jueves, 19 de noviembre de 2026

LA AUTORIDAD DEL HISTORIADOR NO SUSTITUYE A LOS DOCUMENTOS

 

Cuando los documentos contradicen al historiador

Memoria democrática, polarización y responsabilidad ante los documentos


Hace unos días leí una entrevista realizada por Laura Carnicero al historiador Julián Casanova, publicada en El Periódico de Aragón el 18 de noviembre de 2026. En ella reflexiona sobre las leyes de memoria democrática, su aplicación en Aragón, la situación política española y las perspectivas que, a su juicio, se abren ante nosotros.

El titular recoge una afirmación particularmente contundente:

«Detrás de lo que viene hay una supremacía de una nación donde todo lo que no sea cristiano y blanco, estorba».

La frase me hizo pensar. No porque desconozca que existen ideologías excluyentes, ni porque pretenda negar el peligro que representan, sino porque me preocupa la facilidad con que determinadas interpretaciones políticas pueden presentarse revestidas de autoridad histórica.

Casanova es un historiador de reconocido prestigio. Precisamente por eso considero interesante distinguir cuándo habla como investigador del pasado y cuándo expresa sus opiniones sobre el presente o sus temores acerca del futuro.

No cuestiono su derecho a hacerlo. Cuestiono que la autoridad académica pueda utilizarse, voluntaria o involuntariamente, como garantía de interpretaciones que necesitan sus propias pruebas.

Y esta cuestión me afecta personalmente.

Llevo años intentando demostrar, mediante documentos, que determinadas afirmaciones publicadas por otro profesor universitario, Juan Antonio Ríos Carratalá, sobre mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, no se corresponden con los hechos acreditados.

Por eso, al leer la entrevista, encontré motivos para reflexionar no solo sobre la memoria democrática, sino también sobre la responsabilidad de quienes escriben la historia.


¿La radicalidad política tiene una sola dirección?

La entrevista de Casanova parte de la política aragonesa, pero sus reflexiones alcanzan al conjunto de España.

Critica a Vox y al Partido Popular, y advierte sobre una concepción de la nación que considera excluyente por motivos religiosos y raciales.

No tengo inconveniente en reconocer que existen discursos políticos que pueden amenazar el pluralismo. Pero me pregunto si resulta adecuado formular diagnósticos tan generales sin distinguir entre partidos, dirigentes, votantes, propuestas concretas y corrientes ideológicas.

Defender las tradiciones cristianas de España no equivale necesariamente a despreciar otras religiones. Tampoco todos los ciudadanos que reclaman una política migratoria diferente comparten planteamientos de supremacía racial.

Y, naturalmente, defender nuestras tradiciones no puede justificar que se discrimine a nadie por su origen o sus creencias.

También me llama la atención la frecuencia con que se utiliza la expresión «derecha radical», mientras que otras formas de radicalidad política reciben un tratamiento diferente en determinados discursos públicos.

¿No deberíamos aplicar criterios semejantes al examinar las distintas posiciones ideológicas?

Pienso, por ejemplo, en los debates que suscitan Vox y EH Bildu. No pretendo equiparar automáticamente sus trayectorias, programas o actuaciones. Pero sí considero legítimo preguntar por qué determinadas referencias a la radicalidad, al pasado político o a las responsabilidades históricas parecen utilizarse con distinta intensidad según quién sea su destinatario.

La radicalidad, el sectarismo y la intolerancia no son patrimonio exclusivo de una ideología.

Por eso me preocupa que, en lugar de discutir propuestas y actuaciones concretas, terminemos clasificando a las personas mediante etiquetas que simplifican su pensamiento y sus circunstancias.


Las leyes de memoria y una sociedad cada vez más enfrentada

La entrevista aborda la derogación de la legislación aragonesa de memoria democrática y las dificultades de aplicación de la legislación estatal.

Casanova defiende que las víctimas necesitan reconocimiento, que deben investigarse los hechos del pasado y que la sociedad tiene la obligación de facilitar la localización de quienes permanecen desaparecidos.

No tengo objeción a esos principios.

Ninguna familia debería verse privada de conocer dónde se encuentran los restos de sus seres queridos. En mi propia familia hubo personas que desaparecieron durante la Guerra Civil sin que hayamos llegado a conocer su destino, las circunstancias de su desaparición ni dónde podrían encontrarse sus restos. Por eso comprendo especialmente el sufrimiento de quienes siguen buscando respuestas. Ninguna víctima debería quedar olvidada por motivos ideológicos.

Sin embargo, desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y, posteriormente, de la Ley de Memoria Democrática de 2022, he observado cómo estas cuestiones se han convertido en motivo de una confrontación política persistente.

No afirmo que dichas leyes sean la única causa de la polarización española. Las divisiones políticas tienen raíces anteriores y responden a múltiples factores.

Pero sí considero que su debate, su utilización partidista y determinadas interpretaciones del pasado han contribuido a mantener abiertas controversias que deberían abordarse desde el conocimiento, la reparación y el respeto.

Es frecuente escuchar a ciudadanos que consideran estas leyes selectivas o que perciben que el reconocimiento público se concentra en unas víctimas mientras otras permanecen en segundo plano.

Esa percepción no demuestra por sí sola que la legislación excluya jurídicamente a esas otras víctimas. Pero tampoco debería despreciarse sin examinar sus causas.

Una ley puede reconocer formalmente distintas situaciones y, sin embargo, suscitar críticas sobre su aplicación, sus prioridades o el discurso político que la acompaña.

Creo que esa distinción es imprescindible.

La memoria democrática debería ayudar a comprender y reparar, no a transmitir indefinidamente a las generaciones actuales las divisiones políticas de sus antepasados.

Y, sobre todo, no debería convertir el pasado en un instrumento para distribuir nuevas credenciales de legitimidad moral entre los ciudadanos del presente.


¿La memoria de todas las víctimas?


Mi propia historia familiar me obliga a detenerme en esta cuestión.

Mi abuelo paterno, Francisco Baena Jiménez, era secretario municipal de Torrelaguna, funcionario de la República, a la que permaneció fiel. No participó en la sublevación militar de julio de 1936.

Era creyente y, pese a su fidelidad a la legalidad republicana, fue asesinado el 7 de agosto de 1936 por milicianos vinculados a la CNT/FAI. Su caso demuestra hasta qué punto las convicciones personales y las circunstancias de las víctimas pueden resultar incompatibles con las clasificaciones políticas simplificadoras.

Sin embargo, durante diez años Ríos Carratalá ha venido refiriéndose a él como una «víctima nacional».

¿Qué significa exactamente esa denominación?

¿Que fue asesinado por personas vinculadas a organizaciones que actuaban en territorio republicano? ¿Que posteriormente fue clasificado de determinada manera? ¿O se pretende sugerir que compartía la ideología de los sublevados?

Son cuestiones diferentes.

La identidad de los asesinos no determina automáticamente las convicciones políticas de sus víctimas.

Durante mis investigaciones decidí solicitar el reconocimiento oficial de mi abuelo como víctima de la Guerra Civil. Aporté para ello la documentación acreditativa de su trayectoria y de las circunstancias de su muerte.

Tras aportar la documentación correspondiente, recibí una certificación oficial de reconocimiento de mi abuelo como víctima de la Guerra Civil, firmada por el ministro Félix Bolaños. He dado cuenta de parte de esa documentación en publicaciones anteriores.

Este reconocimiento tiene para mí un significado especial.

Demuestra que la legislación de memoria puede amparar también a personas asesinadas por la violencia ejercida en la zona republicana. Por tanto, no sería correcto afirmar que excluye necesariamente a todas esas víctimas.

Pero también me lleva a preguntarme si el reconocimiento jurídico se corresponde siempre con la atención pública, la sensibilidad y el tratamiento historiográfico que reciben las distintas experiencias familiares.

Mi abuelo no necesitaba ser presentado como partidario de la sublevación para merecer reconocimiento.

Era una persona con una trayectoria propia, unas convicciones y una vida que terminó violentamente.

Y esa debería ser la primera obligación del historiador: reconstruir quién fue realmente, no clasificarlo según el bando al que pertenecían quienes lo asesinaron.


El historiador, sus opiniones y los documentos

Hay una afirmación de Casanova que me parece especialmente interesante. Defiende la necesidad de contar con investigadores que vayan más allá de las opiniones y los recuerdos familiares.

Estoy de acuerdo.

Pero añadiría algo que considero esencial: también debemos ir más allá de las opiniones del propio historiador.

Los recuerdos familiares pueden ser incompletos o contener errores. Por eso deben contrastarse. Pero las interpretaciones académicas tampoco son infalibles.

Un historiador puede reconstruir con rigor un proceso histórico general y equivocarse al estudiar la vida de una persona concreta.

Puede identificar correctamente las características represivas de una institución y, sin embargo, atribuir a uno de sus integrantes actuaciones que no realizó.

Puede explicar el funcionamiento de un régimen político sin que ello le autorice a deducir automáticamente las convicciones íntimas de todos cuantos trabajaron durante aquel período.

La investigación histórica necesita interpretar. Sin interpretación, los documentos serían una acumulación de datos inconexos.

Pero interpretar no significa tener libertad para presentar cualquier deducción como un hecho demostrado.

Existe una diferencia entre documento, inferencia, hipótesis y afirmación categórica.

Y esa diferencia se vuelve especialmente importante cuando lo que se escribe afecta a la reputación de personas concretas.


«Todos sabían de su franquismo»

En los trabajos de Ríos Carratalá sobre mi padre aparecen expresiones que considero reveladoras de este problema.

Una de ellas es: «Todos sabían de su franquismo».

Me pregunto quiénes eran todos.

¿Dónde se encuentra documentado ese supuesto conocimiento colectivo? ¿Qué testimonios lo acreditan? ¿Qué significa exactamente «su franquismo»?

¿Se refiere a una militancia política, a unas convicciones personales, a un comportamiento concreto o simplemente al hecho de haber desempeñado determinadas funciones durante la dictadura?

No son preguntas retóricas sin importancia.

Una afirmación tan general puede transmitir al lector la impresión de que existe una evidencia indiscutible cuando, en realidad, habría que identificar las fuentes que permiten sostenerla.

Algo semejante sucede con determinados calificativos personales.

Referirse a mi padre como «un ayudante de tenebroso recuerdo» no describe una actuación administrativa, una firma o un destino militar. Es una valoración despectiva que contribuye a construir una determinada imagen del personaje sin explicar, por sí misma, los hechos concretos que justificarían semejante caracterización.

Y utilizar el término «franquista» sin precisar su significado puede confundir la pertenencia a una institución del período con una adhesión ideológica que requiere acreditación propia.

No pretendo que se eliminen los juicios históricos. Pretendo que se distingan de los hechos.

Y utilizar el término «franquista» sin precisar su significado puede confundir la pertenencia a una institución del período con una adhesión ideológica que requiere acreditación propia.

No pretendo que se eliminen los juicios históricos. Pretendo que se distingan de los hechos.


Mi padre y las responsabilidades que se le atribuyeron

Mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, obtuvo la licenciatura en Derecho en junio de 1936.

Durante la posguerra cumplió su servicio militar obligatorio y desempeñó funciones en órganos de la justicia militar.

Su trayectoria ha sido objeto de publicaciones en las que, a mi juicio, se han confundido funciones administrativas, responsabilidades procesales, interpretaciones políticas y valoraciones personales.

He tenido que aportar documentación sobre su formación académica, su situación militar, sus destinos y sus funciones.

También he tenido que cuestionar afirmaciones relativas a su participación en el consejo de guerra de Miguel Hernández, así como otras relacionadas con supuestas actuaciones represivas y beneficios posteriores en su carrera profesional.

No pretendo negar la existencia de la represión franquista ni la responsabilidad de quienes participaron en ella.

Lo que sostengo es que la existencia de un sistema represivo no permite atribuir automáticamente a una persona todas las actuaciones realizadas dentro de ese sistema.

Ser secretario adscrito a un juez instructor no equivale a formar parte del tribunal sentenciador ni atribuye, por sí mismo, responsabilidad en la decisión o imposición de una condena.

Cumplir el servicio militar obligatorio no demuestra que una persona se ofreciera voluntariamente para desempeñar determinadas funciones, ni para obtener beneficios en consecuencia.

Y obtener posteriormente un puesto en la Administración no acredita, por sí mismo, que ese nombramiento fuera una recompensa por actividades represivas.

Cada afirmación necesita sus propias pruebas.

El contexto histórico ayuda a comprender una trayectoria, pero no sustituye su reconstrucción documental.


¿Quise borrar archivos históricos?

Cuando solicité inicialmente la retirada o corrección de determinados enlaces y referencias a trabajos de Ríos Carratalá, mi petición acabó presentándose públicamente como una amenaza a la libertad de investigación y como un intento de borrar o reescribir la historia. Así quedó reflejado en diversos titulares y artículos periodísticos de junio de 2019.

La expresión merece una reflexión.

¿Qué archivos históricos pretendía borrar?

¿Los expedientes académicos que he buscado? ¿Los documentos militares que he consultado? ¿Los procedimientos judiciales que he examinado?

Durante años he dedicado tiempo y recursos a recuperar precisamente esos documentos.

Mi petición no consistía en destruir fuentes históricas, sino en cuestionar determinadas afirmaciones publicadas sobre ellas. (Y hay quien dice estar abierto, de cara a la opinión pública, pero intenta callarte por todos los medios a su alcance, para mantener su relato vigente)

Un trabajo historiográfico puede ser valioso, pero no se convierte por ello en un archivo intocable ni sus conclusiones quedan al margen de la crítica.

La libertad de investigación no debería confundirse con la ausencia de responsabilidad por lo que se publica.

Y solicitar una rectificación no equivale a censurar la historia.

El propio Casanova reconoce en su entrevista que entre los historiadores existen acuerdos y discrepancias, porque así funciona la ciencia.

Pues bien, si la discrepancia forma parte de la investigación, ¿por qué habría de considerarse un ataque a la historia cuando quien presenta documentos contradictorios es un familiar de la persona investigada?

La autoridad académica merece respeto. Los documentos también.


La memoria que heredé de mi familia

Mi padre conoció personalmente la violencia de la Guerra Civil.

Después de la violencia vivida contra su familia, mi padre fue muy perseguido y sufrió distintas detenciones y malos tratos. Según los relatos familiares que he podido reconstruir, en una ocasión fue sacado de una checa y conducido en una camioneta hacia lo que parecía ser su ejecución. La intervención de un amigo comunista evitó aquel desenlace.

Este último detalle siempre me ha parecido significativo.

En una guerra marcada por enfrentamientos ideológicos, una persona identificada con el comunismo contribuyó a salvar la vida de mi padre.

Las personas no siempre se comportan según las categorías políticas con las que posteriormente pretendemos clasificarlas.

Mi padre no me contó con detalle aquellas experiencias. Tampoco quiso transmitirnos odio a sus hijos. Mi madre conoció algunas de sus consecuencias, entre ellas los sobresaltos nocturnos que sufrió durante los primeros años de matrimonio.

Recuerdo que, cuando Rafael Alberti aparecía en la radio o la televisión, mis padres hacían comentarios relacionados con las checas. Yo no entendía entonces su significado por completo.

Muchos años después, nos cruzamos en un par de ocasiones con Alberti por las calles de El Puerto de Santa María.

En una de ellas le dije a mi padre: «Ahí viene tu amigo».

No respondió con palabras, pero hizo un gesto que dejaba claro que no quería saber nada de él.

No utilizo este recuerdo para atribuir a Alberti responsabilidades concretas que necesitarían su propia demostración histórica.

Lo cuento porque forma parte de la memoria que conservo de mi padre.

A pesar de lo que había vivido y de los sentimientos que pudiera conservar, no quiso interpelarlo ni protagonizar enfrentamiento alguno.

Y hoy, cuando veo cómo se reconstruye su trayectoria mediante determinados calificativos e interpretaciones, no puedo evitar preguntarme si estamos aplicando a las personas del pasado la prudencia y el respeto que reclamamos para nuestra sociedad.


El daño que permanece

Esta controversia no ha sido para mí un simple desacuerdo académico.

Han pasado años desde que comenzaron las publicaciones que cuestioné.

Durante ese tiempo he consultado archivos, recuperado documentos, examinado expedientes, afrontado procedimientos judiciales y dedicado incontables horas a comprobar afirmaciones sobre mi padre.

Todavía continúo trabajando con las transcripciones de las declaraciones judiciales.

No es una tarea sencilla. Hay palabras que, aun después de haberlas escuchado muchas veces, siguen resultando dolorosas.

El daño no se limita a una publicación concreta ni desaparece necesariamente cuando se acredita un error. Las afirmaciones difundidas pueden permanecer en libros, artículos, páginas de internet y en la percepción de quienes las leyeron.

No corresponde a una entrada de blog determinar el alcance jurídico de ese daño. Esa valoración pertenece a los tribunales, conforme a las pruebas y a los procedimientos correspondientes.

Pero sí puedo expresar sus consecuencias humanas y la duración que ha tenido en mi vida.

La libertad de investigación es indispensable. También lo son el rigor, la responsabilidad y la disposición a rectificar.



La historia que deberíamos transmitir

Vuelvo finalmente a la entrevista de Julián Casanova.

Comparto su defensa de la investigación histórica, del reconocimiento de las víctimas y de la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones un conocimiento fundamentado del pasado.

Pero considero que esos principios deben aplicarse sin excepciones ideológicas.

No podemos reclamar rigor para estudiar la represión franquista y prescindir de él al examinar la violencia cometida en la zona republicana.

Tampoco podemos defender el reconocimiento de las víctimas y, al mismo tiempo, reducir sus vidas a etiquetas políticas que no se corresponden necesariamente con sus trayectorias.

Y no deberíamos confundir las opiniones de un historiador sobre la política contemporánea con conclusiones históricas demostradas.

No quiero una historia escrita para absolver a unos y condenar a otros según las preferencias políticas de cada época.

Quiero una historia capaz de reconocer las injusticias, investigar las responsabilidades y corregir sus propios errores.

Una historia que no convierta la memoria en revancha ni el prestigio académico en una forma de autoridad incuestionable.

La historia no debería servir para distribuir retrospectivamente certificados de virtud o de culpabilidad según las convicciones políticas del presente. Su obligación es comprender y explicar el pasado, reconocer las responsabilidades que puedan demostrarse y respetar la verdad de los documentos, incluso cuando contradigan las convicciones del propio historiador.

Mi abuelo fue asesinado durante la Guerra Civil. Mi padre sufrió aquella guerra y, posteriormente, cumplió un servicio militar cuyas circunstancias he tenido que reconstruir documentalmente. Yo he dedicado una parte considerable de mi vida a recuperar y defender esa memoria familiar.

No pido una historia favorable a mi familia.

Pido que se respete lo que los documentos permiten afirmar y que no se atribuya a nadie aquello que no se ha demostrado.

Porque la memoria democrática debería contribuir a que los españoles conozcamos mejor nuestro pasado, no a que heredemos indefinidamente sus enfrentamientos.

Y porque, detrás de cada nombre que aparece en un archivo, hubo una persona cuya vida merece ser investigada con rigor, incluso cuando sus circunstancias no encajen en el relato que alguien había decidido construir.


Notas y referencias documentales

1. Entrevista que motiva esta reflexión. Laura Carnicero, entrevista a Julián Casanova, El Periódico de Aragón, 18 de noviembre de 2026, titulada «Julián Casanova: “Detrás de lo que viene hay una supremacía de una nación donde todo lo que no sea cristiano y blanco, estorba”». Se toman como punto de partida sus declaraciones sobre memoria democrática, radicalidad política, investigación histórica y discrepancias entre historiadores.

2. Legislación sobre memoria histórica y democrática. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. De esta última interesan especialmente los artículos 1 a 3, sobre objeto, principios y condición de víctima; el artículo 6, relativo a la declaración de reconocimiento y reparación personal; y el artículo 15, sobre el derecho a la verdad.

3. Francisco Baena Jiménez. Documentación familiar y archivística relativa a su trayectoria como secretario municipal de Torrelaguna, su permanencia al servicio de la legalidad republicana y su asesinato el 7 de agosto de 1936. Entre las fuentes utilizadas se encuentran documentación del archivo familiar, Registro Civil de Torrelaguna y del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

4. Investigación publicada sobre Francisco Baena Jiménez. José Francisco Baena González, «El asesinato de mi abuelo Francisco Baena Jiménez, abogado y fiel funcionario de la II República», 31 de diciembre de 2024, publicado en Antonio Luis Baena Tocón. La entrada desarrolla su trayectoria y las circunstancias de su muerte, con referencias a la documentación consultada.

5. La expresión «víctima nacional». Juan Antonio Ríos Carratalá, Nos vemos en Chicote, p. 152, ediciones de 2015, 2019 y 2025. Según el cotejo realizado por el autor de esta entrada, la expresión aplicada a Francisco Baena Jiménez se mantiene literalmente en las tres ediciones.

6. Reconocimiento administrativo de Francisco Baena Jiménez. Expediente de solicitud de reconocimiento como víctima de la Guerra Civil promovido por José Francisco Baena González, con documentación acreditativa de la trayectoria y muerte de su abuelo. Certificación oficial firmada por el ministro Félix Bolaños.

7. La afirmación «Todos sabían de su franquismo». Juan Antonio Ríos Carratalá, Nos vemos en Chicote, p. 155, ediciones de 2015, 2019 y 2025. Según el cotejo realizado por José Francisco Baena González, la frase referida a Antonio Luis Baena Tocón permanece inalterada en las tres ediciones.

8. «Un ayudante de tenebroso recuerdo». Juan Antonio Ríos Carratalá, «La prensa y la trastienda del canon: República y franquismo», Anales de la Literatura Española Contemporánea (ALEC), 2015. En este trabajo también aparece la expresión «siempre dispuestos a pedir la máxima condena», referida a las personas mencionadas en el correspondiente pasaje. Ambas citas figuran en el documento 36 aportado con la demanda judicial.

9. Formación académica de Antonio Luis Baena Tocón. Expediente académico de la Universidad Central de Madrid, conservado en el Archivo General de la Administración, y documentación ministerial que acredita la obtención de su licenciatura en Derecho en junio de 1936.

10. Servicio militar y funciones desempeñadas. Documentación del Ministerio de Defensa relativa al servicio militar obligatorio de Antonio Luis Baena Tocón, su adscripción al Cuerpo Jurídico Militar y sus destinos. Particularmente relevante es la distinción entre las funciones de secretario adscrito al juez instructor del Juzgado Especial de Prensa y las competencias del tribunal que juzgó a Miguel Hernández.

11. Resoluciones judiciales. Sentencia de 1 de septiembre de 2021 dictada en el procedimiento contencioso-administrativo tramitado en Alicante y sentencia de 10 de marzo de 2025 dictada en el procedimiento civil seguido en Cádiz, junto con las actuaciones y pruebas documentales correspondientes. La mención de estas resoluciones no presupone la firmeza de aquellas que pudieran encontrarse recurridas.

12. La controversia sobre la libertad de investigación y las solicitudes de rectificación. La controversia iniciada en 2019 dio lugar a numerosas publicaciones periodísticas, declaraciones y trabajos académicos. Entre ellos figura el artículo de Juan Antonio Ríos Carratalá, «El caso Miguel Hernández y el derecho al olvido», Nuestra Historia, n.º 12 (2021), pp. 125-144, en el que el autor expone su interpretación de los acontecimientos y de las solicitudes formuladas por José Francisco Baena González.

Esta exposición no coincide, en aspectos sustanciales, con la reconstrucción de los hechos realizada por quien firma el presente artículo, basada en la correspondencia mantenida, las solicitudes originales, el proceder real del catedrático ante la reclamación, la documentación administrativa y las actuaciones judiciales. Por ello, el trabajo citado se incorpora como testimonio de la posición pública de Ríos Carratalá, no como una reconstrucción de los acontecimientos aceptada por ambas partes.

13. Testimonios y recuerdos familiares. Los episodios relativos a las detenciones y malos tratos sufridos por Antonio Luis Baena Tocón durante la Guerra Civil, la intervención de un amigo comunista, sus consecuencias personales y los encuentros posteriores con Rafael Alberti proceden de testimonios y recuerdos familiares. Su inclusión no implica atribuir responsabilidades concretas a terceros sin respaldo documental.


Nota sobre las fuentes: Este artículo combina documentación histórica y administrativa, publicaciones académicas, resoluciones judiciales, recuerdos familiares y reflexiones personales. Se procura distinguir los hechos acreditados de las interpretaciones y valoraciones, especialmente cuando afectan a personas identificables.

Enlaces que acompañan a estas notas

Nota

Fuente

Enlace

2

Ley 52/2007

BOE

2

Ley 20/2022

BOE, texto consolidado

4

Mi investigación sobre Francisco Baena Jiménez

Entrada de 2024

8

«La prensa y la trastienda del canon»

Repositorio de la UA

8

Versión publicada

JSTOR

12

«El caso Miguel Hernández y el derecho al olvido»

Nuestra Historia, PDF

lunes, 9 de noviembre de 2026

TERCER PARÉNTESIS C: El pescador, los permisos y una respuesta pendiente

 

Cuando el hallazgo documental plantea preguntas sobre el acceso a los archivos, la difusión de datos personales y el silencio ante una solicitud de aclaración.

 


Colegio de Abogados de Sevilla, 29 de octubre de 2026. Una puerta abierta, un expediente consultado y unas preguntas todavía sin respuesta. 

 

Jerez de la Frontera, 9 de noviembre de 2026

Con esta tercera y última entrega pretendo cerrar el paréntesis que abrí a propósito de la peculiar afición pesquera del profesor Juan Antonio Ríos Carratalá.

En las dos entradas anteriores comenté su satisfacción por haber descubierto que mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, había estado colegiado en el Colegio de Abogados de Sevilla entre 1950 y 1981.

Un descubrimiento que, para nuestra familia, no tenía nada de extraordinario.

Pero hoy no voy a hablar de la licenciatura de mi padre, de sus títulos académicos ni de las interpretaciones que el citado catedrático ha venido realizando sobre ellos.

Hoy voy a hablar de los documentos, de las condiciones en que se obtienen y de las preguntas que surgen cuando alguien parece conocer unas reglas que después no sabemos cómo se aplicaron.


Una visita al Colegio de Abogados de Sevilla

El jueves 29 de octubre me desplacé personalmente a Sevilla para obtener copia del expediente de mi padre en el Colegio de Abogados.

Había solicitado previamente la consulta a don Francisco Javier Ramos Jiménez, responsable del archivo, quien me atendió con amabilidad y rapidez en nuestras primeras comunicaciones, indicándome que podía acudir cualquier día laborable entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde.

Nada que objetar hasta aquí.

Cuando llegué, el señor Ramos Jiménez se encontraba ausente y fui atendido por otros empleados del departamento.

Aproveché para formular una pregunta que me parecía perfectamente natural:

¿Podía cualquier persona consultar el expediente de un antiguo colegiado fallecido?

La respuesta fue negativa. Me explicaron que se trataba de documentación personal y que su acceso no estaba abierto indiscriminadamente a terceros.

Posteriormente llegó el señor Ramos Jiménez, quien confirmó aquellas explicaciones. Hizo referencia a la legislación sobre protección de datos y señaló que el expediente de mi padre contenía únicamente información de carácter particular.

Incluso mencionó que uno de sus hijos había tramitado su baja colegial. Era evidente que conocía el contenido del expediente.

Hasta aquí, tampoco tendría nada que objetar.

El problema surgió unas horas después.


Una coincidencia que merece explicaciones

De regreso a casa, volví a leer la entrada publicada por Ríos Carratalá el 15 de octubre, titulada «Un nuevo dato acerca del alférez Baena Tocón».

Y entonces reparé en algo que anteriormente me había pasado inadvertido.

El profesor identificaba expresamente a la persona que le había remitido documentación del expediente de mi padre el 6 de julio.

Su nombre era Francisco Javier Ramos Jiménez.

Exactamente la misma persona que aquella mañana me había explicado las restricciones de acceso al expediente y su carácter estrictamente personal.

Confieso que me sorprendió.

No porque el responsable de un archivo conozca los documentos que custodia. Eso es perfectamente normal.

Me sorprendió porque no lograba conciliar las explicaciones recibidas con la afirmación pública de que se habían remitido copias digitalizadas a un investigador ajeno a nuestra familia.

¿Existía alguna autorización específica?

¿Se había aplicado un procedimiento especial para investigadores?

¿Se habían facilitado solamente determinados documentos?

¿Eran compatibles aquellas condiciones de acceso con lo que se me había explicado esa misma mañana?

No lo sabía entonces.

Y sigo sin saberlo.


Un correo y una respuesta que no llega

Aquella misma noche, a las 20:11, envié un correo electrónico al señor Ramos Jiménez.

Lo hice con absoluta corrección, agradeciendo la atención recibida y explicándole mi sorpresa.

Le facilité el enlace a la publicación de Ríos Carratalá, reproduje los párrafos en los que aparecía identificado y le pregunté cómo debía interpretar aquella circunstancia a la luz de las explicaciones que personalmente me había ofrecido.

También le señalé otra cuestión.

Ríos Carratalá había escrito que no reproducía la documentación porque el Colegio no le había aclarado si disponía de la correspondiente autorización.

Sin embargo, añadía que las copias digitalizadas estaban a disposición de quienes desearan consultarlas por motivos de investigación o para completar la memoria familiar.

Es decir, manifestaba ciertas reservas para reproducir los documentos en su blog, pero al mismo tiempo ofrecía facilitarlos a terceros.

¿Contaba con autorización para hacerlo?

¿Era compatible esa oferta con las restricciones que se me habían explicado?

También lo pregunté.

Y dejé expresamente claro que no pretendía formular acusaciones ni prejuzgar la actuación de nadie.

Solamente solicitaba una explicación.

Han transcurrido once días y, a fecha de publicación de esta entrada, no he recibido respuesta.

Puede haber razones perfectamente comprensibles para esa demora.

Pero no deja de llamarme la atención que quien respondió con tanta rapidez a mis primeras solicitudes no haya contestado todavía a unas preguntas que considero razonables.

No interpretaré ese silencio como prueba de ninguna irregularidad.

Tampoco voy a fingir que las preguntas han desaparecido por el simple hecho de no haber obtenido respuesta.


El documento encontrado y el documento compartido

Hay una distinción que considero esencial.

Una cosa es consultar legítimamente un documento.

Otra, obtener una copia.

Y otra diferente, reproducirlo públicamente o ponerlo a disposición de terceras personas.

Las tres actuaciones no tienen necesariamente idénticas condiciones.

Tampoco toda documentación de una persona fallecida está sometida automáticamente a las mismas restricciones. La legislación contempla diferentes supuestos, y su aplicación exige examinar la naturaleza de los documentos y del archivo que los custodia.

Por eso no afirmo que Ríos Carratalá haya obtenido ilícitamente el expediente.

Lo que afirmo es que todavía desconozco qué condiciones permitieron su entrega y su eventual difusión posterior, pese a haber solicitado una aclaración expresa.

Y considero legítimo querer conocerlas.

Especialmente cuando el propio responsable del archivo me explicó que el expediente contenía datos personales y que su acceso estaba restringido.


¿Qué interés histórico tiene la baja de un colegiado?

Hay otra cuestión que tampoco quiero dejar pasar.

Ríos Carratalá consideró oportuno publicar que la solicitud de baja colegial de mi padre, presentada en 1981, había sido firmada, según su interpretación, por uno de sus hijos.

¿Y bien?

¿Qué aporta ese dato a la investigación sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores?

¿Qué relevancia tiene para comprender el funcionamiento del Juzgado Especial de Prensa?

¿Qué conclusión histórica puede extraerse de que un hijo realizara una gestión administrativa en nombre de su padre?

Hasta ahora no he encontrado respuesta.

Naturalmente, un investigador puede consultar documentos personales cuando existe una finalidad legítima que lo justifica.

Pero la mera existencia de un dato en un expediente no lo convierte automáticamente en una aportación relevante para la historia.

Encontrar algo no equivale a descubrir algo importante.

Y publicarlo tampoco demuestra su utilidad.

A veces, la trascendencia de un hallazgo parece depender más del entusiasmo de quien lo anuncia que de su verdadero contenido.


Un antecedente que no puedo olvidar

Este episodio me ha recordado lo sucedido años atrás con la documentación militar de mi padre conservada en el Archivo General Militar de Segovia.

En 2019 mantuve una conversación con quien entonces dirigía aquel archivo, precisamente para conocer las condiciones en que podía consultarse el expediente.

Según recuerdo, me manifestó sus reservas sobre la forma en que anteriormente se habría facilitado aquella documentación y me explicó que, conforme al criterio aplicado entonces, una consulta semejante habría requerido autorización familiar.

No dispongo de una resolución que declare irregular aquella entrega y, por tanto, no voy a presentarla como tal.

Pero sí puedo decir que aquella conversación me produjo dudas que nunca quedaron completamente aclaradas.

Ahora, ante lo ocurrido con el expediente colegial de Sevilla, vuelvo a encontrarme con una situación que merece explicaciones.

No estoy diciendo que ambos casos sean idénticos.

Estoy diciendo que el acceso a documentos personales no debería convertirse en una cuestión cuya regularidad tengamos que deducir de conversaciones, publicaciones y silencios.

Si todo se ha hecho correctamente, debería poder explicarse con naturalidad.


La investigación y sus límites

El profesor Ríos Carratalá ha recurrido a la imagen del pescador para explicar su perseverancia investigadora.

No discuto que investigar requiera paciencia.

Tampoco que un historiador o un estudioso de la literatura pueda encontrar documentos inesperados.

Lo que cuestiono es la utilización que se hace de determinados hallazgos y la insistencia en presentar como descubrimientos relevantes datos que apenas guardan relación con el objeto declarado de la investigación.

Porque conviene recordar algo.

Mi padre no es un personaje de ficción.

Fue una persona real, con una vida familiar, académica y profesional, y con descendientes que todavía podemos comprobar lo que se publica sobre él.

Y esos descendientes tenemos derecho a preguntar por qué determinados aspectos de su vida privada se convierten reiteradamente en materia de exposición pública.

No se trata de impedir que se investigue.

Se trata de exigir que la investigación sea rigurosa, que las conclusiones estén justificadas y que la difusión de información personal responda a una finalidad reconocible.

La libertad de investigación no exime de explicar la pertinencia de lo investigado ni convierte cualquier curiosidad en un hallazgo histórico.


Una aclaración que sigo esperando

Quiero terminar dejando algo perfectamente claro.

No he denunciado al Colegio de Abogados de Sevilla ni a su responsable.

No afirmo que se haya cometido una infracción legal.

No conozco las condiciones concretas en que se remitió la documentación a Ríos Carratalá.

Y precisamente por eso he preguntado.

Lo hice directamente a la persona que, según la publicación del profesor, intervino en aquella remisión y que, además, me explicó personalmente las restricciones de acceso al expediente.

Mi solicitud fue respetuosa, concreta y perfectamente comprensible.

A día de hoy continúa sin respuesta.

Si la recibo, y aporta información relevante, no tendré inconveniente en dar cuenta de ella y corregir cualquier interpretación que resulte necesario revisar.

Es lo que considero que debe hacerse cuando aparecen nuevos documentos o explicaciones.

Una práctica que, por cierto, siempre he defendido también respecto de las publicaciones sobre mi padre.


El último lance

Con esta entrada doy por concluido, al menos por mi parte, este tercer paréntesis.

No pienso seguir discutiendo indefinidamente sobre el supuesto carácter extraordinario de un expediente de colegiación cuya existencia nunca fue un misterio para nuestra familia y cuya relevancia para las investigaciones sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores sigo sin alcanzar a comprender. Porque una cosa es encontrar un documento y otra muy distinta convertir un dato administrativo, perfectamente ordinario, en un acontecimiento digno de especial reconocimiento académico. A veces, cuesta distinguir si lo que se pretende destacar es la importancia del hallazgo o el protagonismo de quien anuncia haberlo encontrado.

Pero tampoco quiero cerrar el asunto sin dejar constancia de las preguntas que ha suscitado.

Ríos Carratalá nos habló del pescador que lanza pacientemente su caña hasta obtener una recompensa.

Yo añadiría una última consideración.

En la pesca no solo importa la captura.

También existen permisos, condiciones y límites.

Y, cuando alguien exhibe orgullosamente lo que ha pescado, no resulta descabellado preguntarle dónde y cómo lo hizo.

Porque el rigor documental no comienza cuando el investigador interpreta lo que ha encontrado. Comienza también cuando decide cómo obtenerlo, qué hacer con ello y qué razones tiene para divulgarlo.

Y si, después de formular esas preguntas, la respuesta no llega, las preguntas siguen ahí.

No como una condena.

Sino como una explicación pendiente.



Fuentes y documentación

  1. Juan Antonio Ríos Carratalá, «Un nuevo dato acerca del alférez Baena Tocón», Varietés y República, 15 de octubre de 2026.
    https://varietesyrepublica.blogspot.com/2026/10/un-nuevo-dato-acerca-del-alferez-baena.html
  2. Expediente de Antonio Luis Baena Tocón, Colegio de Abogados de Sevilla. Copia obtenida personalmente el 29 de octubre de 2026.
  3. Correspondencia electrónica entre José Francisco Baena González y Francisco Javier Ramos Jiménez, octubre de 2026. En particular, correo de 29 de octubre, 20:11 horas.
  4. Testimonio personal del autor sobre las conversaciones mantenidas durante su visita al Colegio de Abogados de Sevilla el 29 de octubre de 2026.
  5. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, artículo 57.
  6. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, artículo 3.
  7. Conversación mantenida por el autor en 2019 con la dirección del Archivo General Militar de Segovia, pendiente de contraste con la correspondencia documental conservada.

 


La puerta abierta

(Una pequeña reflexión sobre archivos, permisos y preguntas.)

La puerta estaba abierta,
la pregunta estaba hecha;
unos hablaron de normas,
otros, de cautela y reserva.

El pescador, entretanto,
presumía de su pesca,
mostrando como trofeo
lo que guardaban las carpetas.

Pregunté por los permisos,
por la caña y por la entrega;
no acusaba de furtivo,
solo pedía una respuesta.

Pasaron días y días,
sin aclararse la cuestión;
el silencio no es sentencia,
pero tampoco explicación.

Que nadie cierre los archivos,
que nadie impida investigar;
pero encontrar un documento
no es permiso para todo lo demás.

Y hoy regreso a mis asuntos,
sin más lances ni querellas:
la puerta estaba abierta,
la respuesta sigue fuera.

LA AUTORIDAD DEL HISTORIADOR NO SUSTITUYE A LOS DOCUMENTOS

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