Cuando el hallazgo documental plantea preguntas sobre el acceso a los archivos, la difusión de datos personales y el silencio ante una solicitud de aclaración.
Colegio de Abogados de Sevilla, 29 de octubre de 2026. Una puerta abierta, un expediente consultado y unas preguntas todavía sin respuesta.
Jerez de la Frontera, 9 de noviembre de 2026
Con esta tercera y última entrega pretendo cerrar
el paréntesis que abrí a propósito de la peculiar afición pesquera del profesor
Juan Antonio Ríos Carratalá.
En las dos entradas anteriores comenté su
satisfacción por haber descubierto que mi padre, Antonio Luis Baena Tocón,
había estado colegiado en el Colegio de Abogados de Sevilla entre 1950 y 1981.
Un descubrimiento que, para nuestra familia, no
tenía nada de extraordinario.
Pero hoy no voy a hablar de la licenciatura de mi
padre, de sus títulos académicos ni de las interpretaciones que el citado
catedrático ha venido realizando sobre ellos.
Hoy voy a hablar de los documentos, de las
condiciones en que se obtienen y de las preguntas que surgen cuando alguien
parece conocer unas reglas que después no sabemos cómo se aplicaron.
Una visita al
Colegio de Abogados de Sevilla
El jueves 29 de octubre me desplacé personalmente
a Sevilla para obtener copia del expediente de mi padre en el Colegio de
Abogados.
Había solicitado previamente la consulta a don
Francisco Javier Ramos Jiménez, responsable del archivo, quien me atendió con
amabilidad y rapidez en nuestras primeras comunicaciones, indicándome que podía
acudir cualquier día laborable entre las ocho de la mañana y las dos de la
tarde.
Nada que objetar hasta aquí.
Cuando llegué, el señor Ramos Jiménez se
encontraba ausente y fui atendido por otros empleados del departamento.
Aproveché para formular una pregunta que me
parecía perfectamente natural:
¿Podía cualquier persona consultar el expediente
de un antiguo colegiado fallecido?
La respuesta fue negativa. Me explicaron que se
trataba de documentación personal y que su acceso no estaba abierto
indiscriminadamente a terceros.
Posteriormente llegó el señor Ramos Jiménez,
quien confirmó aquellas explicaciones. Hizo referencia a la legislación sobre
protección de datos y señaló que el expediente de mi padre contenía únicamente
información de carácter particular.
Incluso mencionó que uno de sus hijos había
tramitado su baja colegial. Era evidente que conocía el contenido del
expediente.
Hasta aquí, tampoco tendría nada que objetar.
El problema surgió unas horas después.
Una
coincidencia que merece explicaciones
De regreso a casa, volví a leer la entrada
publicada por Ríos Carratalá el 15 de octubre, titulada «Un nuevo dato acerca
del alférez Baena Tocón».
Y entonces reparé en algo que anteriormente me
había pasado inadvertido.
El profesor identificaba expresamente a la
persona que le había remitido documentación del expediente de mi padre el 6 de
julio.
Su nombre era Francisco Javier Ramos Jiménez.
Exactamente la misma persona que aquella mañana
me había explicado las restricciones de acceso al expediente y su carácter
estrictamente personal.
Confieso que me sorprendió.
No porque el responsable de un archivo conozca
los documentos que custodia. Eso es perfectamente normal.
Me sorprendió porque no lograba conciliar las
explicaciones recibidas con la afirmación pública de que se habían remitido
copias digitalizadas a un investigador ajeno a nuestra familia.
¿Existía alguna autorización específica?
¿Se había aplicado un procedimiento especial para
investigadores?
¿Se habían facilitado solamente determinados
documentos?
¿Eran compatibles aquellas condiciones de acceso
con lo que se me había explicado esa misma mañana?
No lo sabía entonces.
Y sigo sin saberlo.
Un correo y
una respuesta que no llega
Aquella misma noche, a las 20:11, envié un correo
electrónico al señor Ramos Jiménez.
Lo hice con absoluta corrección, agradeciendo la atención
recibida y explicándole mi sorpresa.
Le facilité el enlace a la publicación de Ríos
Carratalá, reproduje los párrafos en los que aparecía identificado y le
pregunté cómo debía interpretar aquella circunstancia a la luz de las
explicaciones que personalmente me había ofrecido.
También le señalé otra cuestión.
Ríos Carratalá había escrito que no reproducía la
documentación porque el Colegio no le había aclarado si disponía de la
correspondiente autorización.
Sin embargo, añadía que las copias digitalizadas
estaban a disposición de quienes desearan consultarlas por motivos de
investigación o para completar la memoria familiar.
Es decir, manifestaba ciertas reservas para
reproducir los documentos en su blog, pero al mismo tiempo ofrecía facilitarlos
a terceros.
¿Contaba con autorización para hacerlo?
¿Era compatible esa oferta con las restricciones
que se me habían explicado?
También lo pregunté.
Y dejé expresamente claro que no pretendía
formular acusaciones ni prejuzgar la actuación de nadie.
Solamente solicitaba una explicación.
Han transcurrido once días y, a fecha de
publicación de esta entrada, no he recibido respuesta.
Puede haber razones perfectamente comprensibles
para esa demora.
Pero no deja de llamarme la atención que quien
respondió con tanta rapidez a mis primeras solicitudes no haya contestado
todavía a unas preguntas que considero razonables.
No interpretaré ese silencio como prueba de
ninguna irregularidad.
Tampoco voy a fingir que las preguntas han
desaparecido por el simple hecho de no haber obtenido respuesta.
El documento
encontrado y el documento compartido
Hay una distinción que considero esencial.
Una cosa es consultar legítimamente un documento.
Otra, obtener una copia.
Y otra diferente, reproducirlo públicamente o
ponerlo a disposición de terceras personas.
Las tres actuaciones no tienen necesariamente
idénticas condiciones.
Tampoco toda documentación de una persona
fallecida está sometida automáticamente a las mismas restricciones. La
legislación contempla diferentes supuestos, y su aplicación exige examinar la
naturaleza de los documentos y del archivo que los custodia.
Por eso no afirmo que Ríos Carratalá haya
obtenido ilícitamente el expediente.
Lo que afirmo es que todavía desconozco qué
condiciones permitieron su entrega y su eventual difusión posterior, pese a
haber solicitado una aclaración expresa.
Y considero legítimo querer conocerlas.
Especialmente cuando el propio responsable del
archivo me explicó que el expediente contenía datos personales y que su acceso
estaba restringido.
¿Qué interés
histórico tiene la baja de un colegiado?
Hay otra cuestión que tampoco quiero dejar pasar.
Ríos Carratalá consideró oportuno publicar que la
solicitud de baja colegial de mi padre, presentada en 1981, había sido firmada,
según su interpretación, por uno de sus hijos.
¿Y bien?
¿Qué aporta ese dato a la investigación sobre los
consejos de guerra de periodistas y escritores?
¿Qué relevancia tiene para comprender el
funcionamiento del Juzgado Especial de Prensa?
¿Qué conclusión histórica puede extraerse de que
un hijo realizara una gestión administrativa en nombre de su padre?
Hasta ahora no he encontrado respuesta.
Naturalmente, un investigador puede consultar
documentos personales cuando existe una finalidad legítima que lo justifica.
Pero la mera existencia de un dato en un
expediente no lo convierte automáticamente en una aportación relevante para la
historia.
Encontrar algo no equivale a descubrir algo
importante.
Y publicarlo tampoco demuestra su utilidad.
A veces, la trascendencia de un hallazgo parece
depender más del entusiasmo de quien lo anuncia que de su verdadero contenido.
Un antecedente
que no puedo olvidar
Este episodio me ha recordado lo sucedido años
atrás con la documentación militar de mi padre conservada en el Archivo General
Militar de Segovia.
En 2019 mantuve una conversación con quien
entonces dirigía aquel archivo, precisamente para conocer las condiciones en
que podía consultarse el expediente.
Según recuerdo, me manifestó sus reservas sobre
la forma en que anteriormente se habría facilitado aquella documentación y me
explicó que, conforme al criterio aplicado entonces, una consulta semejante
habría requerido autorización familiar.
No dispongo de una resolución que declare
irregular aquella entrega y, por tanto, no voy a presentarla como tal.
Pero sí puedo decir que aquella conversación me
produjo dudas que nunca quedaron completamente aclaradas.
Ahora, ante lo ocurrido con el expediente
colegial de Sevilla, vuelvo a encontrarme con una situación que merece
explicaciones.
No estoy diciendo que ambos casos sean idénticos.
Estoy diciendo que el acceso a documentos
personales no debería convertirse en una cuestión cuya regularidad tengamos que
deducir de conversaciones, publicaciones y silencios.
Si todo se ha hecho correctamente, debería poder
explicarse con naturalidad.
La
investigación y sus límites
El profesor Ríos Carratalá ha recurrido a la
imagen del pescador para explicar su perseverancia investigadora.
No discuto que investigar requiera paciencia.
Tampoco que un historiador o un estudioso de la
literatura pueda encontrar documentos inesperados.
Lo que cuestiono es la utilización que se hace de
determinados hallazgos y la insistencia en presentar como descubrimientos
relevantes datos que apenas guardan relación con el objeto declarado de la
investigación.
Porque conviene recordar algo.
Mi padre no es un personaje de ficción.
Fue una persona real, con una vida familiar,
académica y profesional, y con descendientes que todavía podemos comprobar lo
que se publica sobre él.
Y esos descendientes tenemos derecho a preguntar
por qué determinados aspectos de su vida privada se convierten reiteradamente
en materia de exposición pública.
No se trata de impedir que se investigue.
Se trata de exigir que la investigación sea
rigurosa, que las conclusiones estén justificadas y que la difusión de
información personal responda a una finalidad reconocible.
La libertad de investigación no exime de explicar
la pertinencia de lo investigado ni convierte cualquier curiosidad en un
hallazgo histórico.
Una aclaración
que sigo esperando
Quiero terminar dejando algo perfectamente claro.
No he denunciado al Colegio de Abogados de
Sevilla ni a su responsable.
No afirmo que se haya cometido una infracción
legal.
No conozco las condiciones concretas en que se
remitió la documentación a Ríos Carratalá.
Y precisamente por eso he preguntado.
Lo hice directamente a la persona que, según la
publicación del profesor, intervino en aquella remisión y que, además, me
explicó personalmente las restricciones de acceso al expediente.
Mi solicitud fue respetuosa, concreta y
perfectamente comprensible.
A día de hoy continúa sin respuesta.
Si la recibo, y aporta información relevante, no
tendré inconveniente en dar cuenta de ella y corregir cualquier interpretación
que resulte necesario revisar.
Es lo que considero que debe hacerse cuando
aparecen nuevos documentos o explicaciones.
Una práctica que, por cierto, siempre he
defendido también respecto de las publicaciones sobre mi padre.
El último
lance
Con esta entrada doy por concluido, al menos por
mi parte, este tercer paréntesis.
No pienso seguir discutiendo indefinidamente sobre el supuesto carácter
extraordinario de un expediente de colegiación cuya existencia nunca fue un
misterio para nuestra familia y cuya relevancia para las investigaciones
sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores sigo sin alcanzar a
comprender. Porque una cosa es encontrar un documento y otra muy
distinta convertir un dato administrativo, perfectamente ordinario, en un
acontecimiento digno de especial reconocimiento académico. A veces,
cuesta distinguir si lo que se pretende destacar es la importancia del hallazgo
o el protagonismo de quien anuncia haberlo encontrado.
Pero tampoco quiero cerrar el asunto sin dejar
constancia de las preguntas que ha suscitado.
Ríos Carratalá nos habló del pescador que lanza
pacientemente su caña hasta obtener una recompensa.
Yo añadiría una última consideración.
En la pesca no solo importa la captura.
También existen permisos, condiciones y límites.
Y, cuando alguien exhibe orgullosamente lo que ha
pescado, no resulta descabellado preguntarle dónde y cómo lo hizo.
Porque el rigor documental no comienza cuando el
investigador interpreta lo que ha encontrado. Comienza también cuando decide
cómo obtenerlo, qué hacer con ello y qué razones tiene para divulgarlo.
Y si, después de formular esas preguntas, la
respuesta no llega, las preguntas siguen ahí.
No como una condena.
Sino como una explicación pendiente.
Fuentes y
documentación
- Juan
Antonio Ríos Carratalá, «Un nuevo dato acerca del alférez Baena Tocón», Varietés
y República, 15 de octubre de 2026.
https://varietesyrepublica.blogspot.com/2026/10/un-nuevo-dato-acerca-del-alferez-baena.html - Expediente
de Antonio Luis Baena Tocón, Colegio de Abogados de Sevilla. Copia
obtenida personalmente el 29 de octubre de 2026.
- Correspondencia
electrónica entre José Francisco Baena González y Francisco Javier Ramos
Jiménez, octubre de 2026. En particular, correo de 29 de octubre, 20:11
horas.
- Testimonio
personal del autor sobre las conversaciones mantenidas durante su visita
al Colegio de Abogados de Sevilla el 29 de octubre de 2026.
- Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, artículo 57.
- Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, artículo 3.
- Conversación
mantenida por el autor en 2019 con la dirección del Archivo General
Militar de Segovia, pendiente de contraste con la correspondencia
documental conservada.
La puerta abierta
(Una pequeña reflexión sobre archivos, permisos y
preguntas.)
La puerta estaba abierta,
la pregunta estaba hecha;
unos hablaron de normas,
otros, de cautela y reserva.
El pescador, entretanto,
presumía de su pesca,
mostrando como trofeo
lo que guardaban las carpetas.
Pregunté por los permisos,
por la caña y por la entrega;
no acusaba de furtivo,
solo pedía una respuesta.
Pasaron días y días,
sin aclararse la cuestión;
el silencio no es sentencia,
pero tampoco explicación.
Que nadie cierre los archivos,
que nadie impida investigar;
pero encontrar un documento
no es permiso para todo lo demás.
Y hoy regreso a mis asuntos,
sin más lances ni querellas:
la puerta estaba abierta,
la respuesta sigue fuera.
