El precio de defender la verdad: una respuesta al relato impuesto.
Contra la infamia mediática: el caso Baena Tocón en El Confidencial.
El
25 de marzo de 2025, un amigo me envió el siguiente
enlace:
https://www.elconfidencial.com/amp/espana/comunidad-valenciana/2025-03-25/miguel-hernandez-guerra-civil_4091635
Este artículo, publicado por El Confidencial, merece una respuesta. Y aquí la doy.
El catedrático intentó engañar al solicitante, quien únicamente pedía la retirada de un enlace que, según el propio catedrático, dependía directamente de él. Lo hizo sabiendo que había producido muchas más publicaciones —artículos, libros, entrevistas, etc.— en las que afirmaba cosas aún más graves, reescribiendo de forma falaz la vida de Antonio Luis Baena Tocón. Lo presentaba como funcionario cuando no lo era, aseguraba que carecía de formación salvo dos o tres asignaturas aprobadas de la Licenciatura en Derecho, y lo acusaba de haber servido al régimen franquista firmando penas de muerte para avanzar en una supuesta carrera funcionarial, con ascensos meteóricos y sueldos jugosos. Todo esto constituye un bulo, construido para reforzar la idea de que todos los funcionarios de la época franquista eran cómplices del régimen, a los que él califica sistemáticamente de franquistas. Sin embargo, Baena Tocón solo firmó documentos como secretario de un juzgado al que fue asignado.
En medio de esta polémica, el catedrático ha tenido aún más tiempo para ampliar su bulo historiográfico, sintiéndose ofendido porque el hijo del aludido cuestionó su "rigor histórico". Desde entonces, no ha dejado de descalificar al padre fallecido, en un intento por silenciar la voz del hijo, quien, a diferencia de muchos historiadores —que por corporativismo han apoyado incondicionalmente a su colega—, ha recurrido a todo tipo de fuentes documentales. A esto se suma la difusión mediática de dichas afirmaciones sin ningún tipo de contraste, lo cual ha causado un daño profundo y multidimensional (moral, psicológico, social, económico, etc.) al reclamante y a toda su familia.
Esta historia ha supuesto seis años de sufrimiento para la familia de Antonio Luis Baena Tocón, a quien no se le ha escuchado y se ha intentado silenciar a través de los medios de comunicación. El demandante ha padecido el llamado efecto Streisand: convertirse en tendencia en redes, ser objeto de más publicaciones, entrevistas, repeticiones de noticias, y, en consecuencia, recibir numerosos insultos y amenazas. Mientras tanto, el catedrático se victimiza, pretende aparecer como una víctima, alegando estar del lado de las víctimas… pero solo de unas muy concretas. Su fanatismo ideológico le impide reconocer que no ha actuado con la responsabilidad que se espera de alguien en su posición.
Todo esto se podría haber evitado de dos formas: primero, adoptando una postura neutral y no utilizando su cargo de relevancia para imponer una memoria ideologizada; segundo, rectificando. Pero prefirió no hacerlo. Su intención era jubilarse como catedrático emérito, y su soberbia, unida a su sesgo ideológico, no le permitió dar marcha atrás. Optó por una huida hacia adelante, apoyado por colegas, grupos políticos, asociaciones, y sus excelentes contactos en los medios de comunicación, intentando acallar a quien cuestiona su relato. No lo hace por capricho, sino con conocimiento de causa, consciente de la falsedad del discurso del catedrático.
Lo más preocupante es que personas como él tienen hoy en sus manos la construcción de la llamada Memoria Democrática en nuestro país. Son quienes, sistemáticamente, llaman "fascista" a cualquiera que piense distinto o se atreva a replicarles, escudándose en apoyos externos y fomentando la crispación social, como si quisieran ganar una guerra que, según dicen, perdieron sus mayores. Como si el padre del reclamante hubiera ganado algo en ella.
En este contexto, resulta pertinente recordar las palabras del
catedrático de Historia Contemporánea de la UCM, Gutmaro Gómez
Bravo, con las que se puede estar plenamente de acuerdo, aunque ya
nada tengan que ver con el caso en cuestión:
“Se está
juzgando todo a nivel político porque se utiliza políticamente el
pasado. Todo lo demás queda supeditado a estas ideas. Ya no importa
ni el proceso a Miguel Hernández ni los acontecimientos, sino lo
secundario: las declaraciones que se hacen ahora, en 2025. Y eso es
lo que marca la agenda porque se utiliza políticamente. Eso tiene
efectos para quienes nos dedicamos a la investigación o a la
educación, porque la gente joven pasa del tema.”
Lo cierto es que quienes están actuando de esa forma —utilizando el pasado con fines políticos— lo hacen a costa del nombre de Antonio Luis Baena Tocón, quien padeció mucho más de lo que se ha dicho, y cuya historia ha sido manipulada de forma injusta y falsa.
https://antonioluisbaenatocon-es6.cms.webnode.es/l/respuesta-a-la-asociacion-de-historia-contemporanea/ ,donde señalaba cómo criticaban abiertamente la resolución judicial, tomando parte sin reservas, tal como ellos mismos han reconocido públicamente. Para muchos de ellos, la justicia solo es válida cuando les da la razón.
De forma similar han actuado otras instituciones y personas del entorno académico del catedrático. Con algunas de ellas me he reunido personalmente, y, aunque en un inicio expresaban su apoyo incondicional, tras plantearles ciertas preguntas —recogidas en mi publicación con enlace https://antonioluisbaenatocon-es6.cms.webnode.es/l/controversias-en-torno-a-la-obra-de-juan-antonio-rios-carratala-una-revision-critica-del-rigor-historiografico/— su postura cambió. Entonces comentaban que habían entendido mal la situación, que respetaban las decisiones judiciales, que solo apoyaban la libertad de investigación (¿y quién no?). Irónicamente, es el propio Sr. Ríos Carratalá quien afirma que la investigación en España está en peligro… por mi culpa.
El Confidencial también hace referencia a una supuesta serie de demandas. Sin embargo, conviene aclarar que solo existió una demanda inicial de carácter contencioso-administrativo. Esta fue remitida a una instancia superior, ya que el juez de primera instancia se declaró no competente en materia educativa. Fue esa instancia superior la que apreció indicios susceptibles de dar lugar a un procedimiento civil. Si se quiere contabilizar un mismo proceso como si fueran varios, adelante… pero no es exactoPor otro lado, en alguna otra demanda ni siquiera figura el Sr. Ríos Carratalá como demandado, aunque él, adoptando el papel de víctima, se atribuye tal condición. Además, El Confidencial mezcla datos procedentes de ambas demandas —la inicial y la relacionada con Google—, lo cual evidencia un desconocimiento real y profundo de los procesos judiciales en cuestión.
Por fin se habla de lo que digo yo. Ya era hora de que alguien recogiera mi versión, porque durante todo este tiempo se ha intentado silenciarme. Todo lo que he dicho está documentado: me he tomado la molestia de acudir a todo tipo de archivos —públicos y privados, civiles y religiosos— en distintas ciudades. He visitado lugares donde trabajó mi padre, he hablado con personas que lo conocieron, incluidos familiares a los que no veía desde hacía más de 50 años y que conocen bien la realidad familiar.
¿Y qué va a decir Ernest Urtasun? Pues lo que quiera Ríos Carratalá… también de forma incondicional.
Las opiniones del Sr. Ríos Carratalá también están reflejadas en este artículo, no así las mías. Sin embargo, la cuestión no se reduce simplemente a si existe o no libertad de expresión —que, en mi opinión, sí existe—, sino al uso que algunos hacen de ella, creyéndola un derecho exclusivo, sin atender al límite fundamental de la veracidad. El Sr. Catedrático, además, demuestra tener la piel muy fina. En el juicio civil celebrado en octubre de 2024, su abogado llegó a presentar como insultos ciertas expresiones mías completamente sacadas de contexto; algunas, como “curioso personaje”, probablemente provocaron más de una sonrisa. Como catedrático de Literatura, sus propias críticas hacia otros difícilmente podrían considerarse suaves, pero se ofende cuando se le califica como “curioso personaje”, una expresión aplicada a actitudes que, simplemente, no se corresponden con las de un historiador riguroso.
No quiero pronunciarme sobre la sentencia ni sobre el sumario; ambos son de dominio público y cada cual puede leerlos y sacar sus propias conclusiones. En dicho sumario hay otros errores que, sin ser historiador, he detectado. Quizá el propio Ríos Carratalá debería leerlos con más atención para darse cuenta de ellos… aunque, siendo honestos, eso es tarea de los historiadores, y me temo que a él le interesa más juzgar “a los malos” que analizar con objetividad. A mí, en cambio, me afecta personalmente, y por eso solo me pronuncio sobre las falacias que afectan directamente a la figura de mi padre.
En resumen:
A lo largo de estos años, no se ha intentado judicializar la Historia, sino defender la verdad frente a una tergiversación interesada que ha causado un daño profundo y prolongado a la memoria de Antonio Luis Baena Tocón y a su familia. La negativa del catedrático de literatura española —que se presenta como historiador— a retirar una simple URL dio pie a una cadena de reacciones desproporcionadas, con manipulaciones mediáticas, falsas acusaciones y una victimización que ha terminado por instalar un relato profundamente injusto.
El catedrático, con el respaldo incondicional de colegas, asociaciones y medios de comunicación, ha reescrito la vida de Baena Tocón de forma burda, sin pruebas sólidas y sin atender a la documentación que desmiente sus afirmaciones. Mientras él se escuda en una supuesta defensa de la libertad de expresión, ha silenciado otras voces —especialmente la del hijo del afectado— que, con rigor y paciencia, han recorrido archivos, consultado fuentes y reconstruido la realidad familiar desde el respeto y la documentación veraz.
En este proceso, se ha recurrido a la justicia de forma legítima, pese a la confusión que algunos medios como El Confidencial han generado, simplificando y mezclando procedimientos legales distintos. El sufrimiento no ha sido solo jurídico, sino también moral, social y psicológico, agravado por la falta de contraste en la información difundida y por la instrumentalización del pasado con fines ideológicos.
Lo más grave es que este tipo de relatos falsos han encontrado eco entre quienes hoy tienen en sus manos la llamada Memoria Democrática. Se ha sustituido el análisis riguroso por el activismo partidista, donde el matiz no tiene cabida y cualquiera que disienta es etiquetado de forma automática. No se trata de negar la existencia de víctimas ni de silenciar la historia, sino de exigir verdad, proporcionalidad y responsabilidad, especialmente cuando lo que está en juego es el honor de personas que ya no pueden defenderse.
Mi compromiso, por tanto, no es con una ideología ni con una narrativa impuesta, sino con la memoria real de mi padre y con la verdad documentada. No busco revancha, pero sí justicia frente a una cadena de falacias que nunca debieron convertirse en dogma.
Algunos comentarios en dicha publicación de El Confidencial: