ríos Carratalá”).

Nada de esto aparece en su relato. No interesa. Lo que sí aparece es la insinuación de que mi padre “buscaba pruebas para inculpar”, por supuesto por afición, voluntarismo e iniciativa propia según el catedrático y que “sus informes se alejaban de la realidad documentada”. Palabras vacías de prueba. Lo suyo no es demostrar, sino contar historias a medida…, con héroes y villanos asignados de antemano.

A esto se suma su ejercicio de equilibrismo: ensalza la hemeroteca que utiliza, pero acusa a mi padre de haberla manipulado. Y por si no bastara, asocia ese escenario con García Lorca y Miguel Hernández, nombres sagrados en la memoria antifranquista. Es como si dijera: “yo, que defiendo a los poetas asesinados, estoy contra los que los persiguieron”, para dotar su relato de solemnidad emocional. Y a mi padre lo sitúa, sin nombrarlo, en el lado oscuro de una escenografía que él mismo ha construido.

Mientras tanto, silencio absoluto sobre mi abuelo, republicano asesinado por republicanos por negarse a participar en el asesinato de inocentes y razones de fe. Silencio también sobre la persecución posterior que sufrió mi padre, a quien intentaron darle el mismo destino que a su padre. Esas víctimas no encajan en su guion. No hay espacio para ellas.

La frase final sobre ‘dejar morir al poeta de miseria’ es tan efectista como simplista: un golpe emocional, no un argumento histórico. Ríos Carratalá no hace historia: hace guion ideológico. Y cuando ese guion salpica a personas reales —como mi padre— sin pruebas, deja de ser historiografía para convertirse en difamación envuelta en lirismo.

Por eso, cada vez que Ríos vuelve a recurrir a la sombra de ese “secretario” anónimo, no está haciendo historia. Está construyendo un relato maniqueo, útil para su causa y rentable para su imagen pública.
Y yo no pienso quedarme callado ante esa manipulación.