¿Quién decide quién es demócrata?
«Los mejores», «la gente», «los buitres» y
algunos hechos que convendría contrastar
Jueves, 8
de octubre de 2026
Este blog no nació para hablar de política cotidiana y no tengo
intención de convertirlo ahora en un comentario permanente de la
campaña electoral.
Ya hice un paréntesis. Éste será el segundo. Espero que también
excepcional.
Pero llevo demasiado tiempo encontrándome con una curiosa
utilización de una palabra que debería pertenecernos a todos:
demócrata.
A veces parece utilizarse no para designar a quien acepta las
reglas de la democracia, respeta las libertades y reconoce la
legitimidad del adversario, sino para establecer una frontera moral.
De un lado, «nosotros»: los progresistas, los
demócratas, la mayoría social, «la gente».
Del otro, «ellos»: la derecha, la ultraderecha,
la fachosfera, los enemigos de la democracia, las élites, los
reaccionarios, los que hacen daño, quienes traicionan al pueblo y,
desde hace unos días, hasta los «buitres».
Y dentro de ese «ellos» pueden acabar cabiendo millones de
ciudadanos cuyo pecado democrático consiste en votar a otro partido
o, sencillamente, discrepar de determinadas ideas.
Juan Antonio Ríos Carratalá, por ejemplo, utiliza con
frecuencia categorías políticas y morales que, a mi juicio, acaban
estableciendo una frontera entre quienes merecen determinada
consideración democrática y quienes quedan al otro lado.
Pero hoy no quiero hablar de él.
No creo que una papeleta convierta a unos españoles en mejores
demócratas que a otros.
Por eso, después de escuchar al presidente del Gobierno anunciar
las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y hacer balance
de la legislatura, vuelvo a hacerme una pregunta muy sencilla:
¿quién decide quién es demócrata?
«Los mejores». Y no es una opinión
Pedro Sánchez no se limitó el 5 de octubre a anunciar la
disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Hizo también balance de su Gobierno.
Y no fue precisamente un balance tímido.
Afirmó que España había cosechado:
«los mejores resultados económicos, sociales y
medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro
país».
Y por si quedaba alguna duda:
«Los mejores».
Pero añadió algo todavía más interesante:
«Y esto no es una exageración. Tampoco es una opinión.
Es un hecho. Es un dato contrastable».[1]
Magnífico.
Entonces hagamos algo bastante anticuado:
comprobemos los hechos.
Porque si alguien afirma que su Gobierno ha conseguido los mejores
resultados económicos, sociales y medioambientales de toda nuestra
democracia y añade que eso no es una opinión, sino un «dato
contrastable», la pregunta deja de ser ideológica.
¿Con qué datos se demuestra?
¿Los mejores en vivienda?
¿En educación?
¿En deuda pública?
¿En estabilidad parlamentaria?
¿En capacidad para aprobar unos Presupuestos?
¿En calidad institucional?
¿En todos esos ámbitos simultáneamente?
Una estadística puede decirnos cuánto ha crecido el PIB, cuántas
personas trabajan, cuánto han aumentado los precios o qué
porcentaje representa la deuda pública.
Lo que resulta bastante más difícil es construir una estadística
que sume economía, vivienda, educación, servicios públicos, deuda,
instituciones y calidad democrática y concluya:
éste ha sido el mejor Gobierno de nuestra democracia.
Eso no es un dato contrastable mientras no se explique qué
se ha medido, cómo se han ponderado materias tan distintas y con qué
gobiernos democráticos se ha realizado la comparación.
Llamarlo «hecho» no resuelve el problema.
Sólo eleva el eslogan a la categoría de prueba sin
enseñarnos la prueba.
El poder adquisitivo y mi bolsa de la compra
Hubo otra afirmación que inicialmente me dejó boquiabierto.
Sánchez aseguró:
«El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas
ha aumentado el triple que en Francia y en Alemania».[1]
Conviene leer bien la frase.
No dijo —como inicialmente creí entender al escucharlo— que
nuestro poder adquisitivo se hubiera triplicado.
Dijo que había aumentado el triple que en Francia y
Alemania.
La diferencia es importante y sería injusto atribuirle lo
primero.
Además, la expresión no está completamente huérfana de
explicación.
En su balance del pasado 28 de julio, Sánchez afirmó que la
renta real de los hogares, descontada la inflación, había
aumentado un 9 %, y vinculó expresamente ese incremento con
una mejora del poder adquisitivo de las familias.[2]
Perfecto.
Entonces podemos formular la pregunta con mayor precisión:
¿qué período se está comparando, qué serie
estadística concreta sustenta ese 9 % y cómo se obtiene de ella que
el aumento español haya sido exactamente el triple que el francés y
el alemán?
Si el presidente lo presenta como un «dato contrastable»,
debería ser posible reproducir el cálculo.
Mientras tanto existe también otra realidad perfectamente
medible.
El indicador adelantado del IPC de septiembre situó la inflación
interanual española en el 4,9 %, seis décimas por
encima de agosto.[3]
Eso no demuestra que la afirmación de Sánchez sea falsa.
Inflación y poder adquisitivo no son la misma magnitud. Si las
rentas aumentan más que los precios, el poder adquisitivo puede
crecer aunque el ciudadano continúe percibiendo precios elevados.
Pero explica por qué la experiencia cotidiana puede resultar
bastante menos triunfal que el discurso macroeconómico.
Yo voy al mercado.
No suelo quejarme demasiado de los precios. Compro lo que necesito
y continúo con mi vida.
Pero observo algo bastante sencillo:
con el mismo dinero cuesta cada vez más llenar la bolsa.
Y lo escucho continuamente a mi alrededor.
Quizá sea cierto que nuestro poder adquisitivo ha aumentado
significativamente.
Pero confieso que la próxima vez que vaya al mercado tendré la
tentación de explicárselo a la bolsa de la compra.
El problema es que la bolsa es bastante poco ideológica.
No entiende de porcentajes de renta real.
Entiende de cuánto cabe dentro después de pasar por
caja.
Las medallas tienen una ventaja:
se pueden contar.
Los hechos también deberían poder comprobarse.
Algunos datos sí favorecen al Gobierno
Y puesto que estamos comprobando hechos, hagámoslo también
cuando benefician al Gobierno.
España ha creado empleo.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de
2026, había 22.779.000 personas ocupadas y la tasa
de paro había descendido al 9,87 %.[4]
Es un buen dato.
La deuda pública ofrece otra imagen que exige matices.
En julio de 2026 se situaba en torno al 99,9 % del PIB.
Es una cifra extraordinariamente elevada.
Pero sería incorrecto afirmar simplemente que la ratio de deuda
se está disparando: había descendido 2,4 puntos porcentuales
respecto al año anterior y bajaba del 100 % por primera vez desde
febrero de 2020.[5]
También hay que decirlo.
La realidad permite criticar sin necesidad de deformarla.
Precisamente por eso resulta legítimo pedir al Gobierno el mismo
cuidado cuando presenta su balance.
Los Presupuestos que no llegaron
Hay otro hecho bastante menos susceptible de interpretación.
España continúa funcionando en 2026 con unos Presupuestos
Generales del Estado prorrogados, cuya documentación presupuestaria
remite a los aprobados para 2023.[6]
La prórroga presupuestaria es constitucional.
El Estado continúa funcionando.
El Gobierno no pierde su legitimidad por ello.
Pero tampoco parece razonable presentar como una anécdota que
durante una legislatura completa no haya conseguido aprobar unos
nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Los Presupuestos son probablemente la principal expresión
económica de la política de un Gobierno.
Y no haber podido aprobarlos dice algo sobre la solidez de la
mayoría parlamentaria que lo sostenía.
No ha existido una mayoría cohesionada capaz de respaldar
regularmente al Ejecutivo.
Ha sido necesario reconstruirla negociación tras negociación.
Votación tras votación.
Hasta que una de esas votaciones terminó rompiéndola.
El Parlamento: legítimo para investir,
sospechoso para rechazar
Y aquí llegamos a una de las frases presidenciales que más me
preocupan.
Sánchez afirmó:
«Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los
intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en
beneficio de unos pocos».[1]
Detengámonos un momento.
¿Quién es exactamente «la gente de a pie»?
Porque el Parlamento no cayó del cielo.
Lo elegimos los ciudadanos.
También quienes no votaron a Pedro Sánchez.
Y fue precisamente una determinada mayoría de ese mismo
Parlamento la que lo invistió presidente.
Aquella mayoría era legítima.
Por supuesto.
Pero entonces aparece una pregunta incómoda:
¿deja de representar a los ciudadanos cuando vota algo
que el Gobierno no quiere?
El 2 de octubre el Congreso rechazó los dos decretos sobre
vivienda.
Uno de ellos cayó por 178 votos contra 172.[7]
Podemos pensar que PP, Vox, Junts y UPN se equivocaron.
Podemos considerar aquellas medidas imprescindibles.
Podemos acusarlos políticamente de haber cometido un error
enorme.
Eso es democracia.
Lo que resulta mucho más discutible es sugerir que, al ejercer su
voto, el Parlamento está «pisoteando» los intereses de la
gente de a pie.
Porque esos diputados también representan a gente de a pie.
Quizá a gente de a pie equivocada.
Pero gente.
Hay algo que resulta difícil de conciliar.
La mayoría parlamentaria fue invocada durante años como
expresión de la voluntad democrática cuando permitió investir al
presidente y aprobar sus iniciativas.
Cuando otra mayoría rechaza dos decretos del Gobierno, los
intereses de «la gente de a pie» pasan a estar «pisoteados en el
Parlamento».
¿En qué momento exacto dejó aquella Cámara de
representar a la gente?
¿Cuando cambió el sentido de una votación?
La democracia representativa tiene esa molesta costumbre:
el Parlamento es legítimo cuando aprueba lo que queremos
y sigue siendo legítimo cuando lo rechaza.
Una democracia no puede funcionar con una legitimidad
parlamentaria de quita y pon.
Los decretos vuelven. El Parlamento ya no es el
mismo
Y la historia no terminó el viernes.
Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno ha aprobado dos
nuevos reales decretos-leyes en materia de vivienda que, según el
propio Ejecutivo, mantienen la esencia de los que habían
decaído, aunque incorporan modificaciones y nuevas
medidas.[8]
Ahora deberán ser sometidos a la Diputación Permanente del
Congreso.
La Constitución prevé la existencia de este órgano y le
atribuye funciones cuando las Cámaras han sido disueltas.
Por tanto, no estoy afirmando que el Gobierno carezca de
facultades para aprobar decretos-leyes ni que la Diputación
Permanente no pueda ejercer las competencias constitucionalmente
previstas.
La cuestión que planteo es política.
Y bastante sencilla.
Unos decretos son rechazados por el Congreso.
Pocos días después se disuelven las Cortes.
El Gobierno aprueba otros textos que, en palabras del propio
presidente, mantienen la esencia de los anteriores, aunque incorporen
modificaciones.
Y éstos serán examinados por un órgano cuya composición hace
innecesario uno de los apoyos que acababan de faltar en el Pleno.
Puede ser constitucional.
Puede ser jurídicamente defendible.
Pero también puede ser políticamente discutible.
Y discutirlo no convierte a nadie en enemigo de la
democracia.
Pactar es legítimo. Recordar también
Sánchez ha reivindicado durante toda la legislatura el valor de
los acuerdos.
Estoy de acuerdo en lo esencial.
En una democracia parlamentaria pactar no sólo es legítimo.
Muchas veces es imprescindible.
Pero tampoco debería ser ilegítimo recordar qué decía cada uno
antes de necesitar determinado pacto.
La amnistía constituye un ejemplo difícil de ignorar.
Antes de las elecciones de 2023 Pedro Sánchez había rechazado
esa posibilidad.
Después, cuando los votos independentistas resultaron
imprescindibles para la investidura, pasó a defenderla.
Y él mismo reconoció que no estaba prevista para aquel momento y
recurrió a una expresión extraordinariamente descriptiva:
«hacer de la necesidad virtud».[9]
Sus defensores pueden considerarlo pragmatismo político y una
decisión beneficiosa para la convivencia en Cataluña.
Sus críticos pueden verlo como una contradicción fundamental
entre lo defendido ante los electores y lo realizado después.
Podemos discutirlo.
Lo que no parece razonable es resolver la discusión poniendo
previamente una etiqueta moral a quien discrepa.
Cambiar de opinión es legítimo.
Recordar que se cambió también lo es.
Los errores que apenas tienen nombre
El presidente reconoció igualmente:
«Nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos
logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto».[1]
Está bien reconocer errores.
Pero quizá la palabra resulte algo pequeña para resumir todas
las sombras de una legislatura.
Durante estos años se han sucedido investigaciones y
procedimientos judiciales que han afectado a personas relevantes del
PSOE y al entorno político y familiar del presidente.
Conviene repetir algo que para mí es elemental:
una persona investigada no es una persona culpable.
Una acusación tampoco equivale a una condena.
Y la responsabilidad penal sólo corresponde establecerla a los
tribunales.
Pero la responsabilidad política pertenece a otro ámbito.
Respetar escrupulosamente la presunción de inocencia no obliga a
fingir que esos acontecimientos no han existido.
Han existido.
Han ocupado portadas, debates parlamentarios y procedimientos
judiciales.
Y también forman parte del balance de la legislatura.
Y Ceuta
Hay otro asunto que tampoco cabe fácilmente en un balance
triunfal.
Ceuta.
La crisis migratoria de este verano dejó preguntas sobre los
avisos recibidos por los servicios del Estado y sobre la gestión de
aquellos acontecimientos.
No voy a contestarlas porque no conozco las respuestas.
Precisamente por eso habría sido interesante escucharlas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, estaba convocada para el
6 de octubre ante la Comisión de control de los
créditos destinados a gastos reservados para informar, entre otras
cuestiones, sobre la actuación de los servicios de inteligencia
antes de la crisis de Ceuta.[10]
La comparecencia fue desconvocada después del anuncio de
disolución de las Cortes.[11]
No sé qué habría explicado.
No sé si sus explicaciones habrían despejado las dudas.
No sé siquiera si habrían confirmado o desmentido algunas de las
sospechas difundidas durante estos meses.
Pero ése es precisamente el problema:
ya no pudimos escucharla.
Las elecciones pueden cerrar una legislatura.
No deberían cerrar las preguntas.
Buitres, élites, tiranos y gente
Hasta aquí podemos discutir cifras y decisiones.
A partir de aquí conviene discutir también palabras.
Porque las palabras de un presidente del Gobierno tampoco son
inocuas.
Sánchez habló de «élites económicas y sociales muy
poderosas».
De «genocidas».
De «tiranos».
De «tecno-oligarcas».
De «especuladores».
De la «peor oposición que ha conocido nuestra democracia».
De una «ola ultraderechista que involuciona allí donde
gobierna».
Y reclamó una mayoría parlamentaria más amplia con la que
«doblegar a las élites».[1]
Después llegaron algunos ministros.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez:
«O con la gente, o con los buitres».[12]
Óscar Puente:
«Votar con V de vivienda o con B de buitre. Esa es la
disyuntiva».[13]
Óscar López:
«Frente a la indignidad de los áticos, la dignidad de
las calles. Frente a la involución, más derechos».[14]
Félix Bolaños pronosticó que los ciudadanos votarían a quienes
«les defienden» frente a quienes, «si pueden, les hacen daño».[15]
Y Ángel Víctor Torres estableció también dos alternativas:
«seguir avanzando en derechos para la mayoría social o
poner el futuro del país en manos de aquellos que traicionan al
pueblo y solo trabajan para quienes más tienen».[16]
La campaña acaba de empezar.
Promete ser tranquila.
No necesito responder a estas frases con una colección de
insultos de signo contrario.
Me interesa algo mucho más sencillo.
¿Quién es «la gente»?
¿Solo quienes votarán al PSOE o a sus socios?
¿Quiénes son los «buitres»?
¿Un ciudadano que considera equivocada una determinada regulación
del alquiler?
¿Un pequeño propietario?
¿Un diputado que vota contra un decreto?
¿Un elector del PP?
¿Uno de Vox?
¿Dónde empieza exactamente «la gente» y dónde comienzan
«ellos»?
Y si determinados partidos «traicionan al pueblo», ¿qué
hacemos con los millones de ciudadanos que libremente los votan?
¿Han sido engañados?
¿No comprenden sus propios intereses?
¿Han dejado de pertenecer al pueblo?
Quizá el problema de este lenguaje sea precisamente ése:
empieza descalificando al adversario político y puede
terminar alcanzando al ciudadano que lo vota.
El «inventario de medallitas»
Al día siguiente de la declaración presidencial vi en Antena 3
Noticias una pieza que me llamó especialmente la atención.
El periodista resumía la comparecencia con una expresión poco
protocolaria:
«inventario de medallitas».[17]
Hablaba después del «autobombo», de los «archienemigos de su
supergobierno», calificaba la vivienda como «la criptonita del
superpresidente» y resumía la parte final del discurso con una
ironía:
«meternos miedo: ojito como venga la derecha».
Es el lenguaje de una pieza periodística, no el mío.
Y tampoco convierto a Antena 3 en árbitro de la verdad.
Pero la pieza tiene una virtud.
Obliga a volver a escuchar el discurso presidencial sin la
solemnidad del atril de La Moncloa.
Y entonces resulta más fácil distinguir tres cosas que no
siempre son lo mismo:
un dato, una interpretación y un mensaje electoral.
España crea empleo.
Dato.
Este Gobierno ha obtenido «los mejores resultados» de toda
nuestra democracia.
Valoración.
Si llega una determinada mayoría política, España se
incorporará a una «ola ultraderechista» que amenaza derechos y
libertades.
Mensaje electoral.
Las tres afirmaciones pueden formar parte legítimamente de un
discurso político.
Lo que quizá no debamos hacer es colocar a las tres la misma
etiqueta:
«hecho contrastable».
Juan Manuel Jiménez Muñoz: la indignación no sustituye a la prueba
Hace unos días cité un texto de Juan Manuel Jiménez Muñoz,
médico y escritor malagueño al que aprecio y sigo desde hace
tiempo.
El 3 de octubre publicó Los decretos Maricarmen. Dos
días después, Hay elecciones. Y hoy, 8 de octubre, ha
publicado en Facebook otro artículo, de título bastante expresivo:
PURA MAFIA. PUTA MAFIA.[18]
No puede decirse que haya suavizado el lenguaje.
Sus escritos contienen críticas duras al Gobierno, denuncias
sobre el funcionamiento de determinadas instituciones y acusaciones
graves.
Algunas se refieren a cuestiones públicas que merecen examen.
Otras exigirían una documentación anexa..
No lo cito como autoridad documental ni como prueba de sus
acusaciones.
Lo cito porque sus escritos expresan una indignación política
que también percibo en otras personas.
No sé cuántos ciudadanos comparten sus opiniones, aunque sí sé
que son muchos. No dispongo de una encuesta que permita
cuantificarlo.
Pero tampoco creo razonable despachar cualquier expresión de ese
malestar atribuyéndola automáticamente a la «fachosfera», al
«reaccionarismo» o a la «ultraderecha».
Poner una etiqueta a quien protesta no responde a aquello
por lo que protesta.
Ahora bien, el nuevo artículo de Jiménez Muñoz me lleva a
introducir otra consideración.
Si criticamos que desde el poder se descalifique globalmente a los
adversarios, ¿no debemos ser también cuidadosos cuando la
descalificación procede de quienes se oponen a ese poder?
No es lo mismo la responsabilidad institucional de un presidente
del Gobierno que la de un ciudadano que expresa su indignación en
Facebook.
La indignación puede explicar un escrito. No convierte
automáticamente en verdaderas sus afirmaciones.
Y precisamente por eso me parece importante distinguir entre tres
cosas:
el derecho a protestar, la legitimidad de la crítica y la
obligación de probar aquello que se afirma como un hecho.
Son perfectamente compatibles.
Deberían serlo, al menos, en una democracia.
Vivienda: trabajar y no poder comprar una casa
Y volvamos a uno de los grandes asuntos de esta campaña.
La vivienda.
Aquí el contraste entre las grandes palabras y la vida cotidiana
resulta especialmente visible.
El Banco de España ha calculado que en 2024 el precio de adquirir
una vivienda equivalía, para los hogares que no eran propietarios, a
6,8 años completos de su renta neta media.
Entre los hogares jóvenes la cifra ascendía a 7,1
años.[19]
No hablamos de personas que necesariamente estén desempleadas.
Hablamos también de personas que trabajan.
Por eso, después de celebrar que España tiene más ocupados,
aparece otra pregunta:
¿tener trabajo significa hoy poder vivir de ese trabajo?
Porque la estadística laboral no nos dice por sí sola si una
persona puede independizarse, pagar un alquiler, ahorrar para una
entrada, mantener una familia y llegar razonablemente tranquila a
final de mes.
Puede aumentar el empleo y seguir resultando extraordinariamente
difícil comprar una vivienda.
Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente.
Una plaquita en una casa de posguerra
Quizá mi interés por este asunto tenga también una raíz
familiar.
Mi madre era la mayor de diez hermanos.
Su familia había tenido posibles.
La guerra y sus consecuencias acabaron arruinándola.
Y, si tuviera que resumir aquella experiencia familiar en pocas
palabras, probablemente utilizaría éstas:
unos por la Patria y otros por el Pueblo.
Aquella familia conoció las consecuencias de los extremismos y de
las arbitrariedades procedentes de unos y de otros.
En la inmediata posguerra pudo acceder a una de aquellas viviendas
sociales.
Era una casa humilde.
Muy humilde.
No tenía piscina.
Ni garaje.
Ni grandes habitaciones.
Sus condiciones nos parecerían hoy muy modestas.
Pero tenía una pequeña placa.
Allí vivieron mis abuelos, mi madre y sus nueve hermanos.
Después continuó siendo una casa de la familia.
Yo también pasé allí muchos momentos de mi infancia.
Y cuando la recuerdo no pienso primero en sus carencias.
Recuerdo algo bastante más difícil de medir:
allí se respiraban paz y felicidad.
No pretendo convertir la política de vivienda de una dictadura en
modelo para una democracia.
Sería absurdo.
Una casa familiar no demuestra una política de vivienda.
Pero aquella casa sí me permite formular una pregunta.
Han pasado más de ochenta años.
España es incomparablemente más rica.
Vivimos afortunadamente en democracia.
Tenemos derechos, servicios públicos, tecnología y condiciones
materiales que aquella familia ni siquiera habría podido imaginar.
Y, sin embargo, mi propia hija trabaja y conoce perfectamente la
dificultad de acceder a una vivienda.
Entonces:
¿cómo es posible que, después de ocho décadas de
progreso económico, social y democrático, comprar una casa vuelva a
resultar extraordinariamente difícil para tantos españoles?
Esa pregunta me interesa bastante más que averiguar quién merece
ser llamado «buitre».
Hagamos una cuenta
Tomemos una vivienda de 220.000 euros.
Nada extraordinario en muchas ciudades españolas.
Si el banco financia el 80 %, el comprador necesita inicialmente:
44.000 euros.
Si se trata de una vivienda usada adquirida en Andalucía y se
aplica el tipo general del 7 % del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales:
15.400 euros más.[20]
Ya vamos por:
59.400 euros.
Y todavía no hemos empezado a pagar la hipoteca.
Ni sus intereses.
Ni otros gastos.
Cincuenta y nueve mil cuatrocientos euros.
¿Cuántos jóvenes —y no tan jóvenes— que viven
exclusivamente de su trabajo pueden reunir esa cantidad mientras
pagan alquiler, suministros, alimentación, transporte y el resto de
los gastos de una vida normal?
No hace falta ninguna teoría económica.
Basta hacer la cuenta.
Y después de comprar hay que continuar viviendo.
Hipoteca.
IBI.
Comunidad.
Electricidad.
Agua.
Seguros.
Mantenimiento.
Reparaciones.
Tasas.
Alimentación.
Transporte.
Hijos.
No todo son impuestos.
No todo termina en las arcas públicas.
Pero todo sale del mismo lugar:
la renta disponible de una familia.
Una familia no dispone de una nómina para Hacienda, otra para el
supermercado, otra para la hipoteca y otra para criar a sus hijos.
Lo paga todo con el mismo sueldo.
Y tiene que llegar a final de mes.
Ni milagro económico ni apocalipsis
Llegados aquí podría hacer exactamente aquello que estoy
criticando:
seleccionar únicamente los datos que perjudican al Gobierno.
No quiero hacerlo.
España crea mucho empleo.
Es verdad.
La deuda continúa siendo enorme, pero su peso sobre el PIB ha
descendido.
También es verdad.
Y negar los avances sociales producidos durante estos años sería
tan poco serio como negar los problemas.
Pero tampoco encuentro en los datos ese extraordinario paisaje
casi sin sombras que aparece en el discurso presidencial.
España llega al final anticipado de una legislatura con unos
Presupuestos procedentes de 2023 prorrogados; con una mayoría
parlamentaria que acabó rompiéndose en votaciones importantes; con
un problema gravísimo de acceso a la vivienda; con una deuda cercana
al 100 % del PIB; con investigaciones judiciales que han afectado al
partido del Gobierno y al entorno del presidente; y con preguntas
pendientes en asuntos como Ceuta.
A eso podemos añadir la educación.
Los resultados de PISA 2025 muestran que España obtuvo resultados
inferiores a los de 2022 en matemáticas y lectura, mientras que en
ciencias se mantuvieron aproximadamente estables. La OCDE señala
además que los resultados de 2025 están por debajo de los de 2015 y
entre los más bajos registrados por España en las tres
materias.[21]
Conviene introducir aquí otro matiz.
El deterioro en matemáticas y lectura no es
exclusivamente español. La propia OCDE ha advertido de un
descenso pronunciado en numerosos países y de mínimos históricos
en sus promedios de matemáticas y lectura.
Por tanto, tampoco sería serio convertir PISA en una prueba
exclusiva contra el Gobierno español.
Mucho menos afirmar que España tiene «la peor educación de
Europa».
No sería cierto.
Pero tampoco parece que esos resultados encajen cómodamente
dentro de «los mejores resultados económicos, sociales y
medioambientales» de nuestra democracia.
Entre el país perfecto que describen unos y el desastre absoluto
que describen otros existe algo bastante menos espectacular:
la realidad.
Y la realidad rara vez cabe entera en un eslogan electoral.
¿Quién decide entonces quién es demócrata?
Volvamos al principio.
¿Quién lo decide?
¿Pedro Sánchez?
¿Alberto Núñez Feijóo?
¿Santiago Abascal?
¿Un ministro?
¿Un profesor universitario?
¿Un periodista?
¿Un historiador?
¿Juan Antonio Ríos Carratalá?
¿Yo?
Creo, en realidad, que ninguno, aunque algunos se permitan
repartir etiquetas en sus escritos o discursos.
Dentro de unas semanas habrá ciudadanos que votarán al PSOE
convencidos de que es la mejor opción para España.
Otros votarán al PP.
Otros a Vox, Sumar, Podemos o a otras formaciones.
Y otros decidirán quedarse en casa.
Podremos discutir sus razones.
Podremos considerar equivocadísima su elección.
Podremos combatir sus ideas.
Eso es precisamente la democracia.
Lo que no deberíamos hacer es repartir certificados de pureza
democrática dependiendo de la papeleta.
Un ciudadano puede valorar positivamente el crecimiento económico
y estar preocupado por la deuda.
Puede defender determinadas políticas sociales y rechazar la
amnistía.
Puede alegrarse de que haya más empleo y comprobar cada semana
que el dinero le alcanza para menos cosas.
Puede ser de izquierdas y criticar profundamente a Pedro Sánchez.
Puede ser de derechas y ser impecablemente demócrata.
Puede cambiar de voto.
Y puede equivocarse.
Como yo.
Como cualquiera.
Ningún político, profesor, periodista o historiador
debería poseer la facultad de expedir o retirar certificados de
ciudadanía democrática en función de las ideas del otro.
Porque existe una diferencia enorme entre decir:
«Creo que estás equivocado»
y decir:
«Si no piensas como yo, perteneces al bando de quienes
amenazan la democracia».
Que decidan los ciudadanos
Ya han comenzado las profecías.
Unos aseguran que Pedro Sánchez remontará.
Otros dan por segura una mayoría alternativa.
Durante las próximas semanas tendremos encuestas, tertulias,
vídeos, insultos, miedos, salvadores, buitres, élites, ultras,
reaccionarios y probablemente algún calificativo que todavía no
hemos inventado.
Quizá podamos pedir algo más sencillo.
Que cada partido explique qué hizo.
Qué prometió.
Qué cumplió.
Qué prometió y después cambió.
Qué no pudo hacer.
Cuánto cuesta lo que ahora propone.
Con quién está dispuesto a pactar.
Y qué piensa hacer con problemas tan poco retóricos como la
vivienda, la educación, la deuda, la calidad de nuestras
instituciones o la capacidad de un salario para proporcionar una vida
digna.
Que expliquen también sus errores.
No sólo los del adversario.
Que los periodistas contrasten.
Que los historiadores documenten.
Que los jueces juzguen.
Y que los ciudadanos voten.
Después contaremos las papeletas.
Eso, precisamente, es la democracia.
Y quizá deberíamos empezar por dejar de utilizar la palabra
demócrata como un premio que unos españoles conceden
graciosamente a otros.
Porque la democracia no consiste en decidir quién merece llamarse
demócrata.
Consiste también en aceptar algo mucho más difícil:
que el ciudadano que tenemos enfrente puede votar
exactamente lo contrario que nosotros y continuar siendo tan
ciudadano —y tan demócrata— como nosotros.
NOTAS
[1] Presidencia
del Gobierno, «Pedro Sánchez anuncia la convocatoria de elecciones
generales para el 29 de noviembre», 5 de octubre de 2026.
Transcripción oficial de la declaración. Contiene, entre otras, las
expresiones «los mejores», «esto no es una exageración», «es un
dato contrastable», la comparación del poder adquisitivo con
Francia y Alemania, «la peor oposición», «élites económicas y
sociales muy poderosas», «genocidas», «tiranos»,
«tecno-oligarcas», «especuladores», «gente de a pie»,
«pisoteados en el Parlamento», «doblegar a las élites» y la
referencia a la «ola ultraderechista».
[2] Presidencia
del Gobierno, rueda de prensa de balance del curso político y
presentación del informe Cumpliendo, 28 de julio de 2026.
Sánchez afirmó que la renta real de los hogares, descontada la
inflación, había aumentado un 9 % y vinculó ese dato a un mayor
poder adquisitivo de las familias.
[3] Instituto
Nacional de Estadística, Indicador adelantado del Índice de
Precios de Consumo. Septiembre de 2026, 29 de septiembre de
2026. Variación anual estimada del IPC: 4,9 %; inflación
subyacente: 3,1 %.
[4] Instituto
Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. Segundo
trimestre de 2026, 28 de julio de 2026. Ocupados:
22.779.000; incremento interanual: 510.200 personas; tasa de paro:
9,87 %.
[5] Banco
de España, «La deuda de las Administraciones Públicas se situó en
julio de 2026 en el 99,9 % del PIB», 17 de septiembre de 2026.
La ratio descendió 2,4 puntos porcentuales en términos
interanuales, aunque el volumen nominal de deuda aumentó un 3,8 %.
[6] Ministerio
de Hacienda, Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
«Prórroga del Presupuesto para 2026». La documentación
oficial señala que el resto de la documentación presupuestaria debe
consultarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
[7] Congreso de los Diputados e informaciones de
EFE y RTVE sobre las votaciones del 2 de octubre de 2026. Los dos
reales decretos-leyes de vivienda fueron rechazados con los votos
contrarios de PP, Vox, Junts y UPN; uno de ellos obtuvo 172 votos
favorables frente a 178 contrarios.
[8] Constitución Española, arts. 78 y 86; y
Presidencia
del Gobierno, «Medidas urgentes para el fomento y protección del
derecho a la vivienda», 7 de octubre de 2026. Véase también
RTVE, 7 de octubre de 2026, sobre la publicación en el BOE de los
nuevos decretos y su necesaria convalidación por la Diputación
Permanente. Los nuevos textos mantienen la esencia de los anteriores,
según el Gobierno, pero incorporan modificaciones y nuevas medidas;
no deben presentarse como una reproducción literal de los
rechazados.
[9] RTVE,
«Del “no cabe en la Constitución” a “por la convivencia”:
los pasos de Sánchez hacia la amnistía», 30 de octubre de 2023.
Sánchez reconoció que la amnistía no estaba en sus planes «en
este momento» y utilizó la expresión «hacer de la necesidad
virtud».
[10] Informaciones de septiembre de 2026 sobre la
convocatoria de Margarita Robles ante la Comisión de control de los
créditos destinados a gastos reservados para el 6 de octubre, en
relación, entre otros asuntos, con la actuación de los servicios de
inteligencia antes de la crisis migratoria de Ceuta.
[11] Europa
Press, «Armengol desconvoca la comparecencia secreta de Robles en la
que iba a hablar de los avisos del CNI sobre Ceuta», 5 de octubre de
2026. La información señala que Robles debía informar sobre la
actuación de los servicios de inteligencia antes de la entrada
masiva de inmigrantes de julio y que la reunión fue desconvocada
tras anunciarse la disolución de las Cortes.
[12] Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y
Agenda Urbana, reacción pública a la convocatoria electoral, 5 de
octubre de 2026: «O con la gente, o con los buitres».
[13] Óscar Puente, ministro de Transportes y
Movilidad Sostenible, publicación del 5 de octubre de 2026: «Votar
con V de vivienda o con B de buitre. Esa es la disyuntiva».
[14] Óscar López, ministro para la
Transformación Digital y de la Función Pública, publicación del 5
de octubre de 2026: «Frente a la indignidad de los áticos, la
dignidad de las calles. Frente a la involución, más derechos. Es
hora de elegir qué país queremos».
[15] Félix Bolaños, ministro de Presidencia,
Justicia y Relaciones con las Cortes, publicación del 5 de octubre
de 2026: «el 29N el PSOE será 1.ª fuerza porque la ciudadanía
votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les
hacen daño».
[16] Ángel Víctor Torres, ministro de Política
Territorial y Memoria Democrática, publicación del 5 de octubre de
2026: «seguir avanzando en derechos para la mayoría social o poner
el futuro del país en manos de aquellos que traicionan al pueblo y
solo trabajan para quienes más tienen».
[17] Antena 3 Noticias, 6 de octubre de 2026.
Pieza televisiva posterior a la declaración institucional de Pedro
Sánchez, conservada y transcrita para esta entrada. La locución
utiliza, entre otras, las expresiones «inventario de medallitas»,
«autobombo», «archienemigos de su supergobierno», «la criptonita
del superpresidente» y «ojito como venga la derecha». Las
expresiones corresponden a la locución televisiva,
no a la transcripción escrita de la página web de Antena 3.
[18] Juan Manuel Jiménez Muñoz, «Los decretos
Maricarmen», SevillaInfo, 3 de octubre de 2026; «Hay
elecciones», publicación pública de 5 de octubre de 2026; y «PURA
MAFIA. PUTA MAFIA», publicación pública en Facebook de 8 de
octubre de 2026. Los textos se citan como expresión de opiniones,
críticas y percepciones políticas de su autor, no como fuentes
probatorias de las acusaciones que puedan contener.
[19] Banco
de España, Informe Anual 2025, capítulo 2, cuadro 2.4.
En 2024, el precio medio de adquisición de una vivienda equivalía a
6,8 años de renta neta media para el conjunto de los hogares no
propietarios y a 7,1 años para los hogares jóvenes.
[20] Junta
de Andalucía, información sobre Transmisiones Patrimoniales
Onerosas. El tipo general aplicable a las transmisiones de
inmuebles es del 7 %, sin perjuicio de los tipos reducidos
establecidos para determinados supuestos.
[21] OCDE,
PISA 2025 Results (Volume I): Spain, 8 de septiembre de
2026. Los resultados españoles fueron inferiores a los de 2022
en matemáticas y lectura y aproximadamente iguales en ciencias; se
situaron por debajo de 2015 y entre los más bajos observados en
España en las tres materias. La OCDE advierte, al mismo tiempo, de
un deterioro generalizado en matemáticas y lectura en numerosos
países participantes.
FUENTES Y DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL
Presidencia del Gobierno; Congreso de los Diputados; Ministerio de
Hacienda; Instituto Nacional de Estadística; Banco de España; Junta
de Andalucía; Boletín Oficial del Estado; OCDE; Constitución
Española; RTVE; EFE; Europa Press; Antena 3 Noticias; y los textos
públicos citados de Juan Manuel Jiménez Muñoz.
